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    Denuncias de estafa crecieron a más del doble desde 2019

    Investigadores de delitos financieros señalan cambios permanentes de modalidad frente a alertas o detenciones y fiscales advierten por “mulas digitales” que operan como intermediarias

    Una mujer puso a la venta a través de Marketplace –la plataforma de comercialización de Facebook– un monopatín que no usaba, por $ 4.900. Su publicación recibió el interés de un usuario, que tenía una foto familiar en su perfil y le resultó “creíble”. Primero el hombre le solicitó más datos del producto y luego le pidió comunicarse por WhatsApp por comodidad, a lo que la vendedora accedió. El hombre le dijo que vivía en Punta Carretas y finalmente acordaron que adquiriría el monopatín.

    El comprador le pidió la cuenta de banco para realizarle una transferencia y a los pocos minutos le envió el comprobante del depósito que, por error de su esposa había sido $ 40.000 mayor a la suma acordada. En ese momento le contó que era un argentino, que en este momento se encontraba en Uruguay, y comenzó a enviarle audios donde le transmitió su desesperación por la gran cantidad de dinero que le había enviado.

    “Trabajaron con la manipulación absoluta. Yo fui muy inocente”, contó la víctima a Búsqueda. Para concretar la maniobra, le dijo que su pareja se iba a comunicar con el área de reclamos internacionales del Banco República, al que pertenecía la cuenta de la vendedora, y que estuviera atenta. Desde otro número, incluso con el logo de la entidad financiera, le escribió un supuesto agente de banco, que le envió un enlace para que entrara a su cuenta y lograr realizar la transferencia de devolución del dinero. “A través de todos los pasos que me indicó para activar la llave digital, logró que le pase los números del código y se hicieron tres transferencias a una cuenta de Mi Dinero”, relató.

    La semana pasada, pocos días después del episodio, recibió una llamada del banco que le confirmó que había sido víctima de estafa, por lo que concretó la denuncia policial.

    Su caso es uno de los tantos que recibe el Ministerio del Interior a través de denuncias en dependencias policiales o de reportes de las entidades financieras. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, con base en las estadísticas del total de denuncias que se realizaron en los últimos años, fue en el delito que más creció, porque pasó de representar el 2% del total en 2018, al 7% en 2022. Ese porcentaje se mantiene en lo que va del 2023, confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.

    Desde el organismo encargado de dirigir las investigaciones penales, explicaron que las denuncias por este delito “explotaron” durante la pandemia, debido a una mayor virtualidad, digitalización de trámites y un incremento de las transferencias de dinero.

    Según datos ingresados al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, a los que accedió Búsqueda, en 2019 hubo 7.954 denuncias de estafas, en 2020 fueron 10.142, al año siguiente 13.921, en 2022 la cifra fue 18.971 y en lo que va de 2023, hasta el 24 de julio, 11.595. Es decir que en 2022 la cifra de denuncias fue casi el doble que durante 2020.

    Modalidades

    Hay dos dependencias del Ministerio del Interior que desarrollan investigaciones vinculadas a estafas. La mayoría de los casos están a cargo del Departamento de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. En paralelo, otras denuncias son analizadas por la Dirección de Crimen Organizado.

    Desde el Departamento de Delitos Financieros dijeron a Búsqueda que además de la masificación del fenómeno, las estafas se caracterizan por un cambio permanente de modalidades. Las denuncias que “antes estaban de moda” eran el denominado cuento del tío, que tuvo su auge durante la pandemia del Covid-19, o las estafas de la valija, en la cual estafadores se hacen pasar por un familiar de la víctima para pedir que les transfieran dinero para liberar su supuesto equipaje retenido por Aduanas en otro país. Ambas disminuyeron sustancialmente su frecuencia.

