Al mismo tiempo que la actividad de algunas financieras del consumo parece insinuar un repunte, las empresas del sector y sus empleados se encaminan a cerrar un nuevo convenio colectivo.
Al mismo tiempo que la actividad de algunas financieras del consumo parece insinuar un repunte, las empresas del sector y sus empleados se encaminan a cerrar un nuevo convenio colectivo.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSegún el monitoreo que realiza la administradora de crédito Pronto!, divulgado el lunes 23, el mercado de préstamos al consumo registra un repunte en el inicio de la segunda mitad del año, aunque los usuarios “se mantienen con prudencia pero con cierta mejora de su mirada sobre la economía en el corto plazo”. Las personas de ingreso medio y medio-bajo —que en general atienden estas financieras—, con algún tipo de endeudamiento vigente, pasaron de 72% a 73% en comparación con el trimestre anterior.
Además, la morosidad en este segmento dejó de aumentar, conforme con ese monitor.
Mientras, OCA viene manteniendo la cantidad de préstamos concedidos en lo que va del año en niveles similares al mismo período de 2018, si bien hubo una “evolución creciente” en los últimos meses, informó a Búsqueda su gerente general, Ignacio Arechavaleta. Para todo el año proyecta volúmenes que representen una suba en términos reales “que no llegará a dos dígitos”.
En el caso de OCA —una de las más grandes del sector— la morosidad tuvo aumento “leve” desde el último trimestre de 2018 pero se sitúa “de cualquier manera en niveles similares a los de la banca privada y, por ende, muy distantes a los del resto de las empresas financieras”, indicó Arechavaleta. Acotó que eso no constituye “un factor de preocupación”, aunque es “necesario monitorear y segmentar adecuadamente las ofertas de crédito”.
El sector de las financieras emplea a unos 4.200 trabajadores, informó a Búsqueda José Iglesias, presidente del consejo del área privada de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU). Su desarrollo es mayor en el interior del país, y no solo en las capitales, sino también en ciudades chicas.
Iglesias aseguró que se terminó el problema de los “salarios sumergidos” que había cinco años atrás, pero en el convenio colectivo que rigió hasta junio persistía otro: el sector había registrado un crecimiento en términos del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que no se previó un correlato entre las ganancias y los incrementos salariales.
Por este y otros motivos, trabajadores de las administradoras de crédito afiliados a AEBU realizaron paros y movilizaciones en agosto, que siguen en setiembre. En ese contexto, la semana pasada AEBU logró un preacuerdo para un nuevo convenio, tras una extensa negociación con el Ministerio de Trabajo. Su punto central es el crecimiento salarial, que estará atado al comportamiento que tenga el PBI en los próximos años.
Además de un aumento del salario mínimo para el sector de las administradoras de crédito, también se estableció un correctivo por inflación a 12 meses. A esto se suman dos aumentos nominales semestrales, de 3,5% cada uno, que completan 7% en el año; y una mejora de 2,25% en el presentismo.
El preacuerdo incluye también algunas mejoras en las condiciones laborales, como la fijación de un monto mínimo para un quebranto de caja para todo el sector, y además un valor por cada operación. Hasta ahora, el quebranto solo existía para aquellas empresas que habían firmado convenios bipartitos.
Iglesias se mostró esperanzado respecto a que el Poder Ejecutivo “acompañe” este nuevo convenio, “sin votar en contra”.
Las elecciones presidenciales están cada vez más cerca, y las organizaciones sindicales escuchan atentas las propuestas de los distintos candidatos.
“Venga el gobierno que venga, lo que a AEBU le preocupa es que haya un retroceso en los Consejos de Salarios. Y negociar empresa a empresa es un retroceso”, opinó Iglesias. Esa propuesta “significa problemas para los trabajadores que no están sindicalizados y para los trabajadores que tienen organizaciones más débiles”. Además, señaló que negociar empresa a empresa podría traer aparejado “problemas de competencia dentro de las ramas” de actividad. Para el directivo de AEBU, este planteo de la oposición apunta hacia “una baja del salario”.
El candidato presidencial por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, planteó que los trabajadores no sindicalizados tengan representación en la negociación colectiva. Iglesias dijo que discrepa con esta propuesta, ya que considera que a todos los trabajadores se les da opción de organizarse de forma colectiva o no. Los trabajadores que optan por no sindicalizarse, entonces, no deberían integrar las negociaciones, porque esa fue su decisión “en la libertad de opción”, alegó.