Según el libro de Lessa, el actual diputado frenteamplista Víctor Semproni (Espacio 609), que hace 40 años era un dirigente bancario con conexiones con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), dice que “hubo pactos entre comunistas y militares que impidieron una reacción en febrero e incluso llegaron a junio del 73”.
“Avanti, avanti”.
Luis Iguiní, alto dirigente de la CNT y del Partido Comunista en aquella época, dijo que “la línea era avanti, avanti, llenos siempre de ilusiones de que iba a haber un cambio con la participación de los militares en el gobierno”.
El 9 de febrero de 1973, mientras el Ejército y la Fuerza Aérea formalizaban su levantamiento, “El Popular” sostenía que “el dilema real del país es hoy oligarquía o pueblo, y la oligarquía no puede representar a la democracia. Y en este pueblo caben los orientales honestos, civiles patriotas y militares patriotas”. Para el Partido Comunista, el pronunciamiento militar llamaba “al reencuentro de los orientales, recuperando los grandes valores de aquellos que forjaron nuestra nacionalidad”.
Vladimir Turiansky (primer vicepresidente de la CNT, alto dirigente comunista y diputado en 1973), sostiene en el libro que “había elementos como para pensar que era posible la existencia de corrientes de esa naturaleza. Nos dijimos: si existen esas corrientes, alentémoslas (...). Nos orientábamos a reconocer la existencia de corrientes avanzadas progresistas dentro de las Fuerzas Armadas y a ambientar su desarrollo. Por eso aquella consigna de ‘obreros, militares, civiles’, todas esas cosas que sigo pensando que eran correctas”.
También el Partido Socialista, y en especial su principal referente de la época, Vivián Trías, apostó a los militares insurrectos. El socialista Aldo Guerrini, miembro del Comité Central del Partido Socialista en 1973, reconoció a Lessa la falta de valoración que existía en su partido acerca de la democracia y dijo que en amplios sectores de la izquierda la historia de Uruguay era desconocida. “Se discutía sobre la Unión Soviética, sobre China, sobre Cuba y no nos poníamos a pensar realmente por qué 80% de la gente votaba a colorados y blancos”, señaló Guerrini.
Los editoriales en el diario “Ahora” de la principal figura histórica del PDC, Juan Pablo Terra, expresaban inequívocamente una expectativa positiva respecto de las FFAA. El 11 de febrero, en pleno levantamiento, Terra escribió un editorial titulado “Lo que muere” donde dijo que “los acontecimientos se han precipitado de un modo asombroso. Las fuerzas militares que enfrentan al gobierno poseen una superioridad abrumadora y demuestran voluntad resuelta de cumplir con sus objetivos”.
“¿Qué muere?”, se preguntó Terra. “Seguramente no solo un ministro (en alusión al general Antonio Francese): la Presidencia de Bordaberry está clínicamente muerta. Los restos de su autoridad han sido destruidos”.
Cinco días después, Terra volvió a escribir sobre “la respuesta militar”. Dijo que, a pesar de considerar “indiscutible” que lo que ocurría estaba “fuera del marco institucional”, había que “tratar de entender seriamente lo que esto significa”. Y, en una comparecencia ante la dirección del PDC, Terra hizo explícito el “apoyo crítico” a la intervención militar, estimó “auspiciosa la ruptura de la alianza trágica entre la ultraderecha y las Fuerzas Armadas” y resaltó el programa castrense “que por primera vez pone sobre el tapete el problema de las estructuras del país y sus problemas reales”.
Los ex dirigentes comunistas y sindicales Iguiní, Turiansky, Villaverde y Eduardo Platero; los ex dirigentes bancarios Carlos Bouzas y Semproni; y los dirigentes demócratacristianos Daniel Sosa Días y Romeo Pérez, coincidieron en afirmar que en la antesala del “golpe formal” del 27 de junio de 1973 “hubo reiterados contactos con los militares”.
En “El pecado original” son reveladas “reuniones reservadas” que el PDC mantuvo con el entonces director del Servicio de Información de Defensa (SID), el coronel Ramón Trabal, así como “diálogos con oficiales jóvenes del Batallón 13 de Infantería”.
