Varios grupos de colonos y organizaciones de trabajadores rurales, con el apoyo del PIT-CNT y del Frente Amplio (FA), encabezaron movilizaciones en Melo (Cerro Largo), Guichón (Paysandú) y en otros puntos del Uruguay en los últimos días para llegar hasta el Palacio Legislativo el miércoles 15 en el marco del paro general.
Esas acciones fueron realizadas en rechazo al recorte de fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC), que está previsto en la Rendición de Cuentas y en línea con la Ley de Presupuesto y que se suman a las medidas incluidas en la Ley de Urgente Consideración respecto a la desafectación de miles de hectáreas de ese ente estatal, entre otras referidas a las obligaciones de los colonos.
“No hay ningún desmantelamiento” de Colonización “ni tampoco se quedará sin recursos para su funcionamiento” y la eventual “compra de tierras”, señaló a Búsqueda el presidente del INC, Julio Cardozo, quien consideró necesario esperar la evolución del tratamiento del tema en el Parlamento en cuanto a la votación de la Rendición de Cuentas. “Por más voluntad que pongamos en algunas cosas y opinión que demos, lo que va a primar es la decisión de los legisladores, en este caso de los senadores, que como se ha visto tienen posiciones diferentes a las de los diputados”, dijo.
Advirtió a su vez que “hay senadores de la coalición (de gobierno) que no están del todo de acuerdo con el articulado referido a Colonización”. “El INC es perfectamente viable y puede trabajar en forma adecuada con su presupuesto propio, con la recaudación del pago de los arrendamientos en las colonias, con un menor poder de inversión en compra de tierras, pero también con la exigencia de vender aquellas fracciones que son improductivas para la colonización, y con ese capital adquirir otras tierras”, dijo Cardozo, a título personal y como titular del ente.
Y adelantó que “de mediados de octubre en adelante está previsto que puedan concretarse los primeros remates” de venta de tierras de Colonización, específicamente de un grupo de ocho fracciones ubicadas en la Colonia Victoriano Suárez, cerca de Piriápolis. “Son fracciones costeras, pero de mucho valor, como el caso de unas 30 hectáreas en Kiyú (San José), de 10 a 15 hectáreas en Santa Lucía del Este y las pequeñas chacras marítimas en Piriápolis”, indicó.
Cardoso señaló que en este último caso “los valores promedio alcanzados en ventas anteriores fueron de unos US$ 30.000 la hectárea, que tampoco implican una cifra sideral que nos vaya a salvar la vida”. Calculando “unas 80 hectáreas, se podría recaudar casi US$ 3 millones” en el remate de las tierras de Maldonado, estimó. Y advirtió la importancia de la llegada de inversores argentinos para participar en esa transacción. Las enajenaciones de esos predios “cuentan con la aprobación del presidente” de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo.
Para la autorizar esas ventas es necesario que los cinco integrantes del directorio del ente den su visto bueno a la desafectación de esas fracciones de la ley de Colonización.
Las tierras en Piriápolis que saldrán a la venta en el próximo remate fueron habilitadas en la anterior administración.
En el caso del representante del FA en el INC, Andrés Berterreche, la decisión está condicionada a que el gobierno “flexibilice” su postura en cuanto a “no comprar más tierras”, dijo a Búsqueda ese director. Enfatizó que la fracción debe ser “habilitada”, o sea, “sacada de la ley”, para lo que “se precisan los cinco votos”.
“Se pide comprar tierras para la lechería, para los planes de estabilidad de productores lecheros” y otros casos como “colonos arrendatarios que quieren vender”, argumentó Berterreche.
Cardozo por su parte dijo que las fracciones de Santa Lucía del Este requieren ponerlas en forma para su oferta en el mercado. Además, hay galpones que eran de la explanta de Rausa en la localidad de Montes (Canelones) y otros predios en Gregorio Aznárez (Maldonado) que se estudian para la venta o cesión en comodato a la Intendencia.
Reestructura y deudas
Esas y otras medidas están “previendo los recortes del presupuesto, que limitó la compra de tierras”, y lo establecido en la Rendición de Cuentas “no es algo nuevo, ya nos habían dejado con hasta $ 100 millones”, comentó el presidente del INC.
Reconoció al mismo tiempo que las decisiones presupuestales de la administración central “afectan” al INC. “Pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de seguir trabajando fuertemente en la reestructura y buscando una mayor eficiencia, como puede ser no tener endeudamiento por rentas, con una mejor productividad”, entre otras acciones, acotó Cardoso.
Y mencionó, a modo ejemplo, un reciente acuerdo con la UTE para la electrificación total de los predios de los colonos y convenios con el Instituto Plan Agropecuario, la Universidad de la República y las facultades y el Instituto de Investigación Agropecuaria con el objetivo de optimizar la producción en las colonias.
Cardozo aludió a las alternativas de financiamiento y búsqueda de recursos para que el ente estatal “no esté atado a dos leyes que nacieron en la década de 2010”. Se trata específicamente de las leyes 18.064 (2006), que dispuso un adicional al Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP), y 18.876 (2011), que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) durante las administraciones del Frente Amplio, para generar fondos para Colonización.
“Antes de eso, el INC igual tenía tierras y compraba campos y no tenía esas leyes, o sea que, si un día el Poder Ejecutivo entiende que hay un campo interesante para el Instituto y el directorio le pasa el mensaje, está en la disposición del gobierno hacerlo o no”, planteó.
Ahora, la administración de Lacalle Pou determinó en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que los fondos generados en esas normas legales para la compra de campos por parte del ente estatal sean destinados a la regularización de asentamientos.
El titular de Colonización consideró además que cuentan “con una ley de fideicomiso que nunca se usó y que recaudó unos US$ 30 millones hasta el 31 de diciembre” de 2020, que “teóricamente le pertenece a ese ente hasta que no se deroguen estas leyes”.
Ese punto hace referencia a la Ley 19.231 de 2014, que autorizó al INC a destinar hasta 50% de los ingresos obtenidos por la enajenación, arrendamiento, aparcería y otros contratos de tierras a un fondo de colonización para atender las obligaciones derivadas de la emisión de certificados de participación o títulos de los fideicomisos que se creen o los préstamos que se tomen por un monto de hasta US$ 100 millones.
Cardozo puntualizó que el INC tiene 400.000 hectáreas en propiedad, de un total de 600.000 hectáreas, bajo las normas que rigen a ese ente estatal.
Respecto a las deudas de rentas, el jerarca estimó que hay cerca de “85% de colonos al día” en esa obligación y 15%, que comprenden “unos US$ 20 millones”, pero que “en realidad de capital fijo y de origen de la deuda serán unos US$ 8 millones”.
“Hay endeudamiento de más de 10 años que están en la Justicia, como todos los casos de deudas de más de dos años”, aseguró. Y admitió que en ciertas situaciones “hay montos irrecuperables”, porque se trata de “excolonos que no tienen capacidad de pago”. El objetivo es llegar a “cobrar unos US$ 8 millones en este período de gobierno, siendo optimistas”, dijo.
