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Después de jubilarse, los trabajadores afiliados a una AFAP comienzan a cobrar su pasividad a través de una póliza de renta vitalicia, un producto que hoy solo ofrece el Banco de Seguros del Estado (BSE). Es que años atrás las aseguradoras privadas abandonaron ese mercado por las fallas de diseño, que las exponían a asumir riesgos elevados y a largo plazo.
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A medida que el sistema mixto maduró y fue creciendo la cantidad de pasivos por el pilar de las AFAP, la aseguradora estatal quedó como el único jugador y asumió pérdidas crecientes. Luego de realizar algunos ajustes y actualizaciones en los parámetros de cálculo de las rentas vitalicias, sobre finales del gobierno anterior, el negocio previsional mejoró para el BSE, aunque todavía le producía un déficit de US$ 158 millones al pasar raya.
En el actual período, luego de dos años con rentabilidades “excepcionales”, el ente logró acumular las reservas necesarias para saldar esos números rojos. Ahora, según el presidente del BSE, José Amorín, el negocio previsional es “absolutamente sustentable” y entiende que, hacia delante, la “competencia es necesaria”.
Sin embargo, a su juicio, con el cambio en la distribución de los aportes al sistema que plantea la reforma a estudio del Parlamento para los trabajadores que ingresen al mercado laboral desde 2023, el gobierno no está dando una señal acertada y es probable que la competencia tarde en llegar.
“El problema que tienen los privados para entrar en el negocio de renta vitalicia es la seguridad en el sistema y la región ha tenido algunos golpes, tanto en Argentina como en Chile. Entonces, tiene que pasar tiempo para tener confianza. Y, desde mi punto de vista, este cambio de la distribución del dinero de los trabajadores en el que va un 10% al Banco de Previsión Social (BPS) y un 5% a las AFAP no da certezas”, dijo Amorín a Búsqueda. Insistió: “Es un cambio después de 20 y pico de años de una ley que ha funcionado bien, después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, donde había sectores que notoriamente querían cambiar y no se cambió. Cambiarlo ahora no genera certezas”.
Competencia “con poco riesgo”
El nuevo régimen jubilatorio propuesto por el Poder Ejecutivo al Parlamento prevé la suba, de forma gradual, de la edad mínima de retiro a los 65 años, así como cambios en la proporción de aportes bajo el régimen mixto para quienes comiencen a trabajar en 2023. Hasta ahora, el 15% del sueldo nominal del trabajador se distribuye en partes iguales (7,5%) para el BPS y las AFAP, si es que está obligado a afiliarse o lo hizo voluntariamente. Con la reforma planteada, eso pasará a ser 10% para la entidad estatal y 5% para una administradora previsional (que, si se aprueban los cambios, serán de afiliación obligatoria para los nuevos trabajadores).
Según Amorín, este aspecto al BSE no le mejora sus finanzas y “va a seguir teniendo el mismo resultado”. Y apuntó: “Con los jubilados no queremos ganar dinero. Lo único que queremos es mantener el doble del patrimonio mínimo del que nos exige el Banco Central. Eso es reserva y garantía de que todas las jubilaciones por las AFAP durante los 30 o 40 años se van a pagar sin problema”.
A su vez, señaló que la reforma divide en dos etapas el seguro colectivo. Leyendo los artículos del proyecto a estudio del Parlamento, el jerarca evaluó que el Estado les da garantía a las aseguradoras privadas para que “se metan” a ofrecer algunos tipos de esos seguros a los jubilados. Siguiendo el texto, precisó que se trata de las pólizas colectivas cuando exista insuficiencia de los saldos de las cuentas de los afiliados para generar una jubilación por incapacidad total, de pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad y la pensión de sobrevivencia en goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial. Explicó que, según la iniciativa, el Poder Ejecutivo dispondría la contratación de esos seguros mediante licitación pública. Para Amorín, como ese es un negocio “con poco riesgo” por tratarse de un seguro anual colectivo, podría interesar a las compañías privadas.
La asociación que nuclea a las aseguradoras privadas planteó en el Parlamento que “difícilmente” vuelvan al negocio de renta vitalicia porque entiende que el proyecto de reforma no genera cambios que lo hagan atractivo ya que el principal riesgo, que es el de descalce de monedas. se mantiene.
Amorín defendió la “competencia”, porque los precios bajan, como sucedió con la desmonopolización de la actividad aseguradora (a excepción de los accidentes laborales) en 1993. “Los precios caen significativamente. Cuando estaba el monopolio, lo que uno tenía que pagar por una póliza de un auto era, más o menos, el 10% del valor del vehículo. Ahora, es poco más del 4%”, señaló.
Sin embargo, el presidente del BSE defiende que esa empresa pública mantenga el monopolio legal en los seguros de accidentes laborales. “Tenemos el mejor servicio para los 970.000 trabajadores de Uruguay. El hospital del BSE es el mejor lugar para rehabilitarse y de los cuatro o cinco mejores de Latinoamérica. ¿Quién lo paga? El empresario. Y el beneficiario es el trabajador. El sistema funciona bien, el monopolio es necesario. Para el banco es una obligación, no una bendición. Tenemos que dar el mejor servicio al precio más barato”, fundamentó.
Recordó que la tarifa de este seguro monopólico disminuyó en etapas 20% en esta adiministración y se “sigue ganando plata”, por lo que —anunció— continuará “bajando el precio hasta que se pueda”. Reconoció que desde el período pasado se había comenzado a bajar los costos y destacó que la cantidad de días de rentas temporarias que paga el banco también disminuyó.
Ganancia
Para el año que está terminando el BSE proyecta tener una ganancia cercana a los US$ 120 millones, informó su titular. Dijo que en el segundo semestre los resultados financieros fueron “muy buenos”.
Destacó que el ente está en condiciones de “darle” a su accionista —el Estado— “todo lo que le sobre” luego de asegurar “el doble” de la exigencia de patrimonio mínimo que le marca el regulador. “Estamos muy bien”, resumió.
En enero-setiembre las ventas de todo el sector registraron un crecimiento de 8,5%, en términos reales, en comparación con igual lapso del año anterior, calculó Búsqueda con los balances de las instituciones publicados por el Banco Central.
Los principales incrementos se dieron en pólizas previsionales (29%), vehículos (5,6%), accidentes laborales (3,4%) y rurales (21%). En tanto, hubo disminuciones en los seguros de incendio (68%), transporte (7,5%) y crédito (4%).