“Contactos con militares, cualquier cantidad (...), había permanentemente”, dijo Bouzas (aliado al PCU), quien visitó cuarteles para explicar el contenido de un documento que había preparado en marzo de 1973 la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). AEBU decía entonces que no la frenaban “ataduras formales creadas por la oligarquía” ni el “marco institucional” y, por eso, juzgaba “positivo” el contenido de los documentos que daban sustento programático a la insurrección militar de febrero.
Cuando ya los militares incidían directamente en la política uruguaya a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), creado después de la sublevación de febrero, en abril de 1973 la CNT se reunió oficialmente con la Junta de Comandantes en Jefe de las FFAA. Turiansky admite en el libro que la central sindical “planteó en ese encuentro a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y al director del Esmaco, los puntos de acuerdo que tenía con los comunicados de febrero”. El general Gregorio Álvarez, que en 1981 sería “electo” dictador por sus pares de las tres armas, participó en esa reunión.
El 9 de febrero, el Secretariado Ejecutivo de la CNT ya había emitido una declaración “al pueblo uruguayo” en la que no figuraban cuestionamientos o advertencias acerca del levantamiento militar, sino críticas al general (r) Antonio Francese, el mismo que desconocía el movimiento militar como ministro de Defensa Nacional, nombrado dentro de las potestades del gobierno.
“La designación del general Francese como ministro de Defensa Nacional ha sido un factor precipitante de la crisis, y el desacierto con que ha manejado los problemas surgidos con ese motivo hacen recaer una tremenda responsabilidad sobre el gobierno”, dijo la CNT. Seis días más tarde, con la situación consolidada y luego del avance que significó para los militares el acuerdo de Boiso Lanza (donde el presidente Juan María Bordaberry entregó a las FFAA el poder real), la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la CNT difundió otra declaración en la que criticó a la “oligarquía” pero no dedicó ni una sola línea al levantamiento militar contra la Constitución.
El coronel Trabal fue, según Lessa, uno de los principales articuladores militares de los contactos con comunistas, socialistas, demócratacristianos y sindicalistas. Muchos de éstos lo veían como líder del movimiento golpista.
Pero, informa el libro, en la mañana del 27 de junio, ya concretada la disolución de las Cámaras legislativas, “se recibió en una oficina del SID el siguiente radio: ‘27 jun 73. ‘Ceibo 1’. Felicidades en el día de la Patria. ‘Sable 1’.”
“Ceibo 1” (a quien iba dirigido el mensaje) era Trabal y quien firmaba “Sable 1”, era Gregorio Álvarez.
Zorrilla solo.
Cuando la sublevación de febrero se produjo, el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Juan José Zorrilla, decidió resistir. Pero quedó solo y pronto renunció ante el hasta ese momento presidente constitucional Juan María Bordaberry. El Ejército y la Fuerza Aérea habían desconocido el nombramiento del general (r) Francese como ministro de Defensa, habían sacado tanques y blindados a las calles, habían tomado el control de los medios de comunicación y habían comenzado a publicar comunicados de claro contenido político. Zorrilla se opuso al alzamiento de sus colegas y ordenó defender la Constitución y la ley resistiendo desde los barcos de la Armada, para lo cual dispuso un cerco en la Ciudad Vieja.
“El pecado original” dice que “la falta de respaldo a Zorrilla y los marinos leales (a la Constitución) no solo se debió a la inercia o la parálisis ante la crisis; en algunos casos, esa falta de apoyo se debía lisa y llanamente a decisiones políticas, al hecho de que algunos sectores y dirigentes políticos estaban en la vereda de enfrente, apoyando el levantamiento”.
Eso fue expresamente reconocido por el entonces dirigente del PDC, Romeo Pérez, que había participado en dos reuniones con Trabal. El PDC, confesó Pérez a Lessa, “veía mal” la conducta de Zorrilla de enfrentar a los militares insurrectos. “Era sostener a Bordaberry y era opuesto a Trabal, y nosotros teníamos las expectativas puestas en Trabal” y “en los militares”. Pérez pensaba en un “paréntesis” institucional, en una “revolución vicaria”, en un “nacionalismo de inspiración cristiana, con cambios sociales profundos pero no colectivistas, no marxistas”. Y en eso, dijo, registraba coincidencias con Trabal, que valoraba particularmente el hecho de que el PDC fuera “anti-tupa”.
