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    Corredora acusada de estafa trató “diferente” a empleados que tenían inversiones y aplicó un supuesto “salvataje” discrecional

    Una vez enterados de la intervención de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers, los clientes de esa corredora de bolsa y del agente de valores enviaron a las empresas decenas de órdenes para darle destino de su dinero. Había pedidos puntuales, como el de retirar US$ 2.000 para abonar los costos de una sucesión o el de un giro de US$ 4.800 para el “pago” de una casa en Punta del Este, pero la mayoría mostraban que los ahorristas no querían tener más la plata ahí.

    “Solicito transferir toda la cartera de valores y efectivo a Nobilis”, “traspaso de todo a Bengochea Corredor”, “pasar a Sura” o simplemente “retiro y cierre”, eran algunas solicitudes enviadas a las dos empresas emparentadas bajo la dirección de Sara Goldring –hoy denunciada por estafa y apropiación indebida– y sus hijos Martín y Daniel Cukier, que estaban intervenidas por la Bolsa de Montevideo (BVM). Estos mensajes llegaron unos días después de que Goldring admitiera que había un desplome de los saldos de 350 clientes de perfil inversor agresivo, que pasaron de tener en total de US$ 110 millones a US$ 18 millones.

    CVM y United Brokers se amparó en el mandato de libre administración para vender opciones de put para la cartera de los clientes que tenían un perfil de inversor agresivo. Operaba en bancos del exterior bajo la modalidad de “cuenta ómnibus” —de varios clientes—, una práctica habitual en el mercado.

    La venta de puts es una operación que implica que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo, que en este caso eran acciones de empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Es una inversión que implica un riesgo alto porque, si bien puede generar importantes beneficios, si el precio de las acciones baja más allá del valor acordado previamente se pueden generar grandes pérdidas.

    En una nota que envió al Banco Central (BCU) en la que admite la crisis, Goldring mostró una gráfica con la evolución del índice de Nasdaq –la bolsa en la que cotizan las principales empresas tecnológicas–, que tuvo una “escalada sostenida” entre junio de 2020 y noviembre de 2021, pero que a partir de ese mes inició un “derrumbe violento del valor de las acciones”.

    Unas semanas después, Goldring comenzó de forma silenciosa lo que ella denominó un “salvataje de las inversiones”, una modalidad que luego el BCU definió como “crédito cedido a los inversores”. Pero fue recién seis meses después que alertó a los clientes de la caída de sus ahorros.

    El “salvataje” implicaba operaciones desde los clientes hacia cuentas propias de la empresa, de firmas vinculadas o de Goldring y familiares. Por ejemplo, en diciembre de 2021 desde la cuenta de “CVM terceros” –la “cuenta ómnibus”– en Bank of New York transfirió a Carinalli –una sociedad offshore que la empresaria tiene en Panamá– US$ 1.468.000 por 100 opciones de COIN 400, una alternativa para comprar criptoactivos.

    Las transferencias continuaron a cuentas de otras sociedades offshore vinculadas a Goldring o de personas relacionadas a ella en el banco de inversión Jefferies o en Pershing, una subsidiaria de Bank of New York. Entre las opciones que vendió hubo acciones de Mercado Libre, por hasta US$ 2.853.840. La información surge de documentos del BCU, de la empresa, de escritos elaborados por abogados y de correos electrónicos a los que accedió Búsqueda.

    En diciembre pasado, el BCU resolvió la liquidación de CVM. A fines de enero, la Bolsa de Valores de Montevideo concluyó su intervención y la Liga de Defensa Comercial fue designada como la liquidadora de la empresa. Los saldos en dólares de los bancos custodios solo cubren el 0,7% de los ahorros de los clientes en efectivo; un grupo de ahorristas afectados presentó una impugnación por “cubrir solamente” ese porcentaje, informó El Observador el lunes 13.

    El fiscal Enrique Rodríguez inició la investigación y, aunque fue trasladado desde Delitos Económicos a Lavado de Activos, retomará la causa. La Fiscalía ahora encabezada por Alejandro Machado solicitó al fiscal de Corte, Juan Gómez, poder abstenerse del caso porque un integrante del equipo está relacionado con uno de los involucrados en la causa, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.

    Muchos de los clientes de las dos empresas de bolsa de Goldring y sus hijos son integrantes de la comunidad judía, que se vio sacudida por la presunta estafa.

    Diferencias entre clientes

    Con las pérdidas millonarias admitidas, CVM planteó una metodología para reasignar los saldos de los clientes. En el listado que llegó al BCU había inversores que estaban pintados con un color distinto, con saldo en cero y una aclaración: “Cuentas que han cerrado entre el 30/06/2021 y la fecha de cálculo”.

    El BCU pidió más información y, tras una nueva respuesta, observó que se dio un “tratamiento diferente a los clientes”: a quienes no retiraron fondos, les calcularon los saldos con la nueva metodología, mientras que los que habían sacado el dinero antes de que se hiciera público el problema no tuvieron “ninguna quita”.

    El informe de quienes fiscalizaron a las empresas sostiene que a la contadora Paula Lejcis, “quien tiene un vínculo contractual” con el escritorio de bolsa, no se le “realizó ninguna quita”. Trabajaba en el área de Riesgos.

