Las sirenas aturden y todas las luces se apagan en Montevideo. Algunos zumbidos primero, las explosiones después. Son misiles. Parece que uno reventó la refinería de La Teja, parece. En cualquier caso, cada montevideano sabe qué hacer. Mucho antes de que comenzaran los ataques el Ejército hizo la instrucción anual de toda la población, con simulacros y grandes movilizaciones, así que cada uno mantiene la calma y actúa como está previsto. En pocas horas se activan las secciones de “Propaganda y preparación moral”, “Prevención”, “Campos de Evacuación”, y también la “Organización Z”, que se encarga de la prevención y atención en caso de que el ataque sea químico o bacteriológico.
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En pocas horas el Ejército regular, de algunos miles de hombres, se convierte en una fuerza enorme de cientos de miles de uruguayos porque ahora están todos los que tienen entre 18 y 30 años de edad: los demás están listos y a las órdenes de los mandos militares. Todo el país queda dividido en unidades grandes y minúsculas; hay manzanas, cantones, zonas, distritos, secciones, grupos, unidades-casa, cada una con un jefe “de reconocida solvencia moral y aptitud física”. La nación siempre estuvo pronta para lo peor.
¿Puede ocurrir algo así? Está claro que no existe “amenaza” alguna de que esto suceda en corto plazo y de hecho la escena seguramente haga reír a la mayoría de la población, pero en los estudios militares figura como una hipótesis razonable de mediano o largo plazo. No solo una guerra es una hipotética amenaza para el país en materia de Defensa Nacional: también lo son las catástrofes naturales, los desastres ocasionados por la mano del hombre, las conflictos internos e incluso los escenarios de desabastecimiento que pueden generar guerras en otras zonas del mundo.
Lo cierto es que todo, cada detalle, está previsto “milimétricamente” en leyes que están vigentes pero son letra muerta porque no se aplican: cómo prepararse, cómo encarar maniobras anuales e instrucción militar para toda la población, y cómo actuar cuando llegue el momento.
Desde el punto de vista legal, hoy todos los ciudadanos de 18 a 30 años de edad sin hijos a cargo integran la Reserva Activa del Ejército; los que tienen esa edad pero con hijos a cargo, más los que tienen entre 31 y 45 años integran la Reserva Móvil, que debería reforzar a las demás y atender “servicios complementarios” del Ejército Activo u ocupar su retaguardia; los que tienen entre 46 y 60 años son la Reserva Territorial, que debe garantizar “servicios indispensables a la vida del país”.
El Ministerio de Defensa entiende que Uruguay no está preparado para enfrentar con eficiencia una catástrofe, y por eso comenzó a estudiar si es viable llevar a la práctica la legislación disponible, informaron autoridades de ese organismo que consultó Búsqueda.
En los últimos meses, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios de Cancillería y de empresas públicas como UTE o Ancap fueron invitados a dar charlas a todo el personal jerárquico de Defensa. La última la dio el viernes 3 un general del Ejército, al cual se le pidió que efectuara una exposición sobre disposiciones existentes en materia de “movilización” y articulación entre Ejército y sociedad civil.
“Pueblo reunido y armado”.
Las leyes de Instrucción Militar (9.943), Defensa Pasiva del País (10.171) y Orgánica Militar (10.050) fueron aprobadas entre 1940 y 1942. En aquel momento la Alemania de Hitler parecía incontenible y América del Sur podía ser el siguiente escenario de la II Guerra Mundial.
Pero más allá de eso, “en esas leyes se estampa una concepción de Defensa Militar y de Defensa Nacional” que comparte el ministro Eleuterio Fernández Huidobro: “el pueblo reunido y armado como en la época de Artigas”.
“Hoy conocemos el Ejército permanente, pero hay miles de uruguayos que forman parte del Ejército nacional pero no lo saben porque nunca nadie se los dijo. Por ejemplo, la mayoría de los periodistas —usted, por ejemplo— son integrantes del Ejército nacional”, comentó Fernández Huidobro ante una consulta de Búsqueda.
La última guerra mundial terminó en 1945 y en los años siguientes Uruguay firmó tratados internacionales de cooperación en Defensa con un común denominador: la protección de Estados Unidos. “Las leyes quedaron absolutamente olvidadas. (...) ¿Para qué queríamos a toda la población involucrada en la defensa si teníamos un aliado poderoso que en 48 horas nos iba a defender?”, planteó el ministro, quien en contraste sostuvo que el escenario actual es distinto.
