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    Clínica de rehabilitación de adictos tiene previsto suspender tratamiento de pacientes de ASSE por falta de pago estatal

    La Administración de Servicios de Salud del Estado exige a Izcali una nueva propuesta de convenio como condición para saldar su deuda, algo que la institución privada considera una “forma de presión”

    A poco de asumir el nuevo Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el 18 de marzo de 2020, las autoridades presentaron sus principales lineamientos para el quinquenio. El presidente de esa administración, Leonardo Cipriani, estableció como prioridad la salud en el primer nivel de atención. Se enfatizó en la descentralización, en llegar a todos los rincones de Uruguay. Por supuesto, también en la respuesta a la emergencia sanitaria que el gobierno había decretado hacía pocos días. Pero también se hizo fuerte hincapié en la salud mental. Y dentro de la salud mental, en la rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.

    En octubre de 2020, el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Pablo Fielitz, expresó a Búsqueda la intención del nuevo directorio de mejorar la política de atención a adictos, que consideraba “lenta” e “insuficiente”. En ese sentido, comentó que se pretendía instalar dos nuevos centros para la desintoxicación de casos agudos y “reperfilar” el Portal Amarillo, una de las instituciones para el tratamiento de drogadicciones.

    Otra de las opciones de rehabilitación que tienen los usuarios de ASSE es la clínica privada Izcali, que por un convenio con esa administración dispone de 20 cupos para ofrecer atención a sus pacientes. El convenio firmado por ambas partes establece el pago de una cuota mensual de $ 1.333.706, IVA incluido, monto que ASSE pagó hasta abril de 2021. Después de ese mes, Izcali siguió enviando las facturas, siguió atendiendo pacientes de ASSE, siguió pagando a sus funcionarios. Pero no recibió ni una cuota más por parte de la administración.

    El convenio firmado entre Izcali y ASSE venció una vez más el pasado abril. Una vez más porque desde hacía dos años se venía prorrogando en las mismas condiciones por períodos cortos, de uno, dos, tres y hasta cuatro meses, contaron desde la clínica privada a Búsqueda. El 30 de abril finalizó la última prórroga e Izcali no recibió ninguna solicitud de extensión del convenio.

    “Seguimos prestando los servicios de tratamiento con las mismas características, incluso desde hace dos años, con un promedio mensual de 22 cupos ocupados, superior a los 20 contratados por ASSE, sin realizar ningún tipo de reclamo de pago extra”, denunciaron desde el centro de rehabilitación.

    La situación se volvió insostenible para Izcali y, tras varias idas y vueltas en las negociaciones con ASSE, el domingo 5 las autoridades de la clínica comunicaron la situación de falta de recursos a los funcionarios. Dos días después hablaron con los familiares de los pacientes para transmitirles la noticia: “Hay riesgo de que se interrumpa el tratamiento”, les dijo el director del centro de rehabilitación, Miguel Hernández. En la mañana del miércoles 8 se comunicó la situación también a los propios pacientes, que, según Hernández, quedaron “muy molestos y movilizados”.

    La fecha límite para los pacientes de ASSE en Izcali es este viernes 10. Si para entonces ASSE no paga las cuotas que debe, la clínica deberá suspender el tratamiento de sus pacientes y enviar a quienes están internados allí a sus casas, dijo a Búsqueda el director de la clínica. “Como institución, ya no tenemos forma de endeudarnos. Ya generamos préstamos y le debemos a los proveedores. Esto es cuestión de días”, añadió.

    Las negociaciones

    El martes 7 hubo también reunión entre las autoridades de Izcali y las de ASSE. Los primeros manejaron la posibilidad de presentar una propuesta de convenio y los segundos se mostraron dispuestos a abonar el monto correspondiente a una cuota mensual. Pero la buena disposición duró poco. “En realidad lo que ASSE nos debe, nos lo debe. Presentar la propuesta para la renovación del convenio es algo independiente, y ASSE medio que lo liga como forma de presión. Es embromado, es claramente una presión, porque si vos tenés plata para pagar, pagás, y no esperás la propuesta”, opinó Hernández.

    El subgerente general de ASSE, Ramón Blanco, dijo a Búsqueda que la charla con las autoridades de Izcali fue “muy cordial”, pero que los números presentados por la gerencia administrativa no podían seguir pagándose. “Hay que hacer una negociación y determinar un costo que sea bueno para ustedes pero también favorable para ASSE”, les propuso entonces. “Porque ASSE recibió un montón de deudas. Es una organización totalmente endeudada, que está poniéndose al día como puede, pero también como debe. Y como debe es pagando lo justo, no contratos desmedidos”, agregó.

    Tras la reunión, Blanco habló con el gerente administrativo de ASSE, Juan Behrend, y acordaron proponerle a Izcali el pago de las deudas, pero por un monto menor, unos $ 300.000 menos por cada factura. Blanco transmitió la idea a las autoridades de la clínica, que quedaron en dar una respuesta el miércoles 8. A las 10 de la mañana, desde Izcali enviaron una nota a Blanco reiterando la solicitud de pago de al menos una de las cuotas mensuales, como se había manejado. Pero el subgerente general de ASSE pidió a cambio una “propuesta formal de mejoramiento del convenio”, según él mismo contó a Búsqueda. El día terminó sin que llegaran a un acuerdo.

    Antecedentes

    El 15 de julio, autoridades de ASSE y de Izcali se reunieron para conversar sobre la posible renovación del convenio. Desde la Gerencia Administrativa del organismo estatal reconocieron que había pagos pendientes por falta de fondos. A esa reunión siguieron varios intercambios e insistencias por parte de Izcali para ver si había novedades sobre el pago, pero la situación permanecía incambiada.

    Días después llegó por parte de la gerencia administrativa de la administración estatal la propuesta de pagar las facturas que debían, que entonces eran tres, por un valor menor: $ 1.000.000 cada una. Desde la clínica consideraron que esto era “inaceptable” porque se trataba de servicios ya prestados, sobre los que no hubo una “objeción previa” respecto a los importes. Además, para entonces Izcali ya había pagado los sueldos de sus funcionarios, los montos correspondientes a sus proveedores y las obligaciones impositivas al Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva, aun sin haber cobrado la facturación.

    El tiempo pasó sin que ASSE e Izcali llegaran a un acuerdo, y el 3 de setiembre la clínica recibió una carta firmada por Behrend con una serie de denuncias. “Es notoria la asimetría del servicio brindado a ASSE frente al que brinda a terceros, ya que de acuerdo a lo anticipado por su director esta situación se debe a que en el caso de los terceros solo tienen en cuenta los costos marginales de forma de mejorar su negocio, lo cual como explicación es muy pobre para esta gerencia”, expresa la carta.

    Es que, además de atender a pacientes de ASSE, Izcali ofrece sus servicios de rehabilitación a mutualistas. Pero desde la clínica aseguran que el tratamiento es igual para todos los pacientes y no se hace una distinción según el lugar de dónde provienen.

    En la consulta que Búsqueda realizó al subgerente general de ASSE, él admitió estar dispuesto a abonar las cuatro facturas adeudadas a Izcali. “Yo tengo cuatro recibos de $ 1.300.000 cada uno. Creo que es justo pagarles esa plata, porque ya fue. Pero eso lo creo yo. El contador nos dice: ‘Hagamos una negociación, trancemos en un punto medio, y yo les hago un cheque por algo intermedio entre $ 1.000.000, que es lo que corresponde según los cálculos que hace ASSE, y $ 1.300.000’”, reconoció Blanco. “Estamos en plena negociación”, añadió.

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