    Lejcis declaró ante el fiscal Rodríguez que no accedió a información privilegiada previo al colapso, publicó El Observador el 17 de enero. La nota informa que en 2019 Lejcis figuraba como directora suplente del Cambio Montevideo, propiedad de los Cukier en Argentina.

    Una ex empleada de la empresa también fue beneficiada por una de las modalidades de “salvataje” que eligió Goldring. La corredora compró instrumentos de sus clientes a valores superiores a los del mercado en el momento de la operación. Por ejemplo, adquirió una parte del fondo de inversión SCG Cross Market al precio de 100 cuando su valor en el mercado era 52,54. Otros inversores que tenían posición en ese mismo fondo no tuvieron “la misma consideración”, según el informe. Por lo tanto, la compañía “aplicó discrecionalmente el salvataje”.

    CVM propuso distribuir los saldos como si fueran las cuotapartes de un fondo de inversión en el que todos los participantes registran una “rentabilidad similar”. Pero de los estados de cuentas de los clientes se desprende que hay una “asignación individual” de las ganancias y pérdidas de los inversores. “Las rentabilidades variaban de manera muy importante”, constataron los técnicos del BCU.

    El informe agrega que, si fuera un fondo de inversión, los clientes deberían haber sido advertidos de la modalidad de operación, algo que no sucedió.

    Información oculta

    Cuando los problemas se hicieron públicos y a los clientes se le comunicaron los saldos, CVM organizó reuniones con ellos para ofrecerles un acuerdo. Los clientes debían reconocer su perfil agresivo, haber otorgado el mandato de libre administración a la corredora y aprobar la gestión de la firma en un contexto de caída del mercado y las pérdidas que derivaron de las opciones de venta. Además, debían renunciar a cualquier acción administrativa o judicial contra las autoridades de la empresa. Como contrapartida, Goldring renunciaba a “cualquier eventual crédito o reclamación, judicial o extrajudicial” que le correspondiera. Esta última cláusula “deja en evidencia”, de acuerdo con la interpretación técnica del BCU, que el “salvataje” planteado por Goldring era un “crédito concedido a los inversores” sin que lo supieran.

    Según el informe, la corredora también impidió que los ahorristas conocieran las pérdidas que estaban teniendo y pudieran tomar decisiones. Cuando el precio de los activos bajaba y, por tanto, los puts vendidos generaban pérdidas, vendía nuevas opciones que permitían que a la cuenta del cliente ingresara una prima cobrada por esa venta. De esa forma, Goldring evitaba que los clientes supieran de sus pérdidas. Al 31 de mayo, los ahorristas de perfil agresivo mostraban un saldo de US$ 59 millones, cuando en realidad los bancos custodios tenían US$ 18 millones.

    Otra de las irregularidades detectadas fue que inversores que no habían tenido operaciones de riesgo durante un año fueron incluidos entre los clientes de libre administración, por lo que registraron pérdidas sin haber tenido participación. También generó un “riesgo indebido” porque no cumplió con las exigencias de contribuciones de garantía, según los técnicos del BCU.

    Una vez decretada la intervención, las empresas de Goldring continuaron ordenando operaciones usando “de manera arbitraria” el mandato de libre administración, agrega. El 28 de julio, por ejemplo, CVM ejecutó opciones de put que implicaron que la cuenta de terceros en Jefferies estuviera en saldo negativo. Esto le daba la posibilidad al banco custodio de cobrar “intereses diarios” perjudicando a “todos los clientes de la cuenta ómnibus”.

    Las funcionarias del BCU que trabajaron en CVM aseguraron que tuvieron “dificultades” para obtener la información que necesitaban para la supervisión.

    “Mano propia”

    “Las cuentas personales de la Sra. Sara Goldring se encuentran temporalmente congeladas dado que el Banco Central del Uruguay solicitó a Jefferies que no permitiera realizar desembolso alguno”. Ese mensaje de mail lo escribió un asesor del banco de inversión al equipo de abogados de la corredora uruguaya y disparó el contraataque judicial de Goldring.

    La empresaria inició una acción de amparo contra el BCU porque, argumentó, “carece de competencia para instruir el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial”. En el escrito, aseguró que la actuación en este tema fue “secreta” y “oculta”, y que violó el principio básico de transparencia. “El BCU realiza ‘justicia por mano propia’, sin dar conocimiento a los comparecientes de las medidas que adopta y ocultando documentación del expediente administrativo”, dice el texto que presentó.

    Las cuentas de Carinalli Internacional, Comptoir international, Sara Goldring y Martín Cukier son “personales” y “no guardan –desde el punto de vista jurídico– relación” alguna con CVM y United Brokers, asegura el documento.

    El Observador informó en julio que Goldring abrió en 2021 cinco offshore a su nombre: Carinalli, Comptoir y Perk Buenavista Corp, en Panamá; Perk Global LLC y Connecticut, en Estados Unidos.

    El juez no dio lugar al pedido de Goldring y la sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. En diciembre la Justicia decretó el embargo de sus cuentas en el sistema bancario uruguayo y en el exterior.

    Economía
    2023-02-15T20:36:00