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En medio de la transición política, denuncias de presuntas irregularidades atribuidas a un jerarca municipal blanco y cuestionamientos a la ética de un funcionario designado del futuro gobierno enfrentaron a dirigentes del Frente Amplio y de la actual oposición.
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El asunto de la ética, incluso, parece perfilarse como un tema conflictivo más allá del 1º de marzo, cuando esté instalada la nueva administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Es que en la última reunión de la bancada electa nacionalista, efectuada la semana pasada, se mencionó la posibilidad de retomar casos que quedaron pendientes en la anterior legislatura. Los negocios con Venezuela es uno; su tratamiento en la Justicia fue archivado y no tuvo los votos necesarios para instalar una comisión investigadora en el Parlamento. Los legisladores blancos tienen distintas miradas sobre cómo podría ser reactivado el tema, dijeron a Búsqueda fuentes del Partido Nacional. Para algunos diputados, el mejor camino sería aportar nuevas pruebas a la Justicia que permitan reabrir la causa. Otros manifestaron que se deben aprovechar los nuevos equilibrios políticos en el Parlamento para crear una comisión que investigue y que luego, a partir de lo que surja allí, se generen elementos para su tratamiento judicial. Por otro lado, también hay legisladores blancos que entienden que podrían instalarse comisiones investigadoras en torno a la gestión de Antel o el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo plantearon como una sugerencia y no como una propuesta definitiva.
Desde el Frente Amplio cuestionaron la ética del designado director de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del futuro gobierno, Isaac Alfie, quien como consultor elaboró un informe sobre los regímenes de promoción de la inversión y, el miércoles 29, compareció en Washington en calidad de experto en el arbitraje entre la minera Aratirí y el Estado uruguayo.
Javier Miranda, presidente de la coalición de izquierda, acusó a Alfie de un supuesto delito de conjunción del interés público y privado, y puso en duda la imparcialidad de los peritos. Y la candidata a intendenta de Montevideo Carolina Cosse le reclamó al economista que no asuma el cargo, “por ética”.
Lacalle Pou ratificó el nombramiento de Alfie.
El asunto de la ética, incluso, parece perfilarse como un tema conflictivo más allá del 1º de marzo, cuando esté instalada la nueva administración encabezada por Luis Lacalle Pou.
Por otro lado, un dictamen difundido el lunes 27 por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) referido a la Intendencia de Artigas, dirigida por el blanco Pablo Caram, disparó otra discusión. Allí el jefe comunal y dos funcionarios son responsabilizados de violar normas de administración pública durante procesos de licitación para contratar empresas privadas.
Caram cuestionó a la junta anticorrupción y le atribuyó intencionalidad política a su dictamen.
El exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, defendió a Caram y acusó a la Jutep de utilizar la “metodología propia de un comité de base”. Y agregó en una carta que se publica en la sección Cartas al Director en esta edición de Búsqueda: “El país necesita un organismo que se maneje con la seriedad que tan delicado asunto merece”.
En el Frente Amplio siguen de cerca la situación de la comuna artiguense. Consideran que lo que se le atribuye a Caram “es muy grave” y que tendrá consecuencias tanto para él como para su partido en el departamento, dijeron a Búsqueda fuentes de la coalición de izquierda. Están a la espera de que la Justicia tome el dictamen de la Jutep para actuar y, si no lo hace, desde la bancada de ediles frenteamplistas se lo solicitará.
