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    lunes 10 de junio de 2024

    Cambios a la última reforma jubilatoria demuestran “improvisación” del gobierno, advierte director del BPS

    El representante de los pasivos, Ariel Ferrari, asegura que el gobierno volvió “para atrás” en algunas disposiciones

    Después de promulgada la última reforma jubilatoria, el Parlamento debió aprobar tres artículos que modificaron disposiciones creadas para el Sistema Previsional Común. Una nueva ley derogó la eliminación de la bonificación para quienes habían hecho la opción de la AFAP y solucionó una desigualdad en el cálculo de la tasa de mortalidad, según la interpretación del director por los pasivos del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari. La Rendición de Cuentas, en tanto, incluyó un artículo relacionado a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social.

    Más allá de las justificaciones técnicas, para Ferrari, hay una “demostración de improvisación” con estas modificaciones. “Los propios que aprobaron la ley en abril en octubre la tienen que reformar. Es una demostración de que no hubo diálogo y que había gente perjudicada. Cuando se dan cuenta, vuelven para atrás”, dijo a Búsqueda.

    La Ley 20.209, aprobada en noviembre, sustituyó los cambios en el régimen de afiliados con servicios bonificados. La reforma jubilatoria estableció que para el cálculo de la expectativa de vida se consideraría la edad real —y no la ficta— para definir la tabla de mortalidad de algunos jubilados y luego el monto de la renta vitalicia. Si no se hubiera cambiado el artículo, eso habría provocado que se establecieran “dos jubilaciones distintas” para personas que tuvieron idénticas historias laborales pero se diferencian por trabajar en el sector público o en el privado, explicó Ferrari.

    Esta diferencia se iba a dar en los sectores que están exonerados de los aportes patronales, como la salud y la educación. La reforma jubilatoria estableció que si la actividad contribuía con los aportes a la seguridad social, al activo se le consideraría la edad real al momento de jubilarse; si no lo hacía, se le consideraba la edad ficta. “Si es docencia privada, que no paga aportes, la edad que le toman (para el cálculo) son 65; pero, si es docencia pública, le toman la edad real. Entonces, va a pasar que para fijar la renta vitalicia en un caso se consideran 15 años y en otros, 25”, ejemplificó Ferrari.

    Además de los docentes, esto perjudicaría también a los trabajadores de la refinería de Ancap y a los funcionarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “No somos iguales ante la ley. Con dos historias laborales idénticas, en la que uno no paga aportes y el otro sí, el resultado va a ser distinto”, aseguró el representante de los pasivos. Esta disparidad fue reformada en la ley de noviembre, aclaró el director.

    La reforma jubilatoria aprobada en mayo eliminó la bonificación para quienes se habían afiliado de forma voluntaria a la AFAP. La ley que creó estas administradoras, aprobada en 1995, bonificaba el 50% del cálculo jubilatorio a ese colectivo.

    La derogación de esta bonificación implicaba que muchos afiliados perdieran dinero, una advertencia que expresaron tanto Ferrari como el director por los Trabajadores del BPS, Ramón Ruíz. Esto, interpretaban, se daba para quienes tienen salarios más bajos, que no generaban muchos ahorros en el régimen individual pero aumentaban la tasa de reemplazo gracias a la bonificación, explicó el representante de los jubilados.

    El tercer cambio al que se refiere Ferrari es el que se aprobó con la Rendición de Cuentas que entra a regir el 1° de enero. La reforma jubilatoria creó la Agencia Reguladora de la Seguridad Social como un servicio descentralizado que debe regular, supervisar y evaluar las entidades del sistema previsional para asegurar que cumplan con los objetivos.

    Esta agencia todavía no fue reglamentada y el Poder Ejecutivo no designó sus autoridades. La Rendición de Cuentas establece que, hasta que no esté operativa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “queda facultado” a determinar los organismos responsables de realizar los informes y las intervenciones que están previstas para la agencia.

    “Cuando analizaron crear la agencia, ¿no previeron lo que a seis meses de aprobada pasó? La compraste y ahora no tenés plata para pagarla. Cuando uno hace una reforma o en una ley y crea un instituto de estas características tiene que saber dónde está parado, cómo se va a financiar, cómo se contribuye. No puede ser que se apruebe y digas que ahora no lo podés hacer. Es de muy mala gestión”, cuestionó Ferrari.

    Para el director del BPS estas situaciones se habrían evitado si se hubiera escuchado a los actores sociales. En la Comisión de Expertos en Seguridad Social —creada para sentar las bases de la reforma—, el PIT-CNT, la organización de jubilados Onajpu y el Frente Amplio tenían representantes. Sin embargo, Ferrari cuestiona que en ese ámbito no hubo diálogo y que estos actores no fueron convocados para la redacción de los informes. “Un diálogo implica que uno escucha y negocia”, señaló.

    Para Ferrari, la “improvisación” que hubo con la reforma jubilatoria también se plasma en algunos asuntos que quedan por reglamentar. Por ejemplo, la ley estableció que las personas con síndrome de Down o “síndromes que impliquen expectativas de vida similares” se podrán jubilar con al menos 15 años de servicio y 45 de edad. Sin embargo, cuestionó el director, aún no se especificaron cuáles son las otras patologías.

    Economía
    2023-12-27T16:01:00