Al repasar las estadísticas de ese indicador correspondientes a la década pasada, se advierte que hubo años en los que el número de compraventas llegó a casi 3.300 (2007), en los últimos períodos cayó a 1.200, y específicamente en el primer semestre de este año se concretaron 473 negocios. Por lo que si se mantuviera la misma tendencia en la segunda parte de 2016 el total de compraventas no llegaría a las 1.000 transacciones.
En cuanto a la extensión de campo que cambió de propietarios, los registros oficiales muestran que en 2005 y 2006 se transaron unas 850.000 hectáreas anuales, y en los años siguientes bajó a unas 680.000. Luego, entre 2009 y 2013 la cantidad de tierra vendida se redujo a unas 350.000 hectáreas por año y en los dos últimos años, 2014 y 2015, fueron transadas algo más de 170.000 hectáreas anuales.
En el primer semestre de este año fueron vendidas 83.000 hectáreas, lo que hace suponer que 2016 cerraría con unas 160.000 hectáreas transadas.
Respecto a lo que aconteció en el mercado de tierras local, Rincón destacó: “Es notorio que hubo un furor por el sector agrícola, más que nada por el cultivo de la soja a partir de 2003 y desde entonces aparecieron nuevos actores, que buscaban las mejores tierras en cuanto a índice de productividad Coneat, cercanos a los puertos y de cualquier tamaño”.
Ya para 2008 las inversiones pasaron a concentrarse en campos de mayor escala, por arriba de las 1.000, 2.000 o 3.000 hectáreas, comentó.
Acotó que por ese entonces “no pesaba tanto la forestación, aunque se dieran algunas transacciones, y también hubo compraventas del sector ganadero”.
En estos últimos dos años el precio de la soja, que pasó de U$S 500 a U$S 350 por tonelada, “creó un desestímulo en la compra de campos agrícolas, no solo en la zona tradicional del litoral oeste, sino en los buenos campos del centro y este” del territorio, analizó Rincón.
Comentó: “Vimos en las encuestas agrícolas y en alguna lechera y ganadera, que en ese proceso se expandieron no solo las grandes empresas agrícolas, sino que también los productores arroceros fueron incorporando a la soja en su esquema de rotación; algo similar hicieron los lecheros para diversificar el ingreso, aunque no en grandes extensiones” de tierras.
A fines de 2014, en 2015 y en el primer semestre de 2016, las grandes empresas agrícolas no pesan en el total de las transacciones, empezaron a pesar las compraventas de campos forestales, en cuanto al área y el precio, y se ven negocios de tierras agrícolas ganaderas en Río Negro y en Paysandú.
Otros hechos relevantes de lo que sucedió en el primer semestre de este año es que “no hubo compraventas de campos exclusivamente agrícolas”, y que el precio de las transacciones de tierras para forestación no registró un incremento, y se mantiene entre U$S 2.500 y U$S 4.000 la hectárea, dependiendo de la ubicación y el tipo de suelo.
Consultado sobre el posible impacto del anuncio de la instalación de una nueva planta de producción de pasta de celulosa cerca de la localidad de Paso de los Toros, ubicada en Tacuarembó y sobre el límite con Durazno, Rincón respondió: “No me gusta hacer especulaciones pero sí objetivamente hubo algunas transacciones en forestación en Lavalleja, Durazno y Paysandú”. En esos departamentos se registró la mayoría de las hectáreas transadas en los primeros seis meses de 2016.
Pudo haber sido una coincidencia o no, pero los datos muestran que se dieron negocios de compraventa de campos forestales en esas zonas.
La mayor parte de las hectáreas vendidas en 2015 estaban ubicadas en los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó, Rocha, Lavalleja y Salto, según los datos de Diea.
Ya sin la presión que ejerció la demanda de tierras para plantar soja, el mercado de campos deja una oportunidad para otras actividades del agro, como la combinación agrícola ganadera y la forestación. La lechería atraviesa una situación complicada por la baja en el precio de la leche y los tamberos no están en condiciones de pujar por quedarse con nuevos predios.
Uruguayos SA
En los últimos dos años se mantuvo la tendencia en cuanto a la nacionalidad y a la condición jurídica de los participantes en las compraventas de tierras. Cerca del 60% de la superficie fue vendida por uruguayos, 30% por personas jurídicas, como sociedades anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada, entre otras, por lo que no se conocen su nacionalidad, y el resto correspondió a argentinos, brasileños y de otras nacionalidades, indicó Rincón.
Explicó que en cuanto al comprador el resultado es a la inversa: los que compraron fueron las sociedades anónimas, con casi 60%, luego figuran uruguayos con un 20% a 25%, y el resto argentinos y de otros países.
Por medio de esas estadísticas es difícil detectar si hubo una venta mayor de campos de propietarios argentinos, porque pueden estar incluidos en sociedades anónimas cuyo origen no se puede identificar, aclaró el subdirector de Diea respecto al impacto que pudo tener el cambio de gobierno en Argentina en la participación de empresarios de ese país en el agro uruguayo.
Otro aspecto señalado por ese técnico es que generalmente se asocia a las sociedades anónimas con inversores extranjeros pero ese tipo de condición jurídica también es utilizada por uruguayos.
Frente Amplio
Los registros del Ministerio de Ganadería indican que en el primer gobierno del Frente Amplio (FA) el mercado de tierras marcó un doble récord: número de hectáreas vendidas, con 859.000 hectáreas en 2006, y cantidad de compraventas, con 3.277 negocios en 2007. Mientras que en la segunda administración frenteamplista se registraron los máximos históricos en el monto de transacciones de tierras, con U$S 1.305 millones en 2013, y en el precio promedio de la hectárea, de U$S 3.934 en 2014.
En el primer año del tercer gobierno de ese grupo político las compraventas llegaron a su nivel más bajo de la serie de registros oficiales, y el valor promedio de la tierra va camino de tener una segunda baja consecutiva.
En el transcurso de la década pasada hubo varias iniciativas legales impulsadas por los gobiernos del FA que apuntaron a desalentar la concentración de la propiedad de la tierra en Uruguay, que fueron complementadas con políticas de distribución de padrones rurales en manos del Estado, por parte del Instituto Nacional de Colonización.
Durante la presidencia de José Mujica el Poder Ejecutivo promulgó una ley que fijó un impuesto a las extensiones de tierra de más de 2.000 hectáreas, que luego fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, a pedido de una serie de propietarios de inmuebles rurales.
