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Para encontrar un responsable al deterioro financiero que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), el Directorio definió realizar una auditoría de la actuación de las autoridades de los últimos 15 años. La primera vez que se votó esta propuesta fue en abril de 2022 y fue aprobada por unanimidad, pero hasta ahora no hubo interesados en llevar adelante el análisis.
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El directorio resolvió que la auditoría debía determinar “eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones” y su “posible nexo” con la “situación económico-financiera” del instituto. Además, el informe debía sumar “el tipo de responsabilidades”, en caso de que existieran.
Ese primer llamado tuvo una oferta que se descartó y se hizo uno nuevo en diciembre de 2022, que se declaró desierto. Así lo informó El País en febrero de 2023, cuando la CJPPU buscaba una auditoría por tercera vez. El asunto se volvió a tratar un año después en una sesión del directorio.
A fines de febrero pasado, un informe interno de esta caja paraestatal establecía que la auditoría debía incluir el período actual. Esta vez, se impulsó el tercer llamado a licitación para contratar una a consultora que hiciera el estudio y se decidió difundirlo en Argentina. Los directores acordaron publicar un aviso en blanco y negro en el diario La Nación, por un importe de US$ 1.050.
La publicación en el diario argentino fue motivo de diferencias. El representante de los pasivos, Odel Abisab, planteó que este asunto se debería canalizar por una “vía diplomática”, dado que los consulados y las embajadas tienen “vías directas”. También señaló que en Chile hay “uno o dos economistas uruguayos con trabajo regular” y “respetados en ese ámbito” y sugirió que ese país podría ser incluido en la lista para el llamado.
La decisión fue dividida. La actual vicepresidenta, Virginia Romero (quien presidió el instituto hasta fines de diciembre), y los dos directores representantes del gobierno, Gerardo López Secchi y Luis González, se abstuvieron de votar. López Secchi alegó que prefería que no se hiciera la difusión porque la CJPPU no podía seguir “gastando dinero” cuando está en una situación “asfixiante”.
La autorización para publicar en La Nación fue aprobada por mayoría, pero al final el aviso no fue difundido por “temas del diario” argentino, informó a Búsqueda una fuente de la caja. Finalmente, no hubo consultoras interesadas en llevar adelante la auditoría y quedó descartada por tercera vez.