Buquebus considera que Poder Ejecutivo actúa de modo “irracional” y “arbitrario”

“La resolución que se ataca contradice el marco normativo y en especial el pliego de condiciones y el contrato, lo que implica ilegal y nulo por violentar una regla de derecho. Asimismo, contradice todos los informes de los servicios jurídicos y técnicos, que destacan el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario, reconocen el nivel de inversiones asumido (...) y abogan por el mantenimiento del contrato a través de una prórroga del tenor de la solicitada”, expresa el documento firmado por el abogado Mario Enrique Colman Giriboni.

A juicio de Buquebus, de esta forma se violenta “el principio de buena fe”, a la vez que “se modifica un contrato vigente sin invocar ni explicitar razones de interés general”.

Agrega que la resolución estuvo acompañada de declaraciones públicas de jerarcas gubernamentales, con lo cual se pretendió “presionar en forma indebida” a la empresa.

Según el abogado, el Poder Ejecutivo no puede actuar de modo despótico sino que debe hacerlo de modo “jurídicamente limitado” en el marco de un Estado de derecho.

“Por lo tanto el término ‘exhortación’ es una actuación que deviene ilícita la voluntad del Poder Ejecutivo, que de manera evidente se aleja al fin debido y de la buena administración, que se concreta en un hacer ilegítimo por ‘desviación o exceso de poder’, evidenciando un acto de coacción sobre la ANP y el concesionario, eliminando o interfiriendo en el camino de acuerdo, cuyo contenido deviene artificial e inevitable, generando importantes perjuicios”, concluye.