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Era mediados de 1968 y en Montevideo se vivía una agitación similar a la que ocurría en varias capitales de Occidente. La movilización sindical y estudiantil era casi permanente, con barricadas en las calles, autos quemados y vidrieras rotas. El 13 de junio, el gobierno del entonces presidente Jorge Pacheco implantó medidas prontas de seguridad para controlar la situación. Ese mecanismo, pensado como excepción, rigió por 1.117 días.
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El “Mayo francés” quedó en la historia. Pero al gobierno del Frente Amplio le preocupa que otro fenómeno, también de alcance global, lo obligue a recurrir a las medidas prontas de seguridad previstas en la Constitución: el terrorismo.
La semana siguiente a los atentados terroristas en París, ocurridos la noche del viernes 13 de noviembre, autoridades de los Ministerios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, jerarcas policiales y militares se reunieron en Cancillería para elaborar una “estrategia nacional de lucha antiterrorista”. Ese grupo prepara un proyecto de ley para crear un sistema con “niveles de alerta” en el que se establezca con precisión qué medidas de seguridad se activan en casos de amenaza o atentados terroristas, informaron a Búsqueda fuentes del gobierno.
“La idea es establecer esas fases, en las que se fijen qué tareas debe cumplir la Policía y las otras dependencias del Estado encargadas de la seguridad dependiendo de los niveles de riesgo”, precisó una de las fuentes.
Uruguay cuenta con una evaluación sobre el estado de situación elaborada por el Comité Antiterrorista de la ONU. Representantes de ese organismo visitaron el país entre el 2012 y el 2014 (la última vez fue en mayo del año pasado) y se entrevistaron con responsables de varias áreas del gobierno. El Comité presentó varias recomendaciones a las autoridades para que ajusten la normativa. Entre otras cuestiones, el país está retrasado en la aprobación parlamentaria de varios tratados internacionales vinculados al terrorismo.
Uno de los primeros proyectos de ley que prevé enviar el Poder Ejecutivo al Parlamento es el que creará el sistema de alertas. El gobierno seguirá ejemplos como los de España, Australia y Estados Unidos, donde existen mecanismos similares.
El sistema español tiene cinco niveles. Luego de los atentados en París, el gobierno de Mariano Rajoy subió su alerta antiterrorista en nivel 4, un “riesgo alto”. Esa decisión, informó “El País” de Madrid, “implica un aumento de la vigilancia de las infraestructuras críticas —como aeropuertos, centrales nucleares y estaciones— y la activación de todas las fuerzas de seguridad dedicadas a la prevención, investigación e información de la lucha antiterrorista”. También aumenta la presencia policial en la calle.
El nivel más bajo —exceptuando el riesgo cero— se aplica solo cuando hay una posibilidad remota y el gobierno adopta medidas “genéricas” para detectar amenazas potenciales. En el nivel cinco, en cambio, permite al Poder Ejecutivo solicitar la presencia militar en las calles, así como reforzar con soldados las infraestructuras que se consideren “objetivos estratégicos”.
“La única” herramienta que tienen hoy las autoridades uruguayas en caso de un ataque terrorista “son las medidas prontas de seguridad”, recordó una de las fuentes, y eso “no es lo más práctico para estas situaciones”.
El artículo 168 de la Constitución prevé que el presidente, actuando con sus ministros, o con el Consejo de Ministros está habilitado a “tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”. Dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación del decreto, debe informar de su decisión y los motivos a la Asamblea General para que resuelva.
Las medidas prontas de seguridad “solo autorizan” a arrestar o trasladar personas de un punto a otro del territorio, “siempre que no optasen por salir de él”, establece la Constitución. En estos casos también se requiere la intervención del Poder Legislativo.
