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Las próximas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) deberán atender la situación de un sector que viene con desempeños heterogéneos: en el año que acaba de terminar la agricultura gozó en términos generales de condiciones climáticas más favorables en comparación con 2018; la lechería redujo su producción, y la ganadería de carne vacuna se perfila para completar un ciclo de crecimiento en 2019-2020. Así, el agro tendría una “leve expansión” este año, a impulso de la actividad pecuaria. Pero, además, los nuevos jerarcas tendrán que lidiar con algunos problemas dentro de la cartera, en particular relacionados con los recursos humanos.
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Ese panorama es el que describen las actuales autoridades ministeriales en los documentos de transición entregados al equipo que, desde marzo, encabezará el agrónomo Carlos María Uriarte.
Luego de describir la “coyuntura sectorial al 2019” y los “principales logros del período” —la habilitación de la exportación a Estados Unidos de carne ovina con hueso y de carne vacuna a Japón, así como el reconocimiento oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal del estatus sanitario de país libre de peste de los pequeños rumiantes, peste porcina clásica y perineumonía contagiosa bovina, entre otros—, el informe dedica un capítulo a los “principales temas pendientes” dentro del MGAP.
Allí se marca como una preocupación la cuestión del funcionariado.
“Otro tema fundamental que debería tenerse en cuenta es la necesidad de proseguir con los ascensos, ya que si bien se está trabajando en dicho asunto, se proyecta que, entre los años 2019 y 2023, la cantidad de funcionarios que se encontrarían con causal jubilatoria o cese obligatorio serían de 996, lo que implicaría que la plantilla de funcionarios se reduciría en un 48%, aproximadamente”, advierte. Al 15 de noviembre pasado, el ministerio empleaba a 2.011 personas.
Relacionado con este punto, agrega que en los últimos tiempos se jubiló una cantidad importante de personas con grados altos, por lo que “en caso de no continuar con la gestión de los ascensos (la plantilla) tenderá cada vez más a conformarse con personal perteneciente al grado más bajo de cada escalafón”. Eso “conllevaría una gran dificultad a la hora de nombrar y elegir funcionarios para integrar los tribunales de ascensos o de calificaciones, ya que los mismos deben ser de jerarquía superior a los calificados o ascendidos”, según se exige por decreto.
La temática figura también entre los “principales temas pendientes” del ministerio. “Se trabajó en la implementación de la reestructura de cargos y sueldos del inciso. Si bien se pudo avanzar, el tiempo de trabajo que insumió, determinó que se prolongara más de lo previsto y fue imposible su aprobación, ya que además se tenía un plazo límite para remitir el proyecto de reestructura a la Asamblea General de acuerdo al Art. 7 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015, pues en octubre de 2018 comenzaba a correr el plazo de veda para ingreso de funcionarios públicos. En 2020 sería conveniente retomar los trabajos para la aprobación definitiva de la reestructura”, señala el documento del gobierno saliente.
Puntualmente, en la Dirección General de Servicios Ganaderos se precisa llegar a un consenso definiendo áreas claves en donde es necesario acordar una cuota de ingreso, que no va a ser el 100%. Dentro de estas áreas claves está la inspección veterinaria en frigoríficos de exportación, donde por las exigencias que plantean los mercados a los cuales exportamos, particularmente Unión Europea, Estados Unidos y China, que exigen una inspección sanitaria independiente y permanente en el establecimiento de faena.
La Dirección General Forestal también debe fortalecer su plantilla, señala el informe de transición. Es que en esa repartición hubo una disminución “muy importante en el número de funcionarios” (de 240 a 64), lo que “repercute fuertemente en el funcionamiento, comprometiendo el cumplimiento de los cometidos”. Actualmente, los recursos humanos “resultan escasos” para, por ejemplo, realizar inspecciones y tareas de campo.
Otras “preocupaciones”
El documento alude a otras preocupaciones de las autoridades salientes, que le son advertidas a quienes serán sus sucesores.
Por ejemplo, se dice que la Dirección General de Servicios Agrícolas precisa “contar con capacidades propias (…). No se pone en duda que el MGAP debe orientar con criterios unificadores a las diferentes unidades ejecutoras. Debe establecer los grandes lineamientos estratégicos y dialogar con actores externos a ese nivel. Pero la ejecución de las tareas y la vinculación operativa con actores externos para el logro de esas tareas debe realizarse desde las unidades ejecutoras. De otra forma, se dificulta la realización de la tarea y resulta inviable encarar desafíos institucionales sustantivos”.
También se señala como una necesidad que esa dirección pueda “constituirse en Laboratorios de Referencia para las diferentes disciplinas que se trabajan, para auditar a los laboratorios nacionales secundarios”. Esto —agrega— requiere de una constante preocupación por mejorar la capacidad analítica, con la adquisición de nuevo equipamiento instrumental, otros equipos de laboratorio, materiales de referencias, mantenimiento de la acreditación 17025 ISO, estándares analíticos, participación en ensayos interlaboratorio, e ingreso de recursos humanos (se propone la creación de una unidad de habilitación competente). Los laboratorios son la base para verificar el cumplimiento de los protocolos de acuerdo comercial que Uruguay establece con los mercados compradores (que indican requisitos fitosanitarios y físico-químicos a cumplir).
La Dirección General de Servicios Ganaderos cuenta con vehicular viejos y su flota debería ser renovada en un 70%, consigna el documento.
Por otro lado, sus autoridades señalan que la mejora de los sistemas de información sanitaria, en particular estimular decididamente —con un fuerte apoyo político— el SISA II, es “de muy alta importancia estratégica”. Alegan que estos sistemas son la base de la información sanitaria para la gestión en el campo de las enfermedades bajo campaña oficial y actúan como respaldo a la certificación de los productos de origen animal que exporta el país y dan soporte a cada auditoría sanitaria.
Mientras tanto, en la División de Sanidad Animal es de “alta prioridad revisar el sistema de gestión”. El objetivo final debería ser que los técnicos en el campo realicen reportes en línea, para lo cual además del software se deberá contar con la infraestructura necesaria (sistemas de respaldos, vehículos en condiciones, equipos informáticos, conectividad). “Esta es una de las formas de superar la falta de funcionarios y mejorar la efectividad del sistema”.
En la Dirección General Forestal se debe terminar la digitalización de carpetas y procesos. También se debe buscar “acelerar los trabajos de organización, programación, capacitación, etc.”, así como reformular el sistema de “guías de transporte de madera”, encontrando un mecanismo “seguro, práctico e integrado al sistema informático con resultados múltiples para el control de los traslados”.
También se recomienda estudiar y ajustar la clasificación de “suelos de prioridad forestal”, en el entendido de que algunos criterios que se usan se basan en estudios que datan de 1962 y las actuales tecnologías aportan elementos nuevos para su consideración.
En cuanto a la Dirección General de Inocuidad Alimentaria, las autoridades salientes del MGAP señalan que debería ser posicionada como “referente en la metodología de análisis de riesgos”.En el área de Inocuidad, sería necesario “dar continuidad al personal contratado e incorporarlo al presupuesto”.