Colonización autorizó a excandidato a diputado de Cabildo Abierto y hermano de un condenado por narcotráfico a comprar un campo

Indican que los que votaron a favor de esa determinación fueron el presidente del INC, Julio Cardozo, y los directores Rodrigo Herrero y Guido Machado, los dos primeros integrantes del Partido Nacional y el tercero pertenece al Partido Colorado. Mientras que los directores José Amy, que es colorado, y Andrés Berterreche, del Frente Amplio, votaron en contra de esa autorización.

Al planteársele los antecedentes del expediente del campo a ser vendido, que en 2015 y 2016 ya contó con la autorización del directorio del INC para su enajenación, pero en ese momento el interesado en adquirirlo era Luis Murialdo, el titular de Colonización respondió: “Ese argumento no lo utilizamos porque por ser el hermano no podemos considerar que tenga la misma situación ante la Justicia”.

“Vimos el capital que tiene, a qué se dedica y cómo trabaja, y lo de 2015 y 2016 era otro directorio”, acotó.

Reconoció “la suceptibilidad que puede haber con el problema que hubo (con el hermano)”, pero aclaró que no le corresponde “ser juez de un caso que no está en el ámbito de Colonización”.

Herrero defendió su voto a favor refiriéndose a que cuando llega un planteo de venta de un campo afectado a las leyes del INC “lo primero que se ve es el perfil del comprador, si está vinculado al agro, si tiene otra actividad, y esto pasa a ser como una caja de ahorro, entre otras tantas” alternativas.

“El informe de la regional hace mucho detalle en cómo compra el campo, y a mí me importa poco cómo va a pagar el campo, en el sentido de si con crédito o no, si vende una casa o una camioneta, lo que me interesa es si la persona que lo compra se dedicará a explotar ese campo”, sostuvo Herrero.

Planteó además que “si hay sospecha de lavado de activos eso no me corresponde, sino al proceso que hacen los escribanos, salvo que tenga alguna constatación de un delito”. “Si el hermano estuvo en un tema de drogas y él no tiene nada que ver, entonces lo tengo que desvincular de eso”, consideró. Dijo que “hay consideraciones que son muy subjetivas”.

Respecto a su voto en contra, Amy argumentó: “No me convenció cómo venía el procedimiento y no tenía ni idea de eso” del hermano. “A veces elevan los distintos informes técnicos y, como en todas las situaciones, uno puede estar de acuerdo o no con las determinaciones”, señaló ese director sin profundizar en los fundamentos.

Berterreche, por su parte, respondió que “el área (correspondiente de Colonización) había informado que le quedaban dudas acerca de la capacidad de compra”, y el INC tenía “la opción de hacer un llamado abierto para la venta del campo y en ese caso que se presentara el que quisiera”. “Había interrogantes sobre el origen de la capacidad de pago del promitente comprador, por lo que me apoyé en los informes institucionales que llegan al directorio. No hay un asunto de persecución de ningún tipo ni de prejuzgamiento”, expresó.

El interés familiar

La fracción que se vende es la Nº 114A, que pertenece al colono Juan Sosa León, se encuentra en la Colonia Agraciada, tiene un índice de productividad de 146, considerando que el promedio Coneat es 100 a escala nacional, y el precio previsto de la compraventa es de US$ 332.800, lo que representa unos US$ 5.500 por hectárea, según averiguaciones de Búsqueda.

Al repasar las actas de Colonización vinculadas al expediente de esa fracción, puede advertirse que en octubre de 2014 Sosa León solicitó al directorio que habilitara el mecanismo facilitador para vender el campo por un precio de US$ 11.000 la hectárea, mediante una apertura pública.

En mayo de 2015 ese colono pide la autorización para enajenar la fracción a Luis Murialdo y el directorio se la concede. Posteriormente, en diciembre de 2016, Sosa León vuelve a solicitar permiso para concretar la transacción, pero aclara que para eso requería hacer en simultáneo la hipoteca del campo por parte del comprador, lo que le permitiría acceder a un crédito del Banco República (BROU) de US$ 890.000, según consta en las actas.

Las actas muestran además que debería “establecerse en la escritura de hipoteca que el bien dado en garantía está afectado a los fines de la Ley N° 11.029 (artículos 1 y 70) y que se requerirá la autorización previa del INC para la venta en remate del bien gravado, así como para la escrituración en caso de venta judicial forzada, so pena de nulidad”.

El 29 de enero de 2020, prácticamente a un mes del procedimiento policial que permitió a la Justicia detectar la carga de droga en los contenedores con soja y en el establecimiento rural de Luis Murialdo, el colono Sosa León remitió una carta al directorio de Colonización solicitando que anule las dos resoluciones en las que autorizaba la enajenación del campo, porque el comprador no consiguió el crédito y se cayó el negocio.

En febrero el directorio del ente estatal, con el voto a favor de cuatro integrantes, resolvió dejar sin efecto ambas resoluciones y comunicar la determinación al BROU.

Hay un antecedente de octubre de 2008 en las actas del INC en la que otro colono de la Colonia Agraciada recibió la autorización para vender una fracción de 35 hectáreas “a Luis Gastón Murialdo o a Gonzalo Manuel Murialdo a su elección”.