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Hasta fin de julio se presentaron 199 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, un ritmo que, si se mantiene, hará que el 2015 termine con unos 340. Sería una cifra récord para Uruguay.
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En todo el año pasado se habían presentado a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) 286 reportes de operaciones sospechosas, lo que muestra que la “tendencia es creciente” pero “quizás sea imperfecta”, dado que la gran mayoría provino solamente de bancos y otras empresas de servicios financieros, dijo el lunes 28 el director de esa oficina del Banco Central, Daniel Espinosa. “El sistema está funcionando pero en ancas de unas pocas entidades”, se quejó, hablando en un panel de las IV Jornadas de Derecho bancocentralista organizadas por esa institución. “Se está mejorando parcialmente”, añadió.
“Los agentes obligados actuales, incluyendo a escribanos, son unos 8.000 o 10.000 al día de hoy, de los cuales 9.800 y pico nunca hicieron un reporte sospechoso y nunca vieron una operación inusual, ni siquiera sospechosa”, señaló.
A partir de 2004 las inmobiliarias se encuentran obligadas a informar los casos sospechosos de lavado de activos en las compraventas en las que intervengan, y en 10 años (hasta fin de 2014) la UIAF recibió de estas cuatro reportes. De escribanos, para los que rige la misma exigencia desde 2009, le llegaron 16. Y de administradores de sociedades hubo 10. “Teníamos que haber tenido más” de ese sector, reclamó Espinosa.
Hasta fin del año pasado no se recibieron reportes de negocios sospechosos de lavado de parte de rematadores y de zonas francas, aunque “algún numerito puede haber cambiado” en lo que va de 2015, acotó.
“El sector de valores nos preocupa, porque es un sector de riesgo. Hay 90 intermediarios de valores, y la cantidad de reportes que deberíamos tener no la estamos teniendo”, señaló.
Desde hace unos años, el énfasis en el accionar de la UIAF también está fuera del sistema financiero. “Tenemos que mejorar en cantidad de reportes del sector no financiero, eso es innegociable”, sostuvo. “Estaría conforme si se llega a que genere 20% de los reportes”, dijo Espinosa a Búsqueda. A su juicio, se necesita aumentar la percepción del riesgo, y agregó que a ello podría contribuir la creación —prevista en el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento— de un instituto que interactúe con escribanos, operadores inmobiliarios y otros agentes no financieros obligados a informar casos de posible lavado.
El jerarca agregó que una de las “medidas del éxito” de los países es la cantidad de procesados por el delito de lavado y también de bienes decomisados por esos crímenes. “Ahí es donde tenemos mucho para hacer”, remarcó.
Desde 2010 el Estado obtuvo U$S 7 millones en bienes y dinero decomisados en causas de lavado de activos y narcotráfico, la mayor parte por la vía de remates de inmuebles y vehículos, informó en julio “El País”. Ese dinero es administrado por el Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas y destinado a financiar programas de prevención del consumo de drogas, así como al tratamiento de adictos.
En las Jornadas de Derecho, Adriana de los Santos, jueza del Crimen Organizado, dijo que los resultados en el combate al lavado son limitados “sí se investiga el delito, pero no se toca para nada su parte patrimonial. En definitiva yo siempre digo: (los delincuentes) están preparados para la cárcel, están preparados para muchas cosas. Lo único que en verdad les puede causar un daño importante es el decomiso e incautación de sus bienes”.
