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La exclusividad de los políticos
Después de darle vueltas al asunto, poco inspirado y un tanto inquieto por algunas discusiones públicas, había decidido usar como disparador el proyecto de ley presentado por legisladores del Frente Amplio para exigir a los legisladores la exclusividad en la función.
“No podran durante su mandato ejercer actividades laborales o profesionales en caracter de independientes o dependiente de persona fisica o juridica alguna, nacional o extranjera, tanto sean honorarias o remuneradas. Tampoco podran durante su mandato ser socios o directores de persona juridica nacional o extranjera, ni recibir ningun tipo de ingresos concernientes a actividades comerciales, asi como tampoco percibir jubilaciones, pensiones o retiros”, dice el proyecto en el primero de sus cuatro artículos. Agrega como excepción “el ejercicio de la actividad docente universitaria no remunerada”.
En la exposición de motivos, los legisladores dicen que el proyecto pretende “un absoluto compromiso, profesionalismo y lealtad desde el primer hasta el ultimo dia, con el cargo por el cual fue electo” un parlamentario. Informa que 25% de los senadores y representantes “ejercen actividades laborales o profesionales en caracter de independientes o dependiente o tienen participacion en sociedades”.
Para esta edición de Derroteros revisé más de 90 declaraciones juradas de parlamentarios de esta legislatura y de la anterior. Es un poco insalubre el trabajo porque el sistema de declaraciones juradas y su publicación por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) presentan inconsistencias. Los legisladores llenan los datos con criterios en ocasiones distintos y publican las declaraciones de manera espasmódica por el retraso que se acumula. Entre los que declaran un segundo ingreso, hay varios que reciben jubilaciones por el Banco de Previsión Social o la caja de profesionales; parlamentarios que obtienen rentas por alquiler de sus propiedades o de explotaciones agropecuarias y también abogados, escribanos y médicos que ejercen su profesión.
Si la ley estuviera vigente, hubiese sido un problema para el senador Daniel Borbonet (Frente Amplio), quien habría tenido que optar entre la banca y los $ 660.000 mensuales que gana por el ejercicio de la medicina. El senador Rodrigo Blás (Partido Nacional), si quería ocupar el cargo, habría tenido que desvincularse de su inmobiliaria, de un almacén y de un restaurante que le reportan unos $ 1.500.000 al mes. Mientras que Andrés Ojeda (Partido Colorado) habría tenido que privarse de continuar el trabajo de abogado, por lo que obtiene unos $ 250.000 por mes. En el último caso, la propuesta sobre la mesa habría evitado la polémica de si el dirigente colorado violó normas por el ejercicio de la profesión.
La propuesta del Frente Amplio parece atender, al menos en parte, a cierto enojo social que empieza a escucharse con “los políticos”. En la edición anterior, te compartí datos sobre el desinterés de los uruguayos en la política, según una encuesta de Equipos Consultores. Reitero acá los números básicos así no tenés que ir a buscarlos: de acuerdo con el promedio del primer semestre de 2026, al 36% de los uruguayos no les interesa “nada” la política, al 31% les interesa “poco”, al 20%, “bastante” y al 13%, “mucho”. Ese promedio de desinterés es “muy alto”, me explicó entonces Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de la consultora.
Les escribí a Iris Acquarone, profesora asistente en la Arizona State University, y a Gonzalo Di Landro, investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, para pedirles que me orientaran sobre cómo encarar este tema. Me devolvieron ideas, lecturas interesantes y algunos comentarios y preguntas.
“¿A quiénes afectaría efectivamente una norma así y a quiénes no?”. “La pregunta no es solo qué tipo de comportamiento o trabajo habilita la ley existente, o qué cambiaría con el proyecto, sino qué incentivos de cara a la representación política genera el hecho de estar efectivamente ocupando un cargo o ejerciendo una actividad por fuera de la actividad parlamentaria”. Las ideas a explorar se acumulaban.
Y entonces apareció un ñoqui.
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Una acumulación de malas noticias
La Operación Trazador, un operativo policial que logró incautar más de 265 kilos de drogas —pasta base y cocaína— y terminó con la condena de tres personas por delitos de narcotráfico, lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Uno de los condenados resultó ser Pablo Leiva, un asesor del edil Gonzalo Gómez. Leiva y su hijo Lucio Leiva, ahora exdirigente de la juventud del Partido Nacional y también asesor del edil, cobraban unos $ 50.000 al mes.
Gómez justificó la decisión de manera pésima. En una conferencia de prensa que brindó solo, dijo que a Pablo Leiva, el lavador de dinero, lo tenía contratado, pero nunca le había asignado tareas. Algo hizo crac.
Una pequeña grieta se abrió y, aunque todavía pequeña, cada vez más personas hablan de cómo los ediles, que por Constitución ostentan un cargo honorario, financian sus actividades. En todos los departamentos tienen su método, un fenómeno reportado en el pasado, pero que ahora pegó distinto. Son mecanismos con los que quizás también hagan caja los sectores y partidos.
Pensaba en eso y me acordé de una nota que publicó Búsqueda un par de meses atrás. Me había topado con un “despido abusivo” de una trabajadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “por su orientación política”, según un tribunal de apelaciones.
Dos frases de la declaración de la denunciante, que estaba en la secretaría de dirección de una dependencia de ASSE, resumen bien el problema.
Yo ingresé con un contrato administrativo, llego a través de la política, yo hice política con el Partido Nacional y me consiguieron un trabajo. Era un contrato a 90 días, si pasaba los 90 días, quedaba fija, se renovaba automáticamente.
