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    Cerca de 3.000 trámites demorados

    “Sr. Cliente: Usted y yo somos rehenes del paro de registrales que entran a trabajar y cobran su sueldo. Firma: Su escribano”. Con ese cartel una decena de escribanos se manifestaron el lunes 3 en el Edificio del Notariado.

    El conflicto no fue iniciado por ellos, sino por el sindicato de Registro Público y Civil en reclamo de un aumento salarial adeudado del 26%, pero las medidas tomadas llevaron a que la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) se manifestara en contra.

    Los registrales reclaman que la suba salarial aprobada en la Ley de Presupuesto para los ministros de Estado también les corresponde a ellos. Argumentan que los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial y algunos del Ministerio de Educación (MEC) están equiparados por ley con el de los ministros de Estado.

    Las medidas de lucha de los registrales generan demoras en trámites que van desde los casamientos hasta la compra-venta de inmuebles.

    Para el presidente de la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU), Homero Hernández, la medida “perjudica solo al que hace los trámites por Internet”. El dirigente estimó entre 400 y 500 los certificados que se están realizando por día y una cifra similar de los que no se tramitan por estar cerrada la vía online.

    El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, dijo a Búsqueda que “tanto gobierno como la Corte están de acuerdo en que se debe pagar, pero aún no definieron cómo”.

    Esencialidad.

    Sin embargo, los escribanos aseguran que la medida de AFRU “crea inseguridad jurídica y afecta su labor”, por lo que presentaron ayer miércoles su petición para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como el MEC, declaren la esencialidad del servicio.

    “No es por que sí, la pedimos porque han pasado 30 días en medidas y la situación de inseguridad se encuentra en toda la contratación”, dijo Antonio Sarachu, presidente del AEU, quien estimó en 3.000 los trámites demorados.

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