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    lunes 17 de junio de 2024

    Caso Iturralde vuelve a evidenciar tensiones entre Fiscalía y policías que complican investigaciones penales complejas

    La afirmación de la fiscal Ghione de que la Policía complicó su trabajo en la causa Penadés causó molestia en el Ministerio del Interior

    La fiscal letrada de Montevideo de Delitos Sexuales de 3er turno, Alicia Ghione, no escondió su enojo. “Con todo lo que está pasando, solo creo en mí y en los miembros de mi equipo”, dijo durante una audiencia tensa en el juzgado de Juan Carlos Gómez, el jueves 23 de mayo, para discutir varios pedidos de la defensa del exsenador nacionalista Gustavo Penadés. La instancia judicial estaba convocada para el mismo día que Búsqueda publicó las conversaciones entre Penadés y el ahora expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien aseguró que Ghione era su “amiga” y se jactó de haber intentado incidir en el cambio de fiscal de la causa.

    Ghione, quien declaró a la prensa que evaluaba dejar el caso, acumulaba motivos para su enojo. La difusión de audios realizada por el periodista Eduardo Preve en M24 la semana anterior y las transcripciones que realizó Búsqueda le permitieron concluir que los periodistas tuvieron acceso a material a los que la Fiscalía no podía acceder porque estaban encriptados, como audios, videos e imágenes, que fueron extraídos del celular de Penadés.

    “El código dice que la defensa tiene derecho a tener toda la carpeta de investigación de la Fiscalía, salvo la que yo le pido reserva judicial. Pues, señores, ustedes tienen lo mismo que yo en la carpeta. Por eso digo que si hay algún periodista que está diciendo que tengo cosas que no denuncié, también lo tiene la defensa. Seguramente no lo vimos nosotros ni lo vieron ustedes porque está encriptada y no se puede abrir la información”, dijo Ghione en la audiencia.

    Por esa razón, el viernes 17 de mayo la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior —encargada de investigar la corrupción policial— ingresó a la sede de Crimen Organizado e Interpol y se llevó una computadora y seis celulares del “caso Penadés”, acusado de varios delitos de abuso sexual, para que vuelvan a ser analizados.

    En la audiencia, Ghione también cuestionó el informe que personal de Delitos Especiales de Crimen Organizado realizó del teléfono del exdirector del Comcar Carlos Tarocco, que fue condenado a tres años de prisión por los delitos de cohecho calificado, asociación para delinquir y revelación de secreto. En un acuerdo abreviado con la Fiscalía, Tarocco reconoció que había colaborado con Penadés en el armado de la trama que tenía como objetivo averiguar información de los denunciantes.

    “Tuvieron que volver a hacer informes más grosos y bien hechos porque venían muy livianos de información. Ese es el equipo de trabajo, se supone”, afirmó Ghione.

    En las investigaciones, a partir del Código del Proceso Penal que entró en vigencia en 2017, la Policía es auxiliar de la Fiscalía en las investigaciones y debe actuar bajo la dirección del Ministerio Público para trabajar en conjunto en la persecución de los delitos.

    Molestia

    La fiscal también planteó en la audiencia que la Policía la obligó a introducir en la carpeta fiscal de la causa Penadés un celular de Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, que estaba en poder del Ministerio del Interior desde 2020, cuando había sido investigado por estafa. Eso porque, según manifestó Ghione, le transmitieron que había elementos que lo vinculaban con Sebastián Mauvezín, el profesor que está imputado por ser quien coordinaba los encuentros entre Penadés y las víctimas. Sin embargo, en el celular no había indicios que lo confirmaran.

    “La policía nos vino a decir que había una relación entre Mastropierro y Mauvezín. A eso me refiero cuando digo que nos jodieron”, aseguró Ghione.

    Sus declaraciones no cayeron bien dentro de la Policía. Según manifestaron fuentes del gobierno a Búsqueda, Ghione mantiene contacto frecuente con el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y con integrantes de la propia Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, por lo cual en determinados ámbitos de la Policía causaron sorpresa y molestia sus dichos.

    En el Ministerio del Interior también consideraron que el malestar fue un episodio aislado. En eso coincidieron seis fiscales consultados por Búsqueda. Fue una situación “muy puntual”, porque “si fuera generalizado no se podría trabajar”.

    La desconfianza en el trabajo de la Policía también la había sembrado Gabriela Fossati —ahora devenida en militante nacionalista— cuando era fiscal de Flagrancia de 12° turno y tenía a su cargo el “caso Astesiano” y sus derivaciones. En esa causa, durante una audiencia realizada sobre el espionaje a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, Fossati criticó “la calidad de la información” que recibió en un principio de la Policía. “Esa información (de la Policía) no fue de la mejor calidad”, aseguró. Y agregó: “Eso hace que cada información que recibo, y no es lo que me pasa en todas las investigaciones, la tengo en un manto de tamiz. Como condición, la tengo que verificar, la tengo que ver, y eso me lleva tiempo”.

    Ampliación

    La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, pidió ayer una ampliación de la investigación administrativa que dispuso de urgencia la semana pasada a partir de las filtraciones de los chats entre Penadés e Iturralde. El proceso, que es liderado por la directora de Jurídica del Ministerio Público, es reservado, pero tiene como objetivo lograr determinar si tienen origen en la Fiscalía.

    Información Nacional
    2024-05-29T23:31:00