Ahora, el Ministerio quiere “dejar en los museos de historia” a esos tratados posteriores a la última guerra mundial, y enfocarse en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “Vamos hacia una defensa cooperativa, e incluso vamos a desarrollar nuestra propia industria militar”, explicó.
Sobre ese punto afirmó que su Ministerio se encuentra en un proceso de estudio, de “debate” sobre las leyes de la década de 1940 —más un par de decretos ley aprobados por la dictadura (1973-1985)— y por el momento nada más. “Todo, en su inicio, es un ejercicio teórico”, sugirió.
¿El Ministerio piensa aplicar la instrucción militar a toda la población? ¿Se quieren hacer maniobras, simulacros de movilización masiva como forma de preparar a la sociedad como ocurre en otros países? “Por el momento estamos en el nivel estratégico del análisis y queremos generar un debate, no se piensa en un nivel operativo. Es necesario que una nación debata estos temas, porque si no son comprendidos luego es muy difícil llevarlos al plano operativo. Lo que tenemos claro es que para que un país pueda ser soberano en serio, debe estar preparado”, contesta el director de Formación del Ministerio de Defensa, Hernán Planchón.
“Todos los países serios, de cualquier orientación ideológica, se plantean estos temas y los resuelven. Se lo planteó Vietnam, también Cuba, también Israel, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos. Nada tiene que ver con socialistas o liberales, católicos, protestantes, etcétera”, aclara ante una consulta de Búsqueda.
Los análisis incluyen la legislación vigente en Uruguay pero también las experiencias de otros países. De hecho el ministro Fernández Huidobro asegura que varias naciones “plagiaron” a Uruguay, que fue un país de vanguardia en la previsión de estas cuestiones.
En diferentes apariciones públicas el jerarca ha sostenido que es esencial acercar a civiles y militares, una relación herida por la dictadura y las violaciones de derechos humanos del pasado reciente. “Todo cambia mucho para un oficial si sabe que tiene a su pueblo al lado”, dice el ministro. Días atrás, todas las unidades de las Fuerzas Armadas en todo el país fueron abiertas a las visitas del público interesado, algo que se mantendrá al menos un día por mes. Según Planchón esa decisión se enmarca en la política general del Ministerio. En la misma línea el organismo considera “estratégica” la creación de al menos un nuevo Liceo Militar en el interior (ver recuadro).
“Sin distinción”.
En la base de los estudios del Ministerio está la concepción, compartida en términos generales por la academia militar, de que la Defensa Nacional trasciende por completo lo castrense: en rigor, el factor bélico —básicamente las Fuerzas Armadas— es solo uno de varios instrumentos de la Defensa de un país. “Para enfrentar una contingencia hay que estar preparado con algún tipo de organización desde el Estado para poner a funcionar todas las capacidades de la nación”, manifiesta Planchón.
Una catástrofe natural, un conflicto interno o incluso una guerra pondrán en riesgo la generación de energía, el abastecimiento de alimentos, las comunicaciones (seguridad informática, teléfonos, carreteras, puentes), la provisión de medicamentos y la atención médica, entre otros aspectos.
“El Estado, por intermedio de los órganos delegados asume la responsabilidad de salvaguardar en lo posible y custodiar la vida y los bienes de los habitantes de los centros poblados de la República, que se vieren atacados por medios aéreos, químicos o bacteriológicos: pero los habitantes, sin distinción de nacionalidad, estado o sexo —encontrándose en edad y situación de poder hacerlo— deben cooperar en la medida que la ley, decretos, ordenanzas y disposiciones señalen, con la autoridad responsable que lo requiera, a la salvaguardia de las vidas o intereses, ya sean propios o colectivos”. Este es el artículo segundo de la ley de Defensa Pasiva del País.
En su artículo 17 la ley prevé que la propia Universidad de la República prepare a sus alumnos para enfrentar amenazas a la Defensa Nacional: “Las Facultades de Medicina, Química y Farmacia, Veterinaria y Odontología, incorporarán a sus programas cursillos de información especializada, de asistencia obligatoria para los estudiantes, a fin de dotar a éstos y a los profesionales egresados, de los conocimientos indispensables para este servicio social. Otro tanto harán las Facultades de Ingeniería y Ramas Anexas, Arquitectura y Agronomía, así como las demás Escuelas Técnicas del Estado”.
