De hecho, este último reclamo ya había sido respaldado por Heber horas antes, que en una de sus múltiples respuestas a las preguntas anunció que el proyecto ya estaba siendo firmado por los ministros.
La postura colorada estuvo de manifiesto en la intervención del senador Germán Coutinho, el primer orador de su partido, ocho horas después de empezada la sesión. “Vamos a dar por satisfactorias las palabras del ministro”, dijo el exintendente de Salto. De esta manera, saludó el anuncio del proyecto de ley de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que recordó que fue a propuesta de su partido.
Así, la coalición no dio lugar a la postura del Frente Amplio, cuyo miembro interpelante, Charles Carrera, había asegurado al inicio de la sesión que la bancada opositora había comenzado la sesión sin una moción redactada, abriendo las puertas a que alguno de los socios de la coalición se uniera al pedido de la oposición de declarar nulo el acuerdo. Al cierre de esta edición, el Frente Amplio evaluaba si presentar una moción de censura al ministro interino.
Miembro interpelante, Charles Carrera. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
“Pollitos mojados”
Se trató de una sesión mucho más tensa que las interpelaciones anteriores. Heber increpó directamente al miembro interpelante, que había dicho en una conferencia de prensa hace dos semanas que había habido “dolo o negligencia” de su parte. Durante una de sus intervenciones, el jerarca dijo que no le admitía a nadie que dañara la imagen de él, sus hijas o sus nietos. “Que pida cuarto intermedio y vaya al juzgado si tiene pruebas. ¡Hay quien grita en la pulpería y calla en la comisaría!”.
En otra de las intervenciones más acaloradas, el nacionalista Sebastián Da Silva dijo que en la bancada del Frente Amplio “entraron como gallos blancos y se van a ir como pollos mojados”. En respuesta, el opositor Enrique Rubio se golpeó el pecho y dijo, irónicamente, “¡Bien, a lo guapo!”.
Minutos después la vicepresidenta Beatriz Argimón lo interrumpió fuertemente al frenteamplista Óscar Andrade, luego de que este hiciera referencia al nacionalista Sergio Botana, que no se encontraba en sala. Andrade se molestó por la interrupción y le pidió “coherencia” a la vicepresidenta, y Argimón le enumeró todas las “faltas de respeto” al interpelado que había hecho la bancada oficialista. “¡Así que cállese y siga con respeto!”, culminó. Luego, los frenteamplistas le exigieron que una intervención de ese tipo debía ser realizada desde la banca y no en la presidencia de la cámara.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Pérdida de soberanía”
Las argumentaciones de Carrera, y de toda la bancada del Frente Amplio se centraron en la “inconveniencia”, la “ilegalidad e inconstitucionalidad” y la “pérdida de soberanía” que implica el acuerdo, así como el “secretismo” con que fue llevada adelante la negociación.
El senador frenteamplista recordó que su bancada debió acceder a la Justicia para lograr parte de la información, haciendo referencia al pedido de acceso a la información pública que el Frente Amplio hizo y luego recurrió a Presidencia para conocer los informes jurídicos y económicos que propiciaron el acuerdo. “No puede ser que para cumplir con el mandato que nos dio la ciudadanía, de ser oposición, no hayamos podido lograrlo a través de las vías que tenemos y hayamos tenido que recurrir a otro poder del Estado”. Según dijo, no hubo “ningún informe jurídico previo”.
Seguidamente, sostuvo que se trató de la “mayor entrega de la soberanía nacional del pasado reciente”, quizás “desde la presidencia de José Batlle y Ordóñez”, y dijo que el monto de 1.500 millones de dólares que la empresa decía reclamar “no tenía relación con lo invertido por la empresa”, cuya inversión había sido, estimó, de 200 millones de dólares, y que tenía una rentabilidad de 20 millones de dólares anuales. A su juicio, se trataba de un juicio “imposible de perder”. Más adelante, el también frenteamplista Mario Bergara dijo que la cifra es tres veces el patrimonio de la empresa.
Carrera profundizó en que el acuerdo establecía un monopolio de hecho, y enumeró el conjunto de normas que a juicio del Frente Amplio viola el Ejecutivo con la concreción del acuerdo, entre ellas los artículos 85 y 51 de la Constitución, la libre competencia establecida en la Ley de Puertos y la Ley de Defensa a la Libre Competencia. Particular mención hizo de la aprobación vía decreto de extensión de la concesión. A su vez, sostuvo que para modificar ese reglamento se requería el asesoramiento “preceptivo” de la ANP, pero su directorio no lo aprobó, sino que lo hizo solamente su presidente y el secretario general, a quienes, según aseguró, “ni siquiera se les envió el acuerdo” que había sido “firmado hace seis semanas”.
De igual manera, argumentó que algo similar ocurrió con el Reglamento de Atraques. En este caso la consulta preceptiva a la ANP, aseguró, se cursó poco más de 30 minutos después de que el decreto había sido anunciado por Heber y publicado.
