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Si bien la amplia mayoría de los uruguayos creen que el Estado debe implementar políticas para reducir la desigualdad entre ricos y pobres, al ser consultados sobre los programas sociales que implican entregar dinero, casi seis de cada diez creen que sus beneficiarios son unos “vagos”.
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Estas percepciones surgen de la investigación “Cultura política de la democracia en Uruguay y las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades”, de las politólogas Rosario Queirolo y María Fernanda Boidi, directoras del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, presentado la semana pasada.
El gobierno reivindicó esta semana las políticas de transferencia económica a través del Ministerio de Desarrollo Social porque entiende que han logrado disminuir los índices de pobreza e indigencia.
Vagos.
De la investigación académica surge que el 85,4% de los uruguayos consultados opina que el Estado debe tomar medidas para reducir la brecha entre pobres y ricos. Esta cifra lo ubica en cuarto lugar en toda América, detrás de Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Paraguay.
En el marco de la encuesta se consultó respecto a las transferencias condicionadas de dinero y programas de asistencia pública. En Uruguay, el tema adquirió un alto nivel de polémica cuando el gobierno de Tabaré Vázquez puso en marcha el “Plan de Emergencia”, que tenía un programa de transferencia monetaria mensual, y luego con el “Plan de Equidad”, que implicó una modificación a las asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social (TUS) para comprar alimentos.
Ante la pregunta de si está de acuerdo con la idea de que quienes reciben ese dinero del Estado son vagos, el 57,5% respondió que sí. Este número ubica a Uruguay en segundo lugar detrás de Argentina (63,7%).
“Es bastante sorprendente que en Uruguay, donde es tan alto el apoyo a que el Estado se ocupe de disminuir la desigualdad entre pobres y ricos, sea tan alta la percepción de que quienes reciben ayuda del gobierno son vagos. Esto indica las diferencias entre el apoyo difuso a una idea como eliminar la desigualdad y el apoyo específico a la implementación de las mismas”, dicen las investigadoras.
Logros.
Programas como la nueva asignación familiar y la TUS explican, según el gobierno, la baja del nivel de indigencia y el descenso de la pobreza. Desde la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, la indigencia pasó del 4,7% al 0,5% y la pobreza del 39% al 13,1%.
“En una primera etapa entre 2005 y 2007, la mejora en la redistribución del ingreso estuvo explicada por las políticas dirigidas a atender la emergencia social a través del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, el cual tuvo un efecto directo sobre los ingresos de las personas que pertenecían a los deciles más bajos. A partir de 2008, las mejoras en la distribución del ingreso se pueden atribuir a la implementación de políticas más permanentes como el Plan de Equidad y la creación de las nuevas asignaciones familiares, la asistencia a la vejez, la reforma tributaria, la reforma de la salud y los aumentos de los salarios y las jubilaciones mínimas”, sostiene el gobierno en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas presentada el domingo 30 en el Parlamento.
El documento del Poder Ejecutivo sostiene que el nuevo diseño permitió “alcanzar importantes logros en materia social, los cuales se vieron reflejados en la reducción de los niveles de pobreza e indigencia y en las mejoras en la distribución del ingreso”.
El gobierno afirma que tanto la asignación familiar como la tarjeta se aplicaron de manera “focalizada”, por lo que los “recursos de gasto público social” se canalizaron “hacia los grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica”.
El régimen de asignaciones familiares del Plan de Equidad otorgó en el año 2012 cerca de 407.000 prestaciones distribuidas en unos 200.000 hogares. Más de la mitad de esos hogares (114.000) pertenecen a los sectores de menores ingresos. Entre este sistema y el anterior de asignaciones, el gasto anual supera los U$S 200 millones. A comienzos de junio, el Banco de Previsión Social suspendió 32.500 asignaciones debido a que no cumplían con uno de los requisitos básicos que es mandar a los niños y adolescentes a los centro de estudio.
En cuanto a la TUS, según el último dato, se han otorgado 65.162, de las cuales 21.000 son tarjetas que tienen el doble de monto debido a que se trata de hogares que viven en extrema pobreza. El monto de la tarjeta varía según la cantidad de menores de 18 años que vivan en el hogar. El monto simple para uno con un menor es de $ 684 y por cuatro o más menores es de $ 1.839. En 2012, la ejecución por TUS fue de U$S 56 millones.
El gobierno considera que estos programas tuvieron un “efecto positivo en la reducción de la pobreza e indigencia”. “Si en el año 2012 se les retiraran todas estas transferencias a los hogares, se estima que los niveles de pobreza e indigencia aumentarían 18% y 255% respectivamente. Este fuerte deterioro de los indicadores sociales en caso de que no existieran estos programas, da cuenta de la importancia de los mismos en su rol de protección social”.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, ha defendido que se transfiera dinero a los hogares pobres. “Está bien que el Estado le transfiera a los que no tienen nada. Y suponiendo que no estuviera bien, que al que no trabaja reciba, estamos hablando del 7% del gasto público social y del 3% del gasto público total”, afirmó.
“Los montos de las tarjetas van de los $ 300 a $ 3.000, que es el que está en peor situación. Así que el argumento de que viven de la tarjeta, de la caridad pública, no es así, no podrían vivir”, sostuvo Olesker. Además dijo que se ha roto el “mito” de que al dar esta transferencia monetaria “no se trabaja”. Del total de ingresos de una persona en situación crítica, el 25% es por la tarjeta, un 25% que proviene de “otros ingresos” y el 50% restante proviene de ingresos derivados del trabajo, informó (Búsqueda Nº 1.714).
