A mediados de julio de 2017, la Policía de Tránsito de Paysandú detectó un número creciente de libretas de conducir apócrifas que circulaban por las calles del departamento, situación que fue derivada a la Fiscalía Letrada de 3er. turno de la ciudad.
Según la investigación —aún en curso—, la maniobra de fraude estaba directamente vinculada con funcionarios de la División Tránsito de la comuna sanducera, quienes informaban a los usuarios dónde era posible acceder a este “servicio”, según informó el diario local El Telégrafo.
Seis meses después, la Intendencia de Paysandú brindó ante la Justicia más datos sobre el caso, al alegar que una persona se había presentado en las oficinas y había mostrado los teléfonos y direcciones de los supuestos falsificadores, información que permitió ubicar a los delincuentes tras un allanamiento en junio de este año.
Paralelamente, el director de la División Tránsito de la intendencia, Federico Álvarez Petraglia, presentó una denuncia penal, al conocerse que cuatro funcionarios municipales habían realizado desde 2014 la quita fraudulenta de deudas por patente de rodado, inspección técnica, multas, recargos e infracciones viales a cambio de coimas, en su mayoría impuestas antes de la implementación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) en 2012.
Tres de los funcionarios implicados en la maniobra fueron sumariados, separados del cargo y actualmente se les retiene la mitad del salario, mientras que otra funcionaria involucrada que se desempeñaba en la Intendencia de Salto por un pase a comisión, también fue cesada.
El fiscal Carlos Motta, a cargo del caso, indicó a Búsqueda que todos los involucrados ya declararon y que incluso está previsto que el dictamen final se presente en breve. Sin embargo, la incautación de una nueva libreta apócrifa, perteneciente a la hija del exdirector general de Servicios de la administración del intendente blanco Bertil Bentos, dio un nuevo giro a la investigación y se espera que el expediente regrese al juzgado para ser actualizado.
Este último hecho se conoció luego de que la bancada del Partido Nacional de la Junta Departamental de Paysandú hiciera un llamado a sala el pasado 31 de julio, tras lo cual manifestó su disconformidad con las respuestas del intendente Guillermo Caraballo y las demás autoridades citadas.
Mediante una declaración conjunta, se refirieron al “fracaso de la gestión” de Álvarez Petraglia “ante el hecho de las irregularidades ocurridas en la dirección con implicancias penales”, “falta de transparencia y cristalinidad de la administración del Frente Amplio ante la situación de libretas de conducir y de propiedad 'truchas'” e “ineptitud demostrada por el director Álvarez Petraglia al encubrir deliberadamente la verdad de los hechos, a los efectos de ocultar su responsabilidad, por la omisión de sus deberes funcionales”.
Estafas.
Según explicó Álvarez Petraglia a Búsqueda, las autoridades departamentales colaboraron desde el año pasado con la Dirección de Investigaciones de la Policía, lo que permitió descubrir que las personas encargadas de realizar las libretas falsas —que se vendían entre $ 6.000 y $ 11.000— eran particulares.
“Desde la IP ya habíamos hecho la denuncia, porque fuimos nosotros quienes incautamos las libretas. Simultáneamente descubrimos a una funcionaria haciendo la joda de las patentes de rodados, ratificamos la denuncia y la Policía nos pidió que investiguemos a otros tres funcionarios. Comenzamos una investigación interna y detectamos que estas cuatro personas habían intervenido desde 2014 al menos 19 veces el sistema informático”, indicó el director.
“La denuncia que yo presenté tenía situaciones anteriores a la administración actual. Este fraude comenzó en pleno gobierno de Bertil Bentos y de Aroldo Berneo (exdirector de Tránsito). Después de que retiramos a la funcionaria de la división, siguieron haciendo la misma joda otros funcionarios durante esta administración, algo que descubrimos al final del año pasado”, agregó.
El edil nacionalista Marcelo Tortorela dijo a Búsqueda que la intendencia “demoró bastante tiempo” en poner esta situación en conocimiento de la Justicia y que la maniobra viene de hace por lo menos un año, no seis meses, como afirma el jerarca municipal.
“Está todo muy enredado y la situación fue muy confusa en cuanto a los tiempos. Nosotros tenemos la certeza de que la mayoría de las personas que fueron separadas del cargo eran personas vinculadas a esta administración”, comentó el edil.
Tortorela acusó al director de no controlar lo que sucedía bajo su gestión, dado que recién ahora se definieron roles de autorización para la quita de multas. “Antes era tierra de nadie, cualquier funcionario tenía acceso y si le dabas $ 4.000 podía eliminarla”, opinó.
Recientemente, la bancada del Partido Nacional solicitó a Caraballo realizar una auditoría interna e independiente para detectar las fallas del procedimiento, pero el intendente no aceptó la propuesta, uno de los motivos que desencadenó el llamado a sala.
Asimismo, solicitaron la destitución de Álvarez Petraglia, al entender que había demostrado “falta de idoneidad para el ejercicio”.
“Él presentó la denuncia por la fuerza de los hechos. Se quiso escudar en que todos los problemas eran de la administración anterior pero en realidad se dan en este período. Hay un marco de descontrol y de desidia en la gestión pública que fue lo que precisamente nosotros denunciamos y reclamamos al intendente, que tenía no solo que remover a los funcionarios que estaban implicados en la maniobra sino a quien permitió que los funcionarios hicieran lo que hicieron”, reclamó el edil.
“La denuncia que yo presenté tenía situaciones anteriores a la administración actual. Este fraude comenzó en pleno gobierno de Bertil Bentos y de Aroldo Berneo (exdirector de Tránsito)'.
Según Tortorela, las fechas surgen en su gestión y el jerarca como defensa denuncia lo que pasó anteriormente. “Si él tenía ese problema y sabía ¿por qué no lo denunció antes?”, cuestionó.
En la declaración conjunta de los blancos, la bancada argumentó que la situación es “responsabilidad directa del intendente, ante el fracaso de su política en materia de Tránsito y el respaldo dado al director” y acusó a Álvarez Petraglia de “no poner en conocimiento de la Justicia hechos sucedidos con apariencias delictivas en el período 2012- 2015 y 2016-2018 en la Dirección de Tránsito entorpeciendo o demorando el esclarecimiento de los mismos”.
Novedades.
Días atrás, El Telégrafo informó que la hija del exdirector de Servicios de la anterior administración, Emilio Roque Pérez, y de la edila electa por el sector del exintendente Bentos, Ana María Silveyra, utilizaba una libreta de conducir falsa. La documentación había sido otorgada para categorías profesionales, maquinaria agrícola y motos de alta cilindrada.
El fiscal Motta indicó a Búsqueda que el hecho aún no fue denunciado ante la Justicia pero aseguró que en caso de haberse ubicado nuevas libretas apócrifas deberá hacer una ampliación del dictamen.
“Ya está incluso la pericia. Faltaba redondear eso pero ahora apareció esta noticia que no sé si va a alterar el curso de la investigación”, indicó el fiscal. Consultado sobre los detalles del caso, Motta argumentó que es “muy entreverado” y que no puede “explicar mucho”, pero opinó que el tema está teñido de un fuerte debate político.
