Con dificultades y de forma despareja, el Estado avanza en el empleo de trabajadores discapacitados y crece el interés privado

La inclusión laboral de esa población avanza con dificultades y de forma despareja. El sector público tiene desde el 2010 aprobada la Ley 18.651 que le exige cubrir un mínimo de 4% de sus vacantes con trabajadores discapacitados, pero según el último informe de seguimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en 2017 apenas se cumplió con el 1,3%.

Cecilia Rodríguez y María José Barreiro, del área de Gestión de Recursos Humanos de la consultora PwC, cuentan que también allí se manifiestan las inquietudes de empresas privadas alentadas por la ley. Uno de los principales desafíos que ven por delante es el trabajo para que la incorporación de personas con discapacidad no sea “decorativa” sino “inclusión real”. Entre los problemas que ya se expresan están las expectativas de las empresas a la hora de contratar. En general quieren trabajadores con estudios terciarios o al menos bachillerato terminado, requisito que deja por fuera a la amplia mayoría de esa población. Esa misma dificultad es uno de los aprendizajes que sacó el PIT-CNT en los intentos por aplicar la ley en el sector público y una de sus principales peleas.

“A las personas con discapacidad el trabajo no es lo único que se les ha privado en la vida. En el ámbito educativo tuvieron los mismos problemas para acceder. Entonces, difícilmente encuentres mucha gente que cumpla los requisitos. Peleamos para que se baje la vara y que la educación venga de la mano del trabajo. Educación en el trabajo y para el trabajo”, explicó Lucía Fernández, dirigente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel), que integra la comisión de Discapacidad del gremio y también la Secretaría del PIT-CNT.

Otra lección que extrajeron de estos años es que en general es mejor no esperar a que estén preparados los espacios y los equipos laborales para el ingreso de personas con discapacidad. Eso dilata la inserción laboral y además no siempre es necesario.

“Primero tenés que contratar a la persona y, a partir de la discapacidad que tenga, modificar el ambiente laboral. Porque hay diferentes discapacidades. Para un discapacitado visual o para una persona que le falta un brazo, no necesitás rampas”, pone como ejemplo Alberti. Y, de inmediato, aprovecha para deslizar una crítica a una de las modificaciones que introdujo el Senado a la ley: el plazo de un año y medio que se les otorga a las empresas para acondicionar las instalaciones es excesivo.

Buenas y malas

Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil publicado a mediados de 2018, solo ocho organismos estatales cumplieron con la cuota mínima del 4%. Uno de ellos fue Antel, que alcanzó a cubrir el 6% de sus vacantes. Alberti sostiene que, en buena medida, la situación de Antel se explica por la fuerza de la comisión de discapacidad de Sutel. Fernández destaca también la buena disposición de la empresa para trabajar el tema.

A Antel ingresaron en los últimos años 19 trabajadores con discapacidad. Los primeros en llegar fueron dos sordos, un hombre y una mujer. De antemano estaba definida el área en la que trabajarían y eso permitió hacer un curso previo de sensibilización para sus compañeros y jefes. Tenían como ventaja que trabajaban sobre una sola discapacidad, pero al mismo tiempo se trataba de una de las más difíciles. “La sordera limita mucho el trato personal. Te trancás ya en el ‘hola’”, explica Fernández, que es además intérprete de lenguaje de señas.

El día que llegaron a la empresa, sus compañeros les prepararon una bienvenida en lenguaje de señas que derivó en una escena tragicómica. Sin tomar en cuenta que no es un sistema universal, se basaron en las señas colombianas y los destinatarios se perdieron parte del mensaje. La situación se vivió con humor y terminó sirviendo para romper el hielo.

Los otros 17 ingresos se hicieron en dos tandas e incluyeron discapacidades motrices, intelectuales, psicosociales y sensoriales. En este caso, no estaba claro en qué áreas se desempeñarían y eso hizo que no se pudiera hacer talleres previos con sus compañeros. Sí se hicieron con los mandos medios que posiblemente los tuvieran a su cargo.

Anthony Da Luz entró a Antel en setiembre de 2017 a cumplir tareas administrativas. Según cuenta, su puesto no se había planificado. En la oficina del Cordón en la que lo ubicaron tenía una computadora adaptada para trabajar con ceguera, pero los programas con los que trabajaban no eran accesibles. Sus jefes no tenían claro qué podía hacer y qué no. Luego de pasar sus primeras semanas con pocas tareas pidió el traslado.

Ahora trabaja en el sector de desarrollo humano, educación y planificación. Atiende el 0800 del programa Antel Integra —proyecto que da computadoras e Internet a los hogares de menor poder adquisitivo—, brinda cursos de capacitación a niños de baja visión en el marco de un convenio con el BPS, y planifica cursos de capacitación y talleres dentro de la empresa. Para que pueda trabajar correctamente adaptaron para la ceguera el programa que utilizan para la gestión de capacitación interna.

Da Luz integra la Comisión de Discapacidad de Sutel. Fernández contó que el grupo de trabajo está conformado por unas 30 personas. Uno de los principales objetivos para 2019 es la creación en Antel de un ámbito de seguimiento de los trabajadores con discapacidad. Según dijo, eso está previsto por ley pero ningún organismo lo conformó. También quieren realizar un censo para determinar —además de los 19 trabajadores que ingresaron por la ley— cuántos funcionarios de la empresa tienen discapacidades, dónde están, qué tareas cumplen y qué necesidades tienen. Antel tiene unos 6.000 empleados repartidos en el país.

Al margen de su trabajo en Antel, Da Luz juega al fútbol en el equipo de ciegos de Peñarol, en el de la selección uruguaya, en el de Estudiantes de La Plata de Argentina y en otro de Brasil. Todos los días va al trabajo en ómnibus y cuando llega a Antel uno de los funcionarios de seguridad se desespera por ayudarlo a entrar. No le molesta, lo toma con humor, aunque trata de aclararle que tiene que poder entrar solo. “Si no, ¿qué hago cuando no estés?”, le dice. Algo parecido le pasa en el ascensor: todos se ofrecen a presionar el botón de su piso, aunque ya conoce de memoria el tablero.

Por su experiencia, Da Luz sabe que la empresa aún tiene varias carencias estructurales para incluir a discapacitados visuales. Faltan baldosas guía en varios sectores, los ascensores no tienen parlante ni braile, el cajero automático y los dispositivos para marcar el ingreso y la salida tampoco tienen sistema de audio. Para el trabajo, los programas y aplicaciones que se utilizan no están adaptados.

Da Luz y otros cuatro compañeros con discapacidad compartieron su experiencia en una taller de sensibilización que ellos mismos se encargaron de organizar para cerrar el 2018. La convocatoria fue abierta a todos los funcionarios de Antel y después les hicieron entrevistas que se compartieron por la intranet de la empresa. La experiencia fue muy positiva y piensan repetirla dos o tres veces este año. “La gente se quedó pensando”, dice Da Luz.

En el otro extremo de Antel, cuenta Fernández, se encuentran casos como el de Ancap, que apenas tuvo un ingreso de una persona con discapacidad. El sindicato creó a fines de 2018 su comisión de Discapacidad, que solo tiene unos cinco integrantes. Según dijo, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes creará también una comisión de Discapacidad para intentar hacer más parejas las situaciones de los distintos organismos.