Casal usó mismo esquema irregular que Odebrecht para mover dinero

Otros clientes detectados por la Policía del principado fueron Alejandro Lagrenade y su empresa Umissa, investigada en Uruguay por presuntas irregularidades en la venta de casas prefabricadas a Venezuela, una causa que fue archivada.

La denuncia

A comienzos de marzo, el BCU informó que había quitado la habilitación para funcionar al Cambio Europa casi un año después de que, en abril del 2018, desarrollara una inspección en el lugar y detectara diversas irregularidades.

Ese cambio había aparecido en los medios internacionales al menos desde noviembre del 2017 como parte del esquema de corrupción que utilizaron, entre otras, la constructora Odebrecht para ocultar el pago de coimas a políticos de la región. El País de Madrid informó que, según la investigación policial en Andorra, la brasileña había hecho transferencias por unos US$ 17 millones a través de Carday Capital S.A., una compañía de papel que tenía al frente a los mismos dueños del cambio.

Seis meses después del artículo, funcionarios del BCU concurrieron a Cambio Europa para inspeccionar a la institución. Y lo que detectaron provocó su cierre.

En el comunicado en el que informaron acerca de su decisión, las autoridades uruguayas reconocieron que la inspección se debió a que investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Andorra en el marco de la causa de sobornos de la empresa Odebrecht, “señalan que la Banca Privada de Andorra habría utilizado a Carday Capital S.A. hasta 2014 para recibir fondos de diversos clientes sudamericanos (mayoritariamente de Brasil y Argentina) entre ellos un cliente desde Uruguay a través de Cambio Europa dirigido por Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni, quienes serían los beneficiarios finales de la cuenta de Carday Capital S.A.”.

De acuerdo con la información recabada por el BCU, entre 2005 y el 2016, el cambio realizó 19.509 operaciones con Carday Capital, constituida en Panamá, por unos US$ 840 millones. 

En su resolución, el banco explicó que ya en 2013 había sancionado al Cambio Europa, que en esa época funcionaba como empresa de servicios financieros, y lo había comprometido a implementar un “plan de acción correctiva” tras detectar que tenía clientes que manejaban “fondos de terceros”, entre ellos Carday Capital. Es decir que cuando el BCU hizo su primera inspección, el cambio estaba en medio de su operativa presuntamente irregular con Odebrecht.

Para las autoridades del BCU, Cambio Europa “ha controlado de forma deliberada las operaciones de Carday Capital S.A. de forma de no registrar a los beneficiarios finales de las operaciones y con quienes trataba directamente”. La resolución agrega que esa conducta “impidió” que la Unidad de Información y Análisis Financiero “cumpliera con sus cometidos de supervisión e inteligencia y, por lo tanto, pudiera realizar un adecuado examen de las operaciones de forma de informar y colaborar con la Justicia en caso de ser requerido”.

El banco consideró que el cambio pretendió “entorpecer los controles” mediante “apartamientos graves a la normativa vigente”.

Además de resolver la clausura de la institución financiera, el BCU envió los antecedentes a la Justicia penal para que investigue. El fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, dijo a Búsqueda que solicitó un informe a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Casal

En Andorra han investigado en profundidad al Cambio Europa, al Banco de Andorra y a los uruguayos que participaron de algún modo en el presunto esquema de corrupción montado por en Uruguay.

La Policía elaboró varios informes para la jueza sobre los que trabajaron para Odebrecht, pero también menciona a otros clientes del banco que se valieron de sociedades como Carday Capital para mover dinero, aunque no estuvieran vinculados al esquema de coimas del Lava Jato.

En varios documentos incluidos en el expediente, los investigadores mencionan que Casal operó a través de Carday Capital, la sociedad usada para esconder de las autoridades el beneficiario real del dinero involucrado en las transacciones. La Policía de Andorra definió a Casal como un empresario “relacionado al mundo del fútbol en Uruguay, representante de futbolistas y gerente de la cadena de televisión del ámbito deportivo GolTV”.

Casal además utilizó los servicios de otra sociedad llamada Egeland Consultance, también involucrada en la presunta corrupción de Odebrecht en Argentina, según el expediente al que accedió Búsqueda en el marco de su trabajo con el equipo periodístico Investiga Lava Jato, que integra junto a Perfil (Argentina), Convoca (Perú) y Folha de São Paulo (Brasil), entre otros.

Los fondos de Casal en esas cuentas que constan en el expediente eran, a setiembre del 2016, 2.172.536 euros.

En el caso de Lagrenade, casi no había fondos cuando la Policía elaboró sus informes.

Otro dato mencionado por los policías indica que identificaron “diversas órdenes de transferencias” a través de la cuenta de Carday Capital por decisión de Andrés Norberto Sanguinetti y Eduardo Ache, ambos vinculados al banco.

El embargo

En febrero del 2018, El País de Madrid informó que el entonces subsecretario de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, entre 2012 y 2014, estuvo al frente de una sociedad anónima llamada Line Action con una cuenta en el Banco de Andorra que se nutría de fondos de transferencias de futbolistas de Uruguay.

El documento interno del banco divulgado entonces por el diario español decía que como Díaz Gilligan no era un contratista de fútbol autorizado por la FIFA, Casal le prestaría su firma. Sin embargo, cuando el medio lo consultó, el jerarca argentino se desmarcó de esa operativa. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, declaró. Añadió que pidió que lo “sacaran” en 2014 porque “ya ocupaba un cargo público”.

Su solicitud se cumplió el 3 de noviembre del 2014, cuando Casal lo sustituyó como director de Line Action, de acuerdo con los registros públicos del Reino Unido.

En sus declaraciones al diario español —que no impidieron su posterior renuncia al cargo en el gobierno argentino—, Díaz Gilligan hizo mención al caso que enfrentaba a Casal con la Dirección General Impositiva (DGI) desde hacía una década.

En el marco de ese litigio en el que el fisco reclamaba una cifra millonaria, el contratista uruguayo y sus empresas fueron embargados en 2008 por la Justicia civil. Esa medida, con algunas modificaciones, se mantuvo hasta el 10 de diciembre del 2013, un mes después de que el entonces presidente José Mujica archivó el expediente de la DGI contra Casal. El mandatario tomó la decisión después de recibir informes de los fiscales de gobierno que advertían sobre errores en el proceder de la autoridad tributaria, pero con la opinión contraria de su vicepresidente Danilo Astori y su ministro de Economía, Fernando Lorenzo.

El expediente judicial de Andorra indica que mientras el caso estaba vigente y Casal embargado, la sociedad Line Action hizo transferencias a través del esquema que involucraba al Cambio Europa, a Egeland Consultance y al Banco de Andorra. En las planillas que detallan los movimientos de una cuenta, por ejemplo, Búsqueda detectó transacciones de Line Action llevadas a cabo a comienzos del 2013.

Cuando la Policía andorrana elaboró su informe, Line Action figuraba con 2.142.595,58 euros en una cuenta corriente.

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