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Algunas de las empresas privadas que solicitaron ser clientes libres de UTE advirtieron que el contrato de transporte de energía que les ofrece firmar el ente es “leonino” y contiene algunas cláusulas “inadmisibles”.
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Por eso, analizan si seguirán en el camino de comprar energía a los generadores privados (parques fotovoltaicos) o lo tendrán que abandonar porque no les resultaría “conveniente”, dijeron a Búsqueda fuentes del sector privado.
Por el servicio de transporte de energía a través de la red de UTE entre el generador (parque fotovoltaico) y el gran consumidor, el ente debe cobrar un “peaje”, que es el que establece la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Desde una de las empresas que solicitaron ser clientes libres indicaron: “Aprobaron que fuéramos clientes libres y ahora nos pasan el contrato de transporte de energía para firmar. Pero tiene que ser viable. Estamos analizando si nos tiramos al agua o no, porque hay riesgos presentes y futuros. Así como está, el texto agrega incertidumbres que empiezan a cuestionar la conveniencia de hacerlo”.
Señalaron que ante el pedido de que se aclarara y modificara el texto, UTE les contestó días atrás que no sería posible porque se trata de un contrato “tipo”, aprobado en diciembre por el directorio, que refleja los derechos y las obligaciones emergidos de la prestación de un servicio público y basados en reglamentaciones que impiden llegar a acuerdos que traten de diversa manera a iguales.
Los privados explicaron que el problema no es el valor del peaje, sino las condiciones y cláusulas incluidas.
Consideraron que una vez que la intención del gobierno se alineó al marco regulatorio para liberalizar y dejar que funcione el mercado de compraventa de energía entre privados, los “mandos medios” de UTE están dejando “fuera del partido” tal posibilidad con este tipo de decisiones por la vía de los hechos.
“Inadmisible”
Entre las condiciones que los privados juzgan como “inadmisibles”, mencionaron que la empresa pública “podrá solicitar un depósito de garantía de seis meses de consumo”. “Somos grandes consumidores que hace más de 30 años pagamos las facturas sin retraso”, cuestionó uno de los informantes.
El contrato, dijo una de las fuentes, sería por cinco años prorrogables, pero se establece que en caso de que “alguna parte” no quiera la prórroga automática deberá avisar 60 días antes del vencimiento. “Si tenemos otro gobierno dentro de cinco años y con 60 días de anticipación te dicen ‘no vamos a seguir con el transporte’, quedás colgado… Esa cláusula debería ser solo para el consumidor, no para cualquiera de las partes”, señaló.
Los informantes también se refirieron a una serie de condiciones sobre la “suspensión” del servicio de transporte de energía. Entre ellas, mencionaron el caso de que hayan “caducado habilitaciones nacionales y departamentales del convenio de conexión”. Indicaron que esa referencia es “amplísima” y, si no se especifica o aclara, el gran consumidor quedaría sujeto a una “discrecionalidad absoluta” que “agrega riesgos” e “incertidumbres”.
