Con señales confusas el gobierno intenta cambios en el sector aéreo

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, hizo en el último tiempo otras guiñadas al trabajo de OACI en aspectos estructurales de la actividad. Según recoge la propia página web del ministerio, en una exposición ante el Congreso de Intendentes expresó su intención de separar la aviación civil de la militar para cumplir de esa manera con las recomendaciones realizadas por el organismo internacional. “No es un camino fácil. Esto no es contra nadie, sino a favor de todos”, dijo.

“Estamos en el estudio de ver qué cosas es conveniente que mantenga Defensa y qué cosas sería bueno que tenga el Ministerio de Transporte para no duplicar funciones y tratar de que sea un sistema que le sirva al país y no genere mayor gasto”, dijo Olmedo, quien en 2008 fue director de la Dinacia.

Otra resolución adoptada de forma directa por el ministro también va a contrapelo de las sugerencias de OACI. Heber, según confirmó Olmedo, decidió no conformar la Junta Nacional de Aeronáutica Civil por entender que “no era una forma ágil de tomar las decisiones”, que pasaron a definirse a través de la Dirección General de Transporte Aéreo.

El Plan Maestro de OACI, entre los cambios estructurales que proponía, le sugería a Uruguay fortalecer la Junta Aeronáutica. Ese ámbito tiene el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en la definición y ejecución de la política de transporte aéreo público, supervisar su cumplimiento a través de la Dinacia y hacer y promover estudios enfocados en el desarrollo de la actividad.

El esquema propuesto por OACI sacaba la aviación civil definitivamente de la órbita del Ministerio de Defensa. Para el cumplimiento de esas funciones que hoy son competencia de esa dirección planteaba crear cuatro nuevas instituciones. Bajo la órbita de Transporte sugería formar un órgano desconcentrado como Autoridad de Aviación Civil; un ente autónomo proveedor de servicios de gestión de aeródromos y navegación aérea; y una entidad comercial de derecho privado como proveedora de servicios técnicos, administrativos y de capacitación. Dentro de Presidencia, proponía otro órgano desconcentrado para la investigación de accidentes de la aviación.

Además de fortalecer la Junta Aeronáutica, planteaba potenciar la Dirección General de Transporte Aéreo y la Unidad de Control, dependencia que hoy está dentro de la Dinacia y que se encarga, entre otras cosas, de fiscalizar los contratos de concesión.

Consultado sobre la posibilidad de que la Dinacia pase al Ministerio de Transporte, el director de esa dependencia, el brigadier Gaetano Battagliese, evitó entrar en detalles, al tiempo que dejó entrever cierta disconformidad y escepticismo.

“Tengo mi opinión reservada al respecto. ¿Qué te puedo decir? No sé qué va a pasar. Nosotros no estamos trabajando en pasar al Ministerio de Transporte. Sí estamos trabajando con Transporte y con Turismo sobre todo para mejorar la conectividad del país. En eso estamos trabajando juntos y alineados. Lo otro lo definirá el Poder Ejecutivo. Lo único que digo es que cada cosa que vos saques de Dinacia está arraigada a otra y se precisa bastante dinero para hacer una reestructura totalmente nueva”, dijo.

Aeropuertos del interior

El presidente Luis Lacalle Pou le guardó un lugar destacado en la rendición de cuentas que brindó ante la Asamblea General el 2 de marzo a tres obras que, según dijo, además de importancia económica tienen un valor estratégico. En ese pasaje de anuncios, en la recta final de su discurso, informó que el gobierno pretende concesionar cinco aeropuertos del interior del país (Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo), lo que implicaría una inversión de unos US$ 65 millones.

Consultado sobre el estado de situación de ese anuncio, Olmedo dijo a Búsqueda que el MTOP no tiene previsto hacer un llamado a licitación ni está trabajando en otro mecanismo para concretar el proyecto. “Hoy por hoy el Ministerio de Transporte no está haciendo ninguna licitación ni va a hacer ningún movimiento de nada”, afirmó.

Además, recordó que históricamente en Uruguay nunca hubo un privado interesado en ningún aeropuerto del interior porque el movimiento es muy bajo.

La Dinacia tampoco está trabajando todavía en la posible concesión. Battagliese dijo a Búsqueda que están a la espera de la definición del Poder Ejecutivo. Recién una vez que se determine en qué condiciones se realizará el llamado, explicó, empezarán a trabajar con los privados interesados en los requerimientos de obras mínimas que deberán desarrollar.

La facultad del Poder Ejecutivo de concesionar esos aeropuertos tiene su raíz en la Ley Nº 19.925 que fue aprobada en diciembre del año pasado y que crea un Sistema Nacional de Aeropuertos. La aprobación de la norma tuvo una particularidad: contó con los votos a favor de la oposición, mientras que uno de los socios de la coalición, Cabildo Abierto, decidió no votarlo.

El partido liderado por Guido Manini Ríos cuestionó el proyecto por considerarlo una privatización. Algunos de sus legisladores sostuvieron incluso, durante el trámite parlamentario, que la iniciativa tiene nombre y apellido. Señalaron como el único potencial interesado al grupo Corporación América, que ya tiene la concesión del Aeropuerto de Carrasco y del de Laguna del Sauce y, en consecuencia, alertaron sobre la posible conformación de un monopolio. En la Cámara de Diputados también el Partido Independiente se expresó en el mismo sentido (Búsqueda Nº 2.098).