    Las que ocupan actualmente los primeros lugares en la lista, según delitos financieros, por ser las más utilizadas, son las realizadas a través de Marketplace, donde las estafas cometidas en la mayoría de los casos por uruguayos pueden concretarlas tanto presuntos compradores –como el caso relatado– o supuestos vendedores. Esta última modalidad consiste en que los delincuentes ofrecen un producto, que no tienen físicamente, con fotos extraídas de otra página, a precios que suelen ser la mitad del que se vende en plaza. Eso capta interesados, que sin verificar realizan la transferencia bancaria para asegurarse la compra, pero luego son bloqueados por el “vendedor” y nunca reciben el producto.

    “Los delincuentes van buscando constantemente formas de atraer a la gente”, dijo Luis Denis, subcomisario de Delitos Financieros.

    Varias fuentes fiscales consultadas por Búsqueda indicaron que durante las investigaciones de estafas a través de Marketplace han surgido casos donde se utilizan perfiles falsos de Facebook, aunque en otros no. A partir de ello, concluyen, puede tratarse de “mulas digitales”, es decir que quienes los contratan les pagan un porcentaje de lo que reciben por cometer el delito. Este tipo de “mulas” también aparecieron en casos de estafas en la compraventa de criptomonedas y de préstamos falsos.

    Otra de las modalidades más usuales apunta a personas con dificultades económicas, que tienen la necesidad de acceder a préstamos, pero tienen problemas para obtenerlos a través del sistema formal, por la exigencia de requisitos como estar fuera del Clearing.

    En la Fiscalía detectaron casos en que los estafadores crean páginas web similares a las de instituciones reales y hacen publicidad a través de las redes sociales. Las personas las contactan, por necesidad, y desde la empresa falsa les transmiten que aceptan el préstamo, pero para concretarlo les piden dinero para “gastos administrativos”. Ahí es cuando la víctima del delito realiza un depósito cercano a $ 1.500. Luego le solicitan otro depósito. Lo que en definitiva sucede es que los estafadores se quedan con el dinero de los depósitos y nunca entregan el préstamo.

    A principios de julio la Dirección General de Hechos Complejos aclaró 278 estafas, por $ 1,8 millones y detuvo a 41 personas en el operativo Gota a gota, que fueron condenadas por delitos de asociación para delinquir y continuados delitos de estafa, por ofrecer préstamos de dinero a través de las redes sociales. En esos casos había personas “beneficiarias” de los giros que realizaban las personas, que le daban “legalidad” a la maniobra al tener documento de identidad uruguayo. Las “mulas” retiraban el dinero, descontaban el porcentaje previamente acordado y giraban el saldo hacia otros miembros de la organización criminal en el exterior.

    Análisis de datos

    El Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros cuenta con una oficina coordinadora que realiza informes de análisis criminal sobre las denuncias que se reciben. En el caso de las estafas, las agrupa por el modus operandi utilizado e intenta relacionar personas con el delito, sean autores o tengan otro tipo de vinculación. Para llegar a eso realizan un “análisis” y “filtrado de datos” a través de los sistemas de información propios y las fuentes abiertas, categoría en las que están incluidas las redes sociales y los medios de comunicación.

    Ese informe es enviado al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía, que resuelve qué fiscal será el encargado de dirigir la investigación penal. Luego de la asignación, se reúne con los investigadores de delitos financieros para “acordar los lineamientos” de la investigación con base en el análisis de información del sistema financiero y de redes sociales.

    Denis explicó que eso no implica hacerse pasar por un perfil falso. Apelar a un policía infiltrado “no ha sido necesario”, dijo, aunque está previsto en la legislación, con una orden judicial.

    El encargado de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Danilo Alzamendi, quien hasta marzo era subdirector de Hechos Complejos, indicó que “donde se constata el delito tenés que poder estar”, para lograr “contrarrestarlo por el mismo medio” y que para “combatir las estafas hoy, la base es internet”.

    Según indicaron desde el Ministerio del Interior, han llegado a agrupar 120 denuncias, que fueron asignadas a un solo fiscal. En caso de tratarse de una organización delictiva, son derivadas a una de las sedes especializadas en Delitos Económicos y Complejos o de lo contrario a un titular de una de Flagrancia, según corresponda. También ha sucedido que los casos se agruparon para ser investigados por