Asumió el nuevo gobierno y la denunciante fue despedida. “Sé que sacaron a Patricia, creo que por su orientación política. Eugenia es del Frente Amplio junto con la dirección. Creo que fue movida por convicciones políticas”, dijo un testigo.
La dirección de una unidad de ASSE puede o no ser un cargo de confianza; eso podría ser discutible. En este caso no solo la dirección es de confianza, sino que después se rodea de más personal de confianza para acompañarla. ¿Cuántas situaciones similares en pequeña escala existen en todo el Estado?
Y me acordé de otra nota reciente de Búsqueda. En junio, la Suprema Corte de Justicia avaló el cese de 18 funcionarios de la Intendencia de Salto en 2015 y descartó persecución política. Entendió que las contrataciones que pretendieron volver permanentes sus vínculos —aprobadas por la gestión colorada saliente— se realizaron en el período vedado por la Constitución y, por tanto, cesarlos “era un deber de la Administración”. Si pasaba, pasaba. ¿Cuántos pasaron y pasan?
Mientras te escribo esta parte de Derroteros, recuerdo a dirigentes del Partido Comunista (PCU) celebrando, con buenos motivos, que la Fiscalía archivó la investigación por presunto desvío de dinero de un fondo de la construcción. Enterrado en una investigación trunca quedó el informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que advertía sobre la opacidad de las finanzas de uno de los grupos políticos más antiguos de la izquierda uruguaya. Un dato: “Se desconoce la totalidad de cuentas bancarias” que usa el PCU, las cuales están a nombre de militantes, dice el informe. ¿Qué pasaría si alguien pone la lupa en otras tiendas políticas?
En este punto, mejor una pausa para respirar hondo y no empezar a ver unicornios.
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Hipocresía vs. crueldad
En varias ediciones de Derroteros elogié a la política uruguaya y a la centralidad de los partidos en el sistema que construyó. Es una de las razones de que Uruguay sea más estable que otros países de la región. La pregunta es si en este momento sus vicios no están contaminando el pozo donde abreva.
En 2021 escuché un episodio de History of Ideas, un podcast conducido por David Runciman, en el que hablaba de la filósofa Judith Shklar y su libro Ordinary Vices. He vuelto a escuchar ese episodio varias veces y te lo recomiendo.
Los “vicios ordinarios” son conductas cotidianas, normales, pero que pueden dañar a los demás. “La crueldad, la hipocresía, el esnobismo, la traición y la misantropía comparten una cualidad especial: tienen dimensiones tanto personales como públicas”, escribe Shklar. El peor de todos los vicios es, para la autora, la crueldad.
Runciman explica cómo muchas veces por perseguir la hipocresía en el debate público se baja la guardia a la crueldad. También advierte que es difícil aceptar que la hipocresía es un ingrediente de la convivencia social, porque es de sentido común no tolerarla; incluso es más díficil a veces que aceptar la violencia. Para ejemplificar de qué está hablando, recurre a Donald Trump y su manera de hacer política. (Cuando se publicó ese episodio del podcast, ya había abandonado la Casa Blanca tras su primera administración).
“Trump fue y es un político cruel. La crueldad es una de sus señas de identidad. Es cruel en el trato con quienes le rodean” y estar en su órbita implicaba estar expuesto a la humillación y el miedo, dice Runciman, académico inglés. “Pero Trump no era un hipócrita. De hecho, ese fue uno de sus grandes atractivos como político democrático: era tal como parecía”.
Y aquí otro párrafo clave, que quizás resuene más allá del ejemplo concreto. “Había cierto descaro en ello. Y, sin embargo, la intolerancia hacia la hipocresía es una de las cosas que permitió a Donald Trump acabar siendo presidente de Estados Unidos. Explotó magistralmente el rechazo instintivo del público hacia los políticos que parecen tener un código privado secreto —un conjunto de normas propio—, algo estrechamente vinculado a la sospecha de que no solo pueden ser hipócritas, sino también corruptos”.
Siento que, en nuestra arena política, como en todo el mundo, la discusión se concentra en la hipocresía. De hecho, esta edición de Derroteros puede caer en eso, y la crueldad ya entró en juego, aunque todavía no tomó forma definida en Uruguay.
Los vicios ordinarios de los partidos —que se reflejan en conductas como la opacidad en el financiamiento, acomodos, ñoquis y demás— están horadando su imagen. La semana pasada el Latinobarómetro publicó su último estudio, titulado ¿La crisis de la democracia liberal?. El 64% de los uruguayos respalda la democracia, una caída de seis puntos en comparación con la medición anterior. El 45% sostiene que no le importaría que un gobierno “no democrático llegara al poder si eso resuelve los problemas”. Solo el 23% de los consultados expresó confianza en los partidos políticos, el peor resultado entre todas las instituciones medidas.
Es cada vez más difícil defender una escala de vicios en la que la hipocresía no ocupa el primer lugar, con las consecuencias que eso tiene para la discusión pública y los resultados electorales. Los partidos parecen empujar a que la gente sienta que debe optar entre una dosis enorme de hipocresía y la crueldad. ¿Hay una alternativa o si esto es un signo de nuestros tiempos?
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Recomendaciones
Antes de irme, te dejo una recomendación. A fines de setiembre Búsqueda organizó un evento en el que la directora de La Silla Vacía, Juanita León, brindó una conferencia excelente. Aquí te dejo el link.
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