Constructores reactivan obras, “entusiasmados” con la promesa de Lacalle Pou de liberar el mercado de viviendas “promovidas”

Contó algunos casos concretos de expectativas que se traducen en reactivación de proyectos. “Dos promotores que tienen terreno comprado en Montevideo me dijeron que arrancan al otro día que se eliminen los topes. No es un parecer sino un dato firme de la realidad: están esperando que saquen los topes para salir con obras nuevas. Y nosotros estamos por hacer una obra de 100.000 metros cuadrados en Montevideo porque se sacan los topes, ya que de otro modo es imposible”. Ese emprendimiento de González Conde Construcciones será el “más grande” con capitales privados realizado hasta el momento en el país, con una inversión de unos US$ 120 millones, señaló. Serían dos torres de unas 900 viviendas en total y 130 metros de altura —con lo que, según dijo, será las más elevada del país.

Pero, tras una evaluación posterior, en marzo de 2017 se introdujeron nuevos topes de precio al régimen para aquellas construidas con destino al alquiler y además se ajustaron los precios máximos de enajenación de las unidades promovidas. Si bien los topes pasaron a aplicarse al 10% de las viviendas (en lugar del 25%), su criterio cambió y se fijaron según el tamaño del inmueble. A su vez, el Ministerio de Vivienda comenzó a hacer llamados para comercializar las unidades con tope bajo ciertas condiciones y subsidios.

Si bien para González Vierci a los promotores “no les va la vida” si hay topes de precio o no, su eliminación “cambia de manera fundamental la ecuación” de los proyectos. Y ejemplificó: “Uno de los topes dice que el 10% de las unidades se las tengo que dar al Estado y me las paga un año después que las construyo. A mí nadie me perdona nada un año después, ni BPS, ni los impuestos, ni la intendencia. Termino y tengo que tener todo al día. Y cuando me paga (el Estado) además lo hace por debajo del costo. Por eso, el 90% restante tengo que subirlo (de precio) para no perder, lógicamente. Todo eso hace que la ecuación, con topes, no sirva”.

Y poniendo como caso el proyecto de 900 viviendas que planea construir, ejemplificó: “De los 100.000 metros cuadrados le tendría que dar 10.000 al Estado, a costo mío. Eso equivale a cinco edificios comunes, de 10 metros de frente y 10 pisos de altura”.

Dadas esas reglas, el presidente de la Appcu justificó que la cantidad de proyectos presentados ante la Agencia Nacional de Vivienda hayan disminuido a la tercera parte, en relación con cuando no existían tales exigencias. “No es una percepción, es parte de la realidad”, afirmó.

La gremial afirma que luego de la introducción de los topes bajó el número de viviendas que solicitaron la promoción. Señalan que en 2011 se aprobaron proyectos por 8.168 unidades, en 2014 por 5.628 y en 2017 por 3.856. Este año, estiman que rondarán las 1.000.

Según los últimos datos publicados por la ANV, desde la creación del régimen se han promovido 703 proyectos —que se encuentran en distintas fases— que abarcan unas 19.000 unidades. Hasta agosto pasado, más de 10.200 soluciones habitacionales ya se habían construido y otras 6.400 viviendas estaban en obra.

Desde las gremiales de la construcción han hecho lobby ante el gobierno para que cambien el esquema de topes o lo eliminen, aunque hasta ahora sin éxito.

Durante la última campaña electoral los directivos de la Appcu se reunieron con Lacalle Pou, cuando entonces era precandidato presidencial blanco. Según dijo González Conde, hubo un compromiso del ahora mandatario electo —así como de otros integrantes de la llamada coalición “multicolor”— de eliminar los topes. Por eso, ahora la Appcu ve con optimismo el cambio de administración. “El simple hecho de un cambio, no hablo políticamente, genera algo positivo. Y al haber ganado una persona que dice que quedarán sin efecto los topes, cambia la expectativa de las cosas”, recalcó el representante empresarial.

El gerente ejecutivo de Appcu, Aníbal Durán, señaló en un editorial publicado en la revista de la institución que es preciso “volver al origen” de la vivienda promovida, que “era la actuación sin regulaciones” a la libertad de precios.

El mercado

El titular de la Appcu, que asumió el cargo la semana pasada, dijo que la venta de las unidades nuevas “está muy bien” y que muchos inversores locales las compran para obtener una renta alquilándolas.

Comentó que los precios de los arrendamientos se “regularon bastante” gracias al nuevo stock construido bajo el régimen de promoción. A su juicio, no hay excedente de unidades nuevas y como ejemplo comentó que en los últimos años en la zona de Magallanes y Constituyente van construidos 14 edificios en tres manzanas y “está todo vendido o alquilado”.

Sobre la rentabilidad del negocio de los promotores, dijo que es “razonable, no se puede decir que es mala ni muy buena”.

Junto a las demás gremiales de la construcción, la Appcu pedirá el mes próximo una reunión con el presidente electo. Entre los temas en agenda estarán el marco y los lineamientos para la negociación colectiva que enfrentará el sector a poco de iniciado el nuevo gobierno (ver recuadro).

Por otro lado, el empresariado sostiene que es preciso corregir el “atraso cambiario”. Sobre eso, González Vierci opinó que sería una mejor ecuación para los constructores tener una inflación “normal”, de entre 8% y 9%, y “un dólar que se vaya a $ 40”. Alegó que dada la baja productividad y el aumento de los costos, como la mano de obra, un dólar “más fuerte” sirve para que los valores de los inmuebles acompasen y se mantengan en líneas generales sin afectar los márgenes.

Recuadro de la nota

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