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En marzo, con la segunda quincena bajo la emergencia sanitaria decretada tras los primeros contagios de Covid-19, ya se había insinuado un primer impacto. Pero la recaudación de algunas de las principales cajas del Estado —la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS)— se resintió mucho más en abril, ya con todo un mes con la actividad económica afectada y la vigencia de algunas prórrogas de vencimientos.
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En abril la DGI recaudó 9,9% menos —descontado el efecto de la inflación— que un año atrás, y como además aumentó el reintegro de tributos a exportadores y otros sectores lo que efectivamente quedó como ingreso (neto) cayó 11,5%. El guarismo está dentro de lo que esperaban las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
El descenso en términos reales se dio en casi todos los tributos más relevantes: IVA -9,2%; Impuesto Específico Interno -26,6%; Impuesto a la Renta de la Actividades Económicas -8,6%. En cambio, aumentó 1,2% el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas.
En los cuatro primeros meses del año la recaudación total neta de la DGI disminuyó 2,1%, siempre descontado el efecto de la inflación de precios.
En el BPS, en abril hubo 23.711 menos puestos de trabajo por los que se realizaron aportes jubilatorios, lo que supuso una baja de 1,6% en la cantidad de cotizantes al comparar con el mismo mes de 2019. En porcentaje, los que más disminuyeron fueron los aportantes del servicio doméstico (-5,4%) y de la construcción (-4,1%).
La recaudación total mensual se contrajo 5,1% en valores reales deflactados por el índice medio de salarios y la baja fue de 7,3% descontada la inflación.
La presión sobre las finanzas del BPS se está dando también por el lado de los gastos: en marzo y abril un número récord de trabajadores se ampararon en el “seguro de paro” común y nuevo régimen especial —por jornada parcial— creado por el Poder Ejecutivo para paliar la situación ante la recomendación del distanciamiento social. En mayo (hasta el viernes 22) las nuevas solicitudes del subsidio fueron 25.184, una cifra no tan abultada pero por encima de los niveles normales. De esa cantidad, la mayoría (15.653) fueron por causal “suspensión” del trabajador, 6.660 por “reducción” y 2.871 por “despido”, según datos del instituto previsional a los que accedió Búsqueda.