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Carlos Darwin Tarocco está detenido desde el martes 10, acusado de ingresar al SGSP para obtener datos de las víctimas que denunciaron al exsenador. Se trata del comisario que dirige la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario —encargada de elaborar la inteligencia sobre los reclusos de todo Uruguay— y quien también está a cargo de la prisión de Santiago Vázquez, la más poblada del país. Al menos un subalterno de Tarocco también entró al SGSP con el mismo fin.
La fiscal Alicia Ghione, quien lleva adelante el caso, declaró el martes que el objetivo fue parte de un “plan” de Penadés para hacerse de “información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías”.
El SGSP registra todos los eventos de seguridad pública ocurridos o denunciados en los 19 departamentos, desde homicidios a extravíos de cédula: unos 300.000 por mes, que incluyen los datos personales y domicilios de todas las personas que intervienen o participan en esos eventos.
Implementado en el 2000, desde 2017 es la única herramienta de uso nacional por todas las instituciones que radican denuncias penales, por lo cual se lo considera el sistema de información “madre” del Estado en materia de seguridad pública. Hay casi tres mil dependencias y veinticuatro mil funcionarios habilitados para su acceso, la gran mayoría pertenecientes a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.
Este empleo fue cuestionado el año pasado durante la investigación a Alejandro Astesiano, en la que la Justicia comprobó que el excustodio presidencial y policías usaban el SGSP para conseguir información con fines personales. El protocolo de uso de la plataforma establece que “no confiere autoridad para divulgar la información registrada” ni “discutir la misma con familiares o amigos, debido a que esa discusión puede conducir a una divulgación no autorizada a terceras partes”.
“El Sistema de Gestión de Seguridad Pública es muy bueno. Ha sido auditado por organismos internacionales y está siendo fiscalizado permanentemente por la Fiscalía, por gente del Poder Judicial, por distintas divisiones del Ministerio del Interior”, valoró en noviembre ante el Parlamento el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ayer miércoles 11 Heber volvió a defender la fiabilidad de la herramienta ante las dudas que emergen por la situación de Penadés. “El SGSP funcionó bien y los policías no pudieron establecer la identidad de las víctimas. La Policía descubrió que dos funcionarios policiales estaban extrayendo y recopilando información, es la propia Policía que descubre a la Policía”, destacó.
Pese a los dichos del ministro, fuentes policiales indicaron a Búsqueda que hechos como los de Astesiano y Penadés obligan a “restringir los niveles de acceso” de los funcionarios autorizados a ingresar al sistema. El SGSP depende de la Dirección General de Secretaría, que asigna a los 24.000 usuarios categorías y por ende les otorga distintos permisos, con los cuales cierta información puede ser catalogada de reservada y serles inaccesible.
