Corte dividida sobre si mutualistas pueden demandar a quienes lesionan a sus afiliados para recuperar costos de tratamientos

La mayoría, conformada con los votos de Tabaré Sosa, Luis Tosi y Loreley Pera, sostuvo que las mutualistas están legitimadas para reclamar a terceros el pago de los gastos si estos provocaron los daños. En cambio, para la minoría integrada por Elena Martínez y Bernadette Minvielle, no tienen derecho a hacerlo, porque la atención de situaciones imprevistas está incluida dentro de las prestaciones y contemplada en la cuota mensual.

La Corte por mayoría desestimó el recurso y consideró legítimo el reclamo de la mutualista. En la sentencia firmada el 14 de setiembre —a la que accedió Búsqueda—, los ministros que votaron en mayoría recordaron que la Corte había analizado el tema años anteriores y había adherido a la “corriente doctrinaria y jurisprudencial que le reconoce legitimación activa a los centros asistenciales para reclamar el daño causado por los gastos incurridos en la atención a sus afiliados en hipótesis” similares a las del caso.

Señalaron que suscribían esa posición y como fundamento citaron una sentencia anterior, en la que la Corte sostuvo que “la solución que ordena pagar a quien ocasionó el daño con su actuar ilícito es no solamente justa, sino también acorde a derecho, en tanto no se prevé en la cuota mutual la contingencia de accidentes y por tanto el enfrentar esos gastos configura un daño para el centro asistencial”. Por lo tanto, “es pues de estricta justicia que sea el responsable del ilícito quien repare la totalidad del perjuicio ocasionado”, sostuvieron.

No obstante, dos ministras discreparon de esa posición y respaldaron la decisión adoptada por la jueza Otero. En el fundamento de su voto discorde, la ministra Martínez señaló que desde que se desempeñó como jueza de primera instancia ha sostenido que los prestadores de servicios de salud “carecen de legitimación sustancial activa para reclamar el pago del costo de la atención brindada a sus afiliados” cuando el daño fue causado por un tercero.

“Entiendo que no existe daño alguno sufrido por la entidad de asistencia médica, obligada a prestar el servicio y a cubrir sus costos, en carácter de contraprestación, de conformidad con el contrato que la vincula con el afiliado”, argumentó. Señaló, a modo de comparación, que cuando el daño a la salud del usuario es provocado por él mismo (por consumo de tabaco u obesidad, por ejemplo), no se pacta una “sobrecuota” ni se “pretende repetir contra el afiliado los gastos causados por la atención de enfermedades provocadas por tales factores de riesgo”.

“Tampoco se pretende repetir el gasto causado por la atención de un afiliado en caso de intento de suicidio, ni aun de varios de ellos”, continuó.

Martínez indicó que “no se le escapa” el impacto que su posición puede tener “en la economía o las finanzas de las entidades de asistencia médica afectadas por la forma de fijación de las cuotas que deben pagar sus afiliados con intervención del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, sostuvo, no hay ningún elemento que indique que “el precio de la cuota no incluya situaciones anormales, extraordinarias o imprevisibles”. O que el precio no tome en cuenta “estadísticas que hayan considerado la posibilidad o la probabilidad de que un afiliado sufra daños causados por un tercero o por sí mismo”.

La ministra insistió en que los gastos imprevistos ocasionados, por ejemplo, por accidentes, no están “excluidos contractualmente de la prestación” que brinda el centro médico.

En la misma línea votó Minvielle, quien en su fundamento explicó que la resolución del caso implicaba asumir posición “sobre un asunto que, desde larga data, ha dividido a la doctrina y a la jurisprudencia”. La ministra también señaló que a lo largo de su carrera ha sostenido que las entidades mutuales “carecen de legitimación activa para reclamar la reparación del daño experimentado por sus afiliados”.