El Partido Comunista también rechazó la actitud de Zorrilla. Cuatro décadas más tarde, dirigentes de primera línea lo siguen pensando. “Yo sigo cuestionando la actitud de Zorrilla. También el papel que jugó la Marina en ese momento. Nosotros la vimos como el respaldo a Bordaberry. Y Bordaberry ya era el enemigo, era la oligarquía, la reacción”, dijo Turiansky al autor del libro.
“Solo lo que digan ellos”.
Algunos frenteamplistas no creían ni siquiera en lo que les decían militares amigos. El entonces coronel y hoy general (r) Pedro Aguerre (padre del actual comandante del Ejército) dice que “en febrero fue el verdadero golpe” y que así se lo advirtió a su abogado, el futuro senador socialista José Korzeniak, que estaba entusiasmado con los comunicados militares.
“Esto —le manifestó— es un golpe de Estado. De a poco van a ir cerrando la prensa contraria, la prensa neutral y después toda la prensa, las organizaciones contrarias, los estudiantes y al final todas las organizaciones. Al final se va a hacer solo lo que digan ellos”.
“Se desconoció la Constitución; fue un delito de rebelión en principio. Se levantaron contra una decisión del presidente, no acataron la orden de recibir a un ministro, lo rechazaron e hicieron nombrar a otro, impusieron el Cosena ahí adentro. Si eso no fue un golpe de Estado, que venga Dios y me lo diga”, dijo Aguerre a Lessa.
Opinó además, que “lamentablemente los políticos fallaron todos” y hubo un error en la conducción del Frente Amplio, ya que el general (r) Líber Seregni “se dejó llevar por delante por el peso que tenía el Partido Comunista en las decisiones políticas. La famosa unidad obligó a que cedieran todos ante un mamarracho”.
El libro recoge asimismo las posturas críticas respecto al alzamiento militar de algunos intelectuales destacados en la izquierda, que quedaron en minoría. Entre ellos, menciona al director del semanario “Marcha”, Carlos Quijano, al maestro Julio Castro, al dirigente Adolfo Aguirre González y al periodista Guillermo Chifflet.
Quijano, en particular, escribió el 16 de febrero de 1973 un artículo titulado “La era de los militares”. Allí dijo: “Empecemos por decir que es preferible tener una Constitución, aun mala, aun violada, a no tener ninguna. Pero lo que está en juego es algo todavía más sustancial y no es probo ni útil usar de los chisporroteos retóricos y las largas tiradas seudodoctrinarias, para esconderlo. La cuestión es simple, y va más allá del respeto o no a la Constitución, del mantenimiento de las instituciones; de la permanencia o no de un presidente; se trata de que el poder militar, lo quieran o no lo quieran quienes lo ejercen, ha sustituido al poder político”.
“Y no hemos vivido tantos largos años como hemos vivido, para renunciar y dar la espalda, movidos en el mejor de los casos por cegadores espejismos, a lo que siempre hemos creído: al poder militar como tal, como organización con personalidad, disciplina y fines propios no le corresponde ejercer el poder político. Es una conmixtión peligrosa que el país, intuitiva o conscientemente, sobre todo después de las dolorosas experiencias del siglo último, siempre ha mirado con desconfianza y siempre ha terminado por rechazar”, precisó el director de “Marcha”.
Y agregó: “¿Qué hacer? vuelven a preguntarse algunos Hamlets. Los hechos se han producido. Nada podemos contra ellos. Las cartas están mezcladas y las aguas bajan turbias. Se encuentran, entre esos dubitativos, los que creen que el poder militar puede hacer o impulsar la ‘revolución’ que el país necesita. El fin, se consuelan, justifica los medios. No vamos a destruir sus ilusiones”.
Política
2012-12-27T00:00:00
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