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Cuando los empresarios se quejan por la falta de “competitividad” del país, los jerarcas del gobierno suelen aludir a la ejecución de obras en las rutas nacionales durante este período. “Es una inversión que no se recuerda en la historia”, remarcó el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, al disertar el viernes 8 en un evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales. Son US$ 3.600 millones los destinados a la infraestructura, que hace que el país sea más competitivo porque, entre otras ventajas, ayuda a reducir el costo de los fletes, argumentó.
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Casi la totalidad de la red primaria y los corredores internacionales están concesionados a la Corporación Vial del Uruguay (CVU), una sociedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo. La concesión fue extendida en abril de 2022 hasta 2051, un período de 36 años durante el cual está previsto destinar US$ 8.856 millones a obras. Para financiar parte de esa inversión, CVU estructuró un fideicomiso financiero (Corporación Vial del Uruguay I) que implicó la emisión de dos títulos de deuda, con vencimiento en 2034 y 2035. Ahora, la empresa prepara la emisión de certificados de participación de un nuevo fideicomiso financiero (III), cuya estructuración ingresó en agosto al Banco Central (BCU) para su análisis, según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. La autorización que CVU solicitó es por el equivalente a US$ 350 millones en títulos que prevé lanzar en varios tramos; el primero saldría al mercado antes de fin de año, por hasta US$ 150 millones. Se dará la opción a los tenedores de series anteriores de canjearlas por este nuevo título. Los restantes tramos serán emitidos el año que viene o a principios de 2025, según lo previsto, dijo un informante.
Este fideicomiso es el tercero que estructuró recientemente CVU. El segundo no tuvo difusión pública porque fue de oferta privada y, según supo Búsqueda, sus compradores fueron bancos privados.
Subsidio ampliado
La extensión de la concesión de CVU incluye la ejecución de obras a través de los contratos de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento (Cremaf) en dos tramos de la doble vía de la Ruta 5 y en la Ruta 9. Esta modalidad prevé que, durante dos años, se construyan las rutas y en los 10 siguientes del contrato se le pague al contratista.
Para hacer frente a los pagos que debe realizar, CVU percibe ingresos provenientes de los peajes y de subvenciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través del “subsidio Cremaf”, que destina US$ 64,5 millones anuales para el período 2024-2033.
Esos US$ 645 millones fueron lo que que originalmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso para el “subsidio Cremaf”. Dentro de ese monto estaban incluidas las tres obras que ya fueron licitadas y las del anillo perimetral, para las que el llamado fue declarado desierto porque las ofertas superaban el costo que había sido estimado por el MTOP. Por lo tanto, del monto original del subsidio aún queda un remanente que se podrá destinar a obras cuyas licitaciones están en curso, como la de la nueva ruta o el nuevo proyecto del anillo perimetral.
El ministro Falero hizo gestiones con su par Azucena Arbeleche para ampliar ese subsidio en US$ 300 millones. La titular del MEF autorizó extender el gasto del subsidio a US$ 90 millones anuales para el período 2024-2033. Este nuevo diseño ahora es analizado por el Tribunal de Cuentas, dijeron las fuentes consultadas.
Falero fundamentó el pedido a Arbeleche basándose en dos argumentos por los que considera que la ejecución de los Cremaf fue exitosa. Uno de los motivos fue que redujo a la mitad los costos, si se compara con el discontinuado modelo de participación público-privada (PPP). Además, le presentó un dato estimado por la Dirección de Vialidad: las obras se están finalizando con una velocidad de entre 10% y 40% mayor, según la fuente. Esta “rapidez” en la ejecución de las obras se dio por los “incentivos” que tienen los contratistas para terminar las obras antes de tiempo y las “penalizaciones” que existen si superan el plazo de los 10 años.
Calificación
Los títulos de deuda que CVU ya emitió tuvieron una mejora en la calificación de riesgo de la agencia Moody’s, el jueves 7. La suba se fundamenta en la “fuerte recuperación” que hubo en el tráfico y en el cobro de los peajes, que en 2022 superó los niveles de la prepandemia.
Moody’s estima que la recuperación de la actividad económica en Uruguay —que motiva el aumento en el movimiento de las rutas— se mantendrá durante 2023, aunque a un “menor ritmo de crecimiento”.