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La estructura del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) para menores de 18 años, ubicado en Bulevar Artigas y General Flores, es de “cartón”, y los barrotes son de “hierro dulce” y se pueden doblar con facilidad. En el ex Batallón Nº 9, donde hoy funciona otro centro de reclusión de adolescentes, los problemas de infraestructura llevaron a que esta semana un funcionario se electrocutara y estuviera tres días internado.
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Así describió el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Eduardo Katz, el estado de algunos de los centros donde se atiende a jóvenes que cometieron delitos, en una comparecencia ante el Parlamento ayer miércoles.
En el período de gobierno anterior, el Parlamento habilitó al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (hoy Inisa) a que contratara de manera directa por un valor de $ 400 millones a empresas para realizar una serie de obras que mejoraran la infraestructura de varios centros. El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) ordenaron una auditoría luego de detectar varias fallas en esas obras.
El tema fue discutido ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, al tratar el proyecto de Rendición de Cuentas. Luego de escuchar a las autoridades del Inisa, el diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) planteó que esperará un “tiempo prudencial” a que el gobierno haga la denuncia ante la Justicia por ese tema. Pero si eso no se concreta, planteará la creación de una comisión investigadora en el Parlamento o irá a la Justicia, anunció. “Estamos para ayudar a las nuevas autoridades, pero no vamos a mirar para el costado”, afirmó.
Las autoridades del Inisa también plantearon su preocupación por el recorte presupuestal de unos $ 21 millones que sufrieron en la Rendición de Cuentas. Esos recortes generan problemas de funcionamiento del sistema, advirtieron.