Un diputado nacionalista había dicho a Búsqueda semanas atrás que la aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes había dejado heridas más grandes que en otras instancias presupuestales. Y cuando las heridas todavía no habían suturado, la cámara baja fue escenario de otro choque dentro de la coalición de gobierno, cuya magnitud llegó hasta la Torre Ejecutiva.
Cabildo Abierto votó el martes en el Parlamento a favor de recursos interpuestos por ediles frenteamplistas, lo que dejó en minoría a blancos y colorados pese a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, que trató sin éxito de intervenir en la negociación y evitar que la coalición oficialista se quebrara.
Una de las primeras advertencias emergió el domingo pasado. El diputado cabildante Álvaro Perrone denunció que en la votación de la Rendición habían sido incluidos, a último momento, un par de artículos que le otorgaron doble voto al presidente del Banco de Previsión Social (BPS) y del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), organismos que este partido integra en el directorio. Perrone apuntó contra los blancos y advirtió al diario El País que quienes habían realizado la maniobra “tendrán que explicarles a sus compañeros de partido que lo único que están haciendo es lesionar la confianza de la coalición”.
El mismo diputado también fue protagonista de una serie de intercambios respecto al proyecto de ley de juego online, que había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y que también tuvo como protagonista a otro cabildante, el diputado Sebastián Cal, que manifestó reparos al articulado en la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles 31 de agosto. Cal adelantó a El Observador el lunes que no votará el proyecto así como está, y según dijo a Búsqueda, le recomendará al resto de sus compañeros de bancada que tampoco lo hagan.
El mismo lunes, Perrone pidió postergar la visita a la comisión de las delegaciones que iban a ser recibidas el miércoles 7: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y abogados de la firma que representa al grupo del empresario Giuseppe Cipriani, quien compró el predio del Hotel San Rafael en Punta del Este. Cuando la agenda ya estaba fijada, el legislador dijo que no estaría presente los próximos 15 días por encontrarse de licencia, y que quería estar presente “en un tema tan importante”, por lo que pidió correr las delegaciones por esos días, según un fragmento de la conversación de WhatsApp a la que accedió Búsqueda.
El presidente de la comisión, el nacionalista Álvaro Viviano, le respondió que no se podía acceder “por una cuestión de seriedad y porque las coordinaciones ya están hechas”, y le aseguró que la idea no era votar el proyecto ese día. La respuesta de Perrone llegó seis minutos después: “Como es un tema serio es por eso que lo planteamos; si usted cree que yo no soy serio le pido que lo diga en la comisión”. En seguida, planteó que su suplente, Adriana Figueira, entraría a la sesión pero luego se retiraría. “Cuando nosotros entendamos que tengamos que tratar el proyecto lo haremos, por el momento nada nos apura”.
Viviano respondió que “la seriedad está usada en referencia a convocatorias ya hechas y a delegaciones que no podemos convocar y desconvocar”. Y le aclaró: “No me atrevería jamás, diputado, a adjetivar sobre usted en esos términos”. Y Perrone insistió: “Muchas veces nosotros citamos delegaciones y vienen cuando quieren, ahora, si nosotros pedimos un cambio hay problema”. El martes, Viviano informó que había logrado “suspender” la comparecencia de los asesores legales de Cipriani, pero no del MEF, lo que fue agradecido por Perrone.
La oposición y Cabildo, mayoría
Esa mañana, pocas horas antes de la sesión ordinaria de la Cámara, los coordinadores blancos y colorados se desayunaron que la bancada de Cabildo Abierto no apoyaría las resoluciones tomadas por la mayoría de la coalición en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, respecto de una serie de recursos de apelación presentados ante Diputados por ediles del Frente Amplio en Río Negro y Rocha.
En ambos casos, los ediles cuestionaron normativas de las intendencias —las dos gobernadas por el Partido Nacional— que violentaban la ley de ordenamiento territorial. En el caso de Rocha, la disputa es sobre una resolución que permitía la habilitación de un emprendimiento urbanístico en balneario Garzón, mientras que en Río Negro se trataba de un decreto que habilitaba, a través de una “medida cautelar”, a construir sobre las rutas 25 y 3 del departamento, duplicaba la altura permitida para dos de las calles centrales de Young y recategorizaba el suelo urbano en algunas zonas de la ciudad, con el objetivo de facilitar inversiones por US$ 3 millones en dicha ciudad, según había dicho el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
La actitud de Cabildo fue especialmente sorpresiva para los legisladores del resto de la coalición porque su diputado en la comisión, Eduardo Lust, votó alineado con sus aliados e incluso ayudó a redactar los informes en mayoría. No obstante, una visita del cabildante Norbertino Suárez, director nacional de Ordenamiento Territorial, a la comisión, ya marcaba algún reparo a nivel del Ministerio de Vivienda, sobre todo respecto a la aplicación de la medida cautelar utilizada en Río Negro.
Cinco horas y 15 minutos pasaron desde que comenzó la sesión hasta que el tema, que estaba tercero en el orden del día, empezó a ser tratado. Entre medio, una serie de cuartos intermedios dio paso a varias reuniones con el fin de evitar que Cabildo Abierto se alineara con el Frente Amplio. A la mayoría circunstancial se había sumado también el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.
Sin la presencia de los coordinadores cabildantes —Cal ya no estaba presente y Lust votó junto con blancos y colorados—, Perrone, que es uno de los diputados más cercanos al líder de este partido, el senador Guido Manini Ríos, fue el portavoz de la postura, categorizada como “inflexible” por sus socios. Según participantes en el encuentro, Perrone dijo que la decisión ya estaba tomada y que tenía el respaldo de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), y además les recordó a sus socios algunos temas que habían molestado a su partido, como la no resolución de su ingreso a la Corte Electoral y la aprobación del doble voto en el BPS y el INAU.
Las negociaciones rápidamente trascendieron a la cámara y al Parlamento. El líder de la bancada nacionalista, Gustavo Penadés, se hizo presente en el encuentro, para intentar descomprimir la situación. Integrantes de la bancada nacionalista, a su vez, entraron en contacto con Manini Ríos, que respondió que se trataba de un tema de los diputados. La situación rápidamente llegaría a la Torre Ejecutiva, desde donde se intentó acercar posiciones con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que tampoco dieron resultados. “Todos quienes quisieron ponerse en contacto con la ministra no pudieron, estaba inubicable”, resumió una fuente parlamentaria. Por lo pronto, la situación generó “sorpresa” y “malestar” en el Ejecutivo, ante una situación “absolutamente inesperada”.
Ahora, los nacionalistas aspiran que la Dinot solucione los “inconvenientes” que le generará a ambas intendencias por la aprobación de estos recursos.
Por lo pronto, el malestar de los blancos se reflejó en la votación. Viviano dijo que estaba viendo “mayorías circunstanciales” que le llamaban “poderosamente la atención”, y sostuvo que lo ocurrido “obviamente que no está dentro de pilares de mis mecanismos de funcionamiento, donde uno es leal al compromiso, a la palabra, a lo que se firmó y lo que se construye”.
“Aquí hemos tenido algunas muestras bastante extrañas de lo que para algunos significa la política”, expresó.
El presidente de la Comisión de Constitución, Diego Echeverría, sostuvo que respetaba a quienes habían manifestado una posición en la comisión, “pero no puedo respetar a quienes hoy votaron y no emitieron una sola palabra de por qué están en contra”, dijo, cuestionando a la bancada cabildante, que no había intervenido hasta entonces. El diputado blanco sugirió que no justificaban su votación en la cámara porque habían recibido “un lineazo” de su partido que debían cumplir.
