El periodista Eduardo Preve informó que, para blanquear dinero proveniente de la venta de drogas, Leiva utilizaba un local de Abitab propiedad de Laura Scalabrino, esposa del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. Hasta el momento, la justicia no formalizó una investigación contra Gandini. El jerarca afirmó el 22 de setiembre en una conferencia de prensa que Leiva concurría al establecimiento para pagar en efectivo recibos del BPS correspondientes a dos empresas constructoras por montos de entre $ 300.000 y $ 400.000 y, en algunas ocasiones, también de la DGI.
Gandini dijo, además, que desde el local se comunicaban con Leiva cuando necesitaban “cambio chico”, es decir, billetes de baja denominación. “Sí, dicen que sí, que entre lo que pagaba alguna parte eran billetes de $ 100 y $ 200 y que habitualmente le pedían dinero cuando se quedaban sin cambio cuando la central no se los mandaba”, declaró.
Según informó la diaria, Rodríguez solicitó el levantamiento del secreto bancario de algunos de los investigados a partir de la Operación Trazador y ordenó relevar las cámaras del local de cobranzas vinculado a la esposa de Gandini, ubicado en Villa Española.
Al momento de su detención, Leiva fue registrado por cámaras de los efectivos de la Brigada Antidrogas diciendo que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero de Cambio Monex, algo que será analizado por la fiscalía.
Consultado por Búsqueda, el abogado Leonardo Costa, especializado en la prevención del lavado de activos, señaló que “la primera gran duda” del caso surgido con la Operación Trazador, y de los cambios y redes de cobranza presuntamente involucrados, es “si hay funcionarios de los cambios que violan el sistema y eluden los controles”.
Este lunes 5 el Partido Nacional decidió suspender por dos años al edil Gómez, que tenía contratado a Leiva como asesor. Gómez había reconocido en una conferencia de prensa que Leiva, aunque cobraba un sueldo, no tenía tareas asignadas.
Las casas de cambio y el fraccionamiento de fondos
En febrero de 2026 la Senaclaft publicó un documento en el que difundió varias tipologías nacionales de lavado de activos, para facilitar el trabajo de los sujetos obligados “en la identificación de las principales técnicas (...) empleadas por los delincuentes para intentar disimular” el “origen ilícito” del dinero que mueven. Allí se daban herramientas para “considerar las distintas señales de alerta que se pueden presentar en cada caso”, para “detectar posibles operaciones con características inusuales o sospechosas que deban ser reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero” del BCU.
Entre los 11 casos de lavado de activos que se detallan en el documento de la Senaclaft aparecen varios en los que se utilizaban casas de cambio. El caso Osiris, que llevó adelante la Policía en 2023, incluyó una organización criminal familiar que se dedicaba al microtráfico de drogas, que compró un supermercado de menor porte para dar apariencia de legalidad a los activos que iba generando con la venta de estupefacientes: mezclaba los fondos ilegales que obtenía del microtráfico con el flujo de activos legales del autoservicio.
Con los ingresos, se explica, la organización usaba pesos uruguayos para comprar dólares, a través de diferentes casas de cambio de moneda, en una “clara maniobra de fraccionamiento”. El “fraccionamiento” consiste en realizar un conjunto elevado de operaciones en efectivo por pequeños montos, para no ser detectados por los controles, o evadir umbrales. Esto también es conocido como “pitufeo”. Luego los dólares eran usados para adquirir bienes, como vehículos de alta gama, un inmueble y joyas.
Por otro lado, en el caso Camelia, una organización vinculada al tráfico internacional de drogas generaba el dinero en otro país y luego lo hacía circular por empresas y cuentas en Uruguay, además de otros dos países, para ocultar su origen. En Uruguay, una organización local facilitaba las transferencias mediante la creación de empresas, de cuentas bancarias donde recibían el dinero mediante transferencias, lo enviaban a una casa de cambio nacional y luego a una cooperativa de crédito en otro país, desde donde la enviaban al país de origen. Además, parte del dinero fue incorporado a la economía formal en Uruguay mediante la compra de vehículos e inmuebles.
Estos dos ejemplos detallados por la Senaclaft muestran algunas formas en que las organizaciones vinculadas al narcotráfico utilizan para introducir el dinero al sistema financiero. En el caso de una red de cobranza, puede ser con el pago de facturas truchas, señalaron fuentes fiscales.
Casos de perfil alto
Las casas de cambio también fueron usadas para mover dinero de la corrupción en el fútbol regional, en algunos casos para enviar a Uruguay coimas al entonces vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo. El exdirigente de fútbol fue condenado por estafa y lavado de activos en 2018.
El exsindicalista y dueño de medios Marcelo Balcedo, condenado en Uruguay por lavado de activos en 2020, usó casas de cambio.
Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, elaborado para la fiscalía, indica que el extitular de Conexión Ganadera Gustavo Basso realizaba operaciones a través de una casa de cambios de propiedad de la familia.
A su vez, una denuncia de estafa contra el exrugbista Gonzalo Campomar incluye una descripción detallada de cómo se usaba el cambio propiedad de su familia con el fin de recibir efectivo y usarlo en un mecanismo irregular para mover dinero hacia el exterior.
Alertas que no sonaron
A partir de la Operación Trazador, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, resolvió convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que integran también los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación y Cultura, y Economía y Finanzas, la Fiscalía, el BCU y la Junta de Transparencia y Ética Pública.
En una rueda de prensa, Díaz dijo que en el caso “no funcionaron las alertas que debieron funcionar, el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo es un elemento indicativo de riesgos” y el uso “en billetes de baja denominación mucho más todavía”.
Además, señaló que se hizo un análisis de la Estrategia Nacional de Riesgo que se aprobó en 2023, que “no contempla algunos riesgos”, como la utilización de redes de pago, que no están incluidas. “Nos llevamos como deberes trabajar sobre una modificación”, dijo Díaz.
Hubo 12 supervisiones en un año
Las casas de cambio y las empresas de servicios financieros están entre los sujetos sometidos a controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En el caso del sector financiero —que incluye a las casas de cambio—, es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.
El informe estadístico publicado en 2025 por el Sistema Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, que coordina la Senaclaft, señala que en todo 2025 hubo 75 supervisiones a empresas de Servicios Financieros y casas de cambio; en 2024 fueron 28, 77 en 2023, ninguna en 2022 y 14 en 2021. La mayoría fueron hechas a distancia.
La memoria anual de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU especifica que en 2025 las supervisiones “in situ”, es decir presenciales, fueron siete a casas de cambio y cinco a empresas de servicios financieros, es decir 12 en total.
En ese mismo año, esas entidades enviaron 12 reportes de operaciones sospechosas, equivalentes al 1,2% del total. Fue el segundo registro anual más bajo desde 2021. En los últimos cinco años, las casas de cambio y empresas de servicios financieros realizaron en conjunto 80 reportes.
En materia de sanciones, en los últimos cinco años hubo seis multas a entidades de ese sector: cinco fueron aplicadas en 2024 y una en 2021.
El informe de la Senaclaft señala que durante 2025 se realizó una revisión completa de los procedimientos y criterios de supervisión “con la finalidad de enfocar las actuaciones en el riesgo”. Si se consideran los controles presenciales “in situ” y a distancia “extra situ”, las empresas de servicios financieros y casas de cambio fueron el segundo grupo de entidades más supervisado, después de los asesores de inversión y gestores de portafolio, y a las que más se aumentaron los controles en proporción.
El documento indica que en 2025 se realizó una revisión completa de los procedimientos y los criterios de supervisión “con la finalidad de enfocar las actuaciones en el riesgo”.
Costa señaló que el BCU “no tiene la posibilidad material de ir a todos”, por lo que resuelve a partir de la “matriz de riesgo” surgida de los informes de auditores externos que deben realizar las casas de cambio. Sobre la posibilidad de que exista una doble contabilidad en las entidades —de la actividad legal del cambio y otra de la ilegal—, dijo que es una “gran duda”. También considera una “gran duda” si una doble contabilidad es fácil de detectar o no.
Para el abogado, el lavado de activos “está totalmente subestimado”, por parte del sistema político y de la sociedad, y “hay una subestimación del riesgo que hay”. En esa línea, consideró que para el volumen de droga que se incauta, debería ser mayor el dinero o los activos que se incautan a las organizaciones criminales. “Si vos incautás solo la droga y no la plata, no estás dándole al sistema lo que tenés que darle, que es cortarle los flujos financieros”, dijo.
El especialista consideró que esa situación se da por un “problema de eficiencia del sistema” en la persecución del delito de lavado de activos, por ejemplo, por la existencia de una única fiscalía especializada y la falta de recursos humanos, tanto en el Ministerio Público como en la Senaclaft.
BCU quería dejar de controlar
Si bien las casas de cambio de moneda han estado involucradas en varios casos de lavado en Uruguay, en 2025 el BCU hizo un intento por eliminar a estos servicios y a las empresas de cofres de seguridad de la lista de entidades que deben ser controladas.
Tal como informó Búsqueda en setiembre de 2025, el BCU hizo un pedido específico al Poder Ejecutivo, que en el proyecto de ley de presupuesto incluyó un artículo que tenía ese objetivo, algo que la Senaclaft solicitó que fuera revisado y finalmente no prosperó.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, una entidad intergubernamental para establecer estándares globales y combatir el lavado de dinero, incluye las operaciones de cambio entre las actividades que deben ser supervisadas en materia antilavado, al incluir esas actividades en la definición de instituciones financieras.
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