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La hija de un uruguayo, nacida en Chile, solicitó ser repatriada junto con sus hijos hace algunos meses. Luego de evaluar su situación, el Estado accedió a pagar su traslado al país, pero la Cancillería —desde donde se llevó a cabo el trámite— no pudo repatriar a sus hijos, dado que la legislación no reconoce la nacionalidad a la segunda generación. En ese momento, la Organización Internacional de Migración resolvió el problema: pagó el pasaje a los niños. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores consideran que el Estado uruguayo debió solucionar el asunto sin “separar al núcleo familiar”.
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Por casos como esos, y en particular por el creciente número de retornados que llegan al país “con sus nietos”, la Cancillería prepara un proyecto legislativo para reconocer la nacionalidad de los “hijos de los hijos de uruguayos” que nacieron en el exterior y de las generaciones siguientes.
El canciller Luis Almagro informó a Búsqueda que su cartera trabaja en un proyecto para modificar la ley Nº16.021, que consagra la nacionalidad uruguaya y que hasta ahora restringe la “calidad de nacionales de la República Oriental del Uruguay” a los “hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y a “los hijos” de esas personas, sin importar “el lugar de nacimiento”.
Sin embargo, esa ley establece a texto expreso que los nietos de uruguayos, que hayan nacido en el exterior, “no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales”. Es decir que a partir de la segunda generación no se reconoce la nacionalidad.
Esta restricción se evidenció en el último tiempo como un problema para los retornados que llegan al país, en su mayoría expulsados por la crisis económica de los países del norte. Muchos de ellos vuelven con toda su familia, y los “nietos” deben “tramitar la residencia” como “cualquier extranjero”, reconoció Almagro. Advirtió que es una complicación que se debe subsanar.
Según el ministro, se aspira a “tomar la posición constitucional que determinó (el jurista) Ruben Correa Freitas hace unos cuantos años”, que transforma la nacionalidad en algo “extensivo para varias líneas” de sucesión.
El director de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Peláez, indicó a Búsqueda que la iniciativa está siendo estudiada y forma parte de una serie de acciones para “facilitar la vinculación de los uruguayos en el exterior con el país”.
Agregó que en los últimos años regresan alrededor de 3.000 uruguayos por año desde el exterior y que con frecuencia “viene toda la familia, con sus nietos, que deben ir a Migración” para conseguir una residencia. Eso genera más trámites, algunos inconvenientes y restringe los derechos de esos individuos. En cambio, aquellos a los que sí se les reconoce la nacionalidad, solo deben ir al Registro Civil.
“Restrictiva”.
La nacionalidad uruguaya se basa en el artículo 74 de la Constitución, que establece que “ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República” y, además, “los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico”.
Peláez explicó que la interpretación de ese artículo ha generado varias “corrientes doctrinarias” y que predominó una línea “restrictiva” que cortó el reconocimiento de la nacionalidad en la primera generación.
Sin embargo, en la Cancillería consideran que es tiempo de “adaptar” la legislación a una nueva realidad, en la que el país “no pasa por el espacio físico del territorio” sino que es algo “más amplio”.
Por eso en su oficina consultaron a “un jurista uruguayo” que les proporcionó un borrador de proyecto de ley. En la misma línea fue consultado Correa Freitas y el embajador en Portugal, José Ignacio Korzeniak, hijo del constitucionalista José Korzeniak (a quien también aspiran a consultar), explicó Peláez.
Consultado por Búsqueda, Correa Freitas se limitó a decir que sostiene esta tesis desde 1993, fecha en la que se editó por primera vez su libro sobre “Derecho Constitucional”. En esa obra, el catedrático de esa materia expresa que para él, la ley actual es injusta y restrictiva. A su juicio, la nacionalidad debería alcanzar hasta la segunda generación como una forma de reparar a los uruguayos que debieron emigrar por motivos políticos o económicos.
Peláez explicó que intentarán reconocer la nacionalidad a la mayor cantidad de generaciones que sea posible, algo que —según dijo— es coherente con el problema demográfico que enfrenta el país.
Además agregó que implica equiparar al país con la legislación de la mayoría de las naciones —entre ellas España e Italia— que reconocen “la segunda generación” y algunos “hasta la tercera”.
La “ley de nacionalidad” ya fue modificada en 2010, cuando se redujo el tiempo “de avecinamiento” al país requerido para que obtengan la nacionalidad los hijos de uruguayos nacidos en el exterior. En esa oportunidad también se acotó a una sola exigencia (de las establecidas por ley) para demostrar la residencia en el país.
“Facilitar”.
Peláez explicó a Búsqueda que su dirección ha tomado varias medidas para “facilitar” el vínculo con los uruguayos en el exterior, así como su retorno.
Entre ellas nombró la aplicación de la “Apostilla de la Haya”, que agiliza los trámites, así como la implementación del “pasaporte electromagnético”, que ya puede gestionarse en varios consulados.
Por otra parte la Cancillería “inició conversaciones” con el Ministerio del Interior para comenzar a expedir las cédulas de identidad en los diversos consulados. “Hay que actualizar el país y entrar en una lógica global”, concluyó Peláez.
