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    martes 04 de junio de 2024

    Comisión de Patrimonio considera “imprescindible” que proyecto en Punta Ballena haga estudio arqueológico

    La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial también se expidió respecto a la iniciativa, aunque no marcó una postura concreta, señalaron especialistas

    La discusión acerca de la viabilidad que puede tener la construcción de un condominio privado conformado por 29 edificios y 320 apartamentos en la costa de Punta Ballena todavía no ha logrado dirimirse. Por un lado, asociaciones de vecinos y organizaciones sociales pelean por la conservación ambiental del lugar. Mientras, desde el Ministerio de Ambiente aún se encuentran en etapa de evaluación del proyecto y las autoridades aseguran que los riesgos están contemplados.

    Sin embargo, días después de que se llevara adelante la audiencia pública del emprendimiento el pasado 29 de abril, instancia que reunió a más de 300 personas, los vecinos recibieron más información. A través de un pedido de acceso a la información pública realizado por el periodista y activista Víctor Bacchetta, el grupo pudo conocer dos nuevos informes que no les habían sido compartidos hasta el momento y dan cuenta de aspectos que todavía restan analizar.

    El primero es un trabajo realizado por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura, con fecha del 26 de febrero. Según el documento, al que accedió Búsqueda, el Ministerio de Ambiente solicitó asesoramiento al área sobre la pertinencia de requerir un estudio de impacto arqueológico en virtud de la solicitud de Autorización Ambiental Previa, algo que, si bien fue mencionado por las autoridades durante la audiencia pública, no había sido comunicado en sus detalles.

    El informe afirma que el Departamento de Arqueología “documentó la presencia de sitios arqueológicos en el área de Punta Ballena a través del Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos” y, en ese sentido, destaca la importancia de reconocer “la existencia de colecciones arqueológicas de sitios costeros”. Además, señala que otros estudios han investigado las posibles fuentes de abastecimiento del material lítico encontrado en los sitios arqueológicos prehistóricos ubicados en la costa del departamento de Maldonado, especialmente en Punta Ballena, considerada “una fuente potencial de rocas como las ultramilonitas y los cuarzos”.

    En ese contexto, el trabajo, firmado por la directora del departamento, Elianne Martínez, señala que al analizar la información expuesta en el informe ambiental del proyecto “existe omisión sobre la información arqueológica” y que la falta de consideración de dicho componente “tendrá consecuencias negativas para el registro arqueológico existente y potencial”. Además, sostiene que la utilización de rocas del lugar —según lo sugerido en el informe ambiental— para “el revestimiento de las fachadas” genera el riesgo de “desmantelamiento inadvertido” de sitios arqueológicos, en especial aquellos identificados en la sierra de la Ballena.

    Por otro lado, el documento señala que desde el punto de vista patrimonial es pertinente “tener en cuenta la carga simbólica de Punta Ballena, ya que representa un lugar emblemático tanto para el departamento de Maldonado como para el país”. Menciona, incluso, que el sitio y su paisaje constituyen un espacio público de gran importancia que actúa como un “balcón privilegiado que proporciona un sentido de pertenencia y arraigo en la comunidad local”, razón por la que entienden “imprescindible” la puesta en marcha de un estudio de impacto que aborde los aspectos histórico-culturales y arqueológicos del área.

    Ordenamiento

    El otro informe dado a conocer —que, según los vecinos, las autoridades no quisieron hacer público antes de la audiencia— es un estudio encargado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de Vivienda, que pretendía responder si el proyecto planteado por los impulsores privados cumplía con la normativa de ordenamiento territorial.

    Según indica el documento, al que accedió Búsqueda, la Dinot ya había realizado un primer informe en 2020, que le dio carta blanca a los impulsores para seguir el trámite de evaluación ambiental. Sin embargo, ese trabajo fue duramente criticado en la puesta de manifiesto, por lo que se solicitó una nueva evaluación.

    De todas maneras, el nuevo informe, con fecha del 22 de marzo, resulta “ambiguo y no concluyente” y no plantea una postura concreta frente al emprendimiento, cuestionaron algunos integrantes de la agrupación, aunque todavía no definieron una opinión formal al respecto.

    Una de las consultas planteadas por la Dinacea es si el proyecto constituye o no un fraccionamiento. En esa línea, la Dinot dice entender que se trata más bien de un “reparcelamiento”, aunque aclara que aún se encuentran a la espera de la confirmación de la Dirección Nacional de Catastro. Justamente, la definición de la naturaleza del predio es “fundamental” para la viabilidad del proyecto, menciona el informe, ya que la Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) establece que “pasará al dominio público la faja costera de 150 metros a partir de la línea de ribera” de todo fraccionamiento costero del océano Atlántico y del Río de la Plata. Sin embargo, la norma no se aplicaría en caso de considerarse un reparcelamiento de lotes que ya existían.

    El informe también relativiza la aplicación del artículo 50 de la LOT, vinculada a los fraccionamientos aprobados y no consolidados en la faja de defensa de costas, que según dice “podrían interpretarse como toda división de tierra en lotes aprobada” que no se encuentra urbanizada ni cuenta con infraestructura y se localice sobre la costa. En el mismo sentido, señala que aún resta definirse si el predio en cuestión es considerado pasible o no de la normativa.

    A partir de ahí, el documento analiza el proyecto en forma condicional, “partiendo de la hipótesis de su aplicación”, aunque aclara que se trata de una cuestión “discutible”. En caso de que se defina como un fraccionamiento, el proyecto debería presentar para la autorización de su construcción un plan especial que deberá destinar a espacios libres los primeros 150 metros de la ribera hacia el interior del territorio, asegurar la accesibilidad y evitar la formación de edificaciones continuas paralelas a la costa.

    El documento señala igualmente que el cumplimiento estricto de la primera disposición “podría prácticamente limitar o prohibir toda la construcción en la zona, ya que casi todos los predios (del proyecto) se encuentran abarcados por los 150 metros desde el límite superior de la ribera”. Sin embargo, menciona que, al tratarse de suelo urbano “y reconociendo el derecho a usos urbanos mínimos por parte de los propietarios, la solución más apropiada parecería no ser otra que la expropiación” (aunque luego también reconoce que eso podría no ser viable económicamente).

    Para el abogado especialista en legislación ambiental y docente del Centro Universitario Regional del Este José Sciandro, el informe “va para atrás y para adelante” con el fin de evitar hacerse responsable de la puesta en marcha o no del proyecto. Opinó que reúne todas las soluciones y escenarios posibles que podría tener este asunto desde el punto de vista jurídico, pero no se define por ninguno en particular.

    “La Dinot lo deja todo como algo abierto, no lauda el tema desde el punto de vista técnico. Sin embargo, dudar si se trata de un fraccionamiento es algo absurdo jurídicamente, ya que claramente hay una división de la tierra si se construyen 29 edificios nuevos”, criticó. Para el abogado, el informe le deja la decisión al Ministerio de Ambiente, ya que “nadie quiere asumir el costo político” de llevar adelante esta iniciativa.

    Ciencia, Salud y Ambiente
    2024-05-22T21:44:00