Sobre el final de la sesión, Curbelo contestó que, en función de la Ley 19.355, ese asesoramiento no debe ser “preceptivo” ni vinculante porque no está dicho de esa forma en la norma, y que él además está capacitado para representar a la institución, según el reglamento general de la ANP.
Carrera terminó cuantificando las pérdidas públicas por el acuerdo en 2.000 millones de dólares, que implican desde obras de dragado, la “entrega” de 180 hectáreas en Punta de Sayago a la empresa belga “sin ninguna contraprestación” y los “varios juicios” de los que será objeto el Estado.
Durante el debate, Andrade dijo que en el acuerdo no hay “ni una coma” sobre los cerca de 700 puestos de trabajo que se “perderán” en la empresa Montecon.
Cámara de Senadores durante la interpelación. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Gente que vive del pasado”
En una acalorada respuesta, Heber defendió lo firmado por el gobierno, y lo calificó como “excelente”, “beneficioso” y en concordancia con la Ley de Puertos, a diferencia de lo dicho por Carrera. “Su filosofía era para transformar el puerto en uno regional, y para ser competitivos con los de la región. Esa filosofía fue duramente criticada por los que hoy llaman a la interpelación, y hoy todos reconocen que es una excelente ley, que no violamos: la hicimos, la instrumentamos y ahora la potenciamos. El mundo cambia velozmente y hay gente que vive en el pasado; son pequeños en la mirada y esa pequeñez nos lleva a tener una discusión difícil”.
El ministro dijo que se están construyendo tres tipos de barcos que no entrarían al puerto de Montevideo porque no hay muelles con la infraestructura para recibirlos. “El puerto necesita inversión; no tenemos muelles ni profundidad para que entren”, sostuvo, para luego asegurar que no se trata de un “monopolio” sino que se trata de una prioridad para la terminal especializada.
Buena parte de la argumentación de la primera intervención de Heber fue destinada a que Montecon operaba de forma ilícita en los muelles públicos, y que la terminal de TCP necesariamente “tiene que tener prioridad de atraque”, porque “si no, no tiene valor”.
“¿Por qué va a pagar alguien por una terminal si al lado (en los muelles públicos) no hay obligación de dragado, de infraestructura e inversión? ¡Así todo el mundo va a elegir afuera de la terminal!”.
El jerarca apuntó a la idea de que los puertos sean competidores “interregionalmente” y dijo que la competencia intraportuaria debe ser “entre dos terminales”, pero no “entre una terminal y el uso de los muelles públicos”. En una misma línea, argumentó que con el paso de los años Katoen Natie invirtió cada vez menos en TCP: 60 millones de dólares en 2010, 26 millones en 2014, cuatro millones en 2014 y 500.000 en 2017. Esto se produjo porque “no se cumplía con lo que está en las normas”, en referencia a la ley de concesión de la playa de contenedores en 2001, que adjudicó el espacio a la ahora Katoen Natie. “Ocho años operó Montecon sin marco jurídico. Estaban generando una terminal en los hechos, con muelles públicos, con nombre y apellido”.
Pero Heber apuntó el grueso de su argumentación a que el propio gobierno del Frente Amplio había querido negociar en varias oportunidades la extensión de la concesión con Katoen Natie. Así, citó una entrevista del expresidente de la ANP Alberto Díaz, que dijo a la diaria que “había diálogo e intenciones” de hacer una prórroga, pero no se llegó a un acuerdo en los términos de ampliación del negocio.
Además, el ministro aseguró que ya existía un memorándum en 2012 entre el gobierno y la empresa belga, donde se discutía una prórroga por 20 años, cuando apenas iban 11 de la concesión, y que, ironizó, en ese momento tampoco había “informe jurídico”.
Heber también citó una carta del exministro de Transporte Víctor Rossi de 2017, donde le contestó a la firma belga, en el marco de una posible enajenación de la empresa, y confesaba que tanto el MTOP como la ANP “deben ajustarse a la legislación vigente y sus disposiciones reglamentarias”. Para el ministro, Rossi estaba admitiendo que si se iba a juicio se perdía. De esta manera, informó que entre 2017 y 2018 el Poder Ejecutivo buscó la prórroga por una inversión de hasta 250 millones de dólares, pero finalmente no hubo acuerdo.
Por último, el gobierno argumentó, a través del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma admitía que lo “más beneficioso” para el país era tener “negociaciones amistosas” con la empresa, para evitar “ir a un procedimiento arbitral”. Este intercambio, dijo Ferrés, se dio en la etapa de transición de gobierno, donde “se nos transmitió la decisión”, a partir de “un análisis que el gobierno saliente realizó”.
Ferrés, cuyo informe jurídico fue mencionado por Heber, dijo que es un “dato de la realidad” la disputa “en torno a dos operadores portuarios que prestan los servicios, pero una tenía más obligaciones que la otra y no había igualdad de condiciones”.