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El primer impulso fue del segundo gobierno de José Batlle y Ordoñez, en 1914, pero el programa de prestaciones no contributivas se creó cinco años después, pocos días antes de que Feliciano Viera entregara la presidencia a Baltasar Brum. El debate legislativo para aprobar un plan que está vigente desde hace más de 100 años estuvo centrado en ampliar la cobertura previsional y, así, evitar situaciones de pobreza extrema.
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Durante más de un siglo ese programa mantuvo una “coherencia significativa” con la idea que le dio origen, aunque hubo diferencias en la edad de acceso a esas pensiones que no exigen aportes al sistema de seguridad social, según consigna el documento Estudio del Programa de Pensiones no Contributivas: el caso de Uruguay, elaborado por Rodolfo Saldain y Marcos Lorenzelli (2003). La edad requerida para poder obtener esa prestación en el inicio era 60 años, la dictadura la subió a 70, luego se redujo a 65 y con las modificaciones que entraron en vigor en 1996 se volvió a los 70.
La reforma amplia del sistema previsional que está siendo discutida ahora se encamina a nuevos cambios en ese sentido. El integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) por el Partido Independiente (PI), Álvaro Forteza, propuso el diseño de un “pilar cero”, que implica un “ingreso mínimo garantizado” para “todos los individuos” a partir de los 65 años; la temática está siendo tratada en uno de los ocho subgrupos creados en ese ámbito como parte de la futura reforma. La CESS le dio “prioridad” al planteo, afirmó Saldain, presidente de la comisión (Búsqueda N° 2.122).
El diseño propuesto por Forteza implica cuatro características. El “ingreso mínimo” es “garantizado” para todos los individuos, sin importar la cantidad de aportes realizados a la seguridad social, a partir de los 65 años. En las “simulaciones” que presentó ese experto, el ingreso es equivalente a la pensión vejez actual ($ 13.035).
La propuesta “reconoce el esfuerzo contributivo”: las personas que hacen aportes durante la etapa laboral —aunque no hayan alcanzado los 30 años exigidos para jubilarse por el régimen general— cobrarían pasividades superiores a ese “ingreso mínimo garantizado”. Para calcular estas “jubilaciones con aporte solidario” —como las denominó Forteza—, al monto de base se le suma el valor de dos tercios de la jubilación que corresponde de acuerdo con los aportes realizados. Esto implica que una persona que tiene derecho a una jubilación contributiva de $ 1.000, cobre como pasividad, al sumarle los dos tercios de ese monto, $ 13.705, ejemplificó el economista en el documento.
Según la iniciativa, las jubilaciones con “aporte solidario” tienen un tope: el triple del “ingreso mínimo garantizado” ($ 39.105). A los cotizantes que les corresponda una jubilación contributiva recibirían esta prestación financiada con aportes y no tendrían complemento.
La propuesta de Forteza es una “idea” a partir de la que trabaja la CESS. De hecho, el experto aclaró a sus compañeros de la comisión que “si se decide avanzar por este camino, habrá que calibrar” los parámetros de edad de acceso, el “ingreso mínimo garantizado” y el “ingreso máximo de aportes solidarios”, de forma de lograr un “balance adecuado” entre la “protección social y el costo del programa”.
Componentes dispersos
El sistema previsional actual tiene “retazos” que están “dispersos” en los distintos programas que existen, y la propuesta de Forteza apunta a “unificarlos”. La idea es “simplificarlos, racionalizarlos y asegurarse de que efectivamente llega de manera ágil y sencilla” a la población, explicó a Búsqueda.
Además de la “pensión a la vejez” (para mayores de 70 años), otro “componente” del “pilar cero” es el subsidio para mayores de 65 años —conocida informalmente como “pensión Mides”—, una prestación que se otorga al comprobar una situación de indigencia a través del Ministerio de Desarrollo Social.
La “jubilación mínima” también “tiene un componente de carácter no contributivo” porque en el sistema actual la prestación es independiente de los aportes realizados y está “subsidiado”. Para Forteza, el actual diseño es “malo”: “Un esquema de jubilación mínima que está atado a haber aportado 30 o 35 años no parece una muy buena idea”.
Según la propuesta, otro “componente de pilar cero” en el sistema actual es la bonificación del 50% en el cálculo del sueldo básico jubilatorio prevista para quienes hicieron la opción por la AFAP y ganan menos de $ 67.564 (el límite a partir del que la afiliación al sistema de ahorro pasa a ser obligatorio).
“Hay retazos por todos lados” y “la idea es absorber todo eso” en un eventual esquema de “ingreso mínimo garantizado”, concluyó Forteza.
Elogios y dudas
La propuesta del representante del PI fue elogiada por integrantes de la CESS. Saldain, por ejemplo, dijo que su plan tiene “propiedades muy interesantes” y que “podría estar constituyendo al cimiento de todo el sistema”.
A su vez, otros miembros de la comisión dijeron Búsqueda que la idea es “valiosa”, “novedosa” y con “ventajas”, aunque plantearon diferencias y dudas. En lo que hay consenso es en que es “imprescindible” que exista un “pilar cero”.
En el PIT-CNT están “evaluando” el programa presentado por Forteza, que lo consideran similar a una “renta básica para las personas mayores”, informó una fuente de la central sindical. Evaluaron la propuesta como “interesante”, aunque tienen “interrogantes” sobre la edad mínima de acceso a la prestación y si será “universal”.
Forteza destacó que “hay interés” en su planteo y que todos los integrantes de la CESS están preocupados “por ese punto”. Agregó que “es una base para conversar”, aunque admitió la necesidad de “afinar números” para ver “hasta dónde se puede llegar”. Comentó: “Va a haber que tironear porque la frazada es corta”.
Además de “afinar” las estimaciones para el “pilar cero”, hubo entre los representantes en la CESS de los partidos de la coalición gobernante algunos que solicitaron una evaluación de los datos del “pilar uno”, que trata sobre el régimen contributivo y que se vería afectado con las modificaciones del ingreso básico garantizado.
Financiable
La estructura del diseño de un “pilar cero” está más o menos lista, pero falta definir la base en la que se apoyará. El subgrupo está “evaluando” cómo se financiaría esta propuesta. Para Forteza es central que, además de ser “financiable”, el “ingreso mínimo garantizado” sea “equitativo” y aporte “incentivos adecuados”.
Para el experto, su planteo de “ingreso mínimo garantizado” es “perfectamente financiable”. Una estimación de costos con trazo grueso valida esa hipótesis de Forteza: si todos los mayores de 65 años cobraran la pensión a la vejez, el gasto sería de 3,4% del Producto Bruto Interno (PIB); es un escenario de “máxima” y “conservador”. “En principio está dentro de los números manejables”, aseguró el economista.
En 2020, fueron 19.164 las personas que cobraron la pensión a la vejez, lo que implicó egresos por $ 214.681.078 para el Banco de Previsión Social (BPS). La propuesta de Forteza tiene la “ambición” de contemplar no solo a los cotizantes de ese instituto e incluye, en principio, a la residencia en Uruguay como única condición.
La pensión por vejez está consagrada en la Constitución como un derecho para quienes llegan al “límite de la edad productiva” después de una larga residencia en el país y no tienen recursos para atender sus “necesidades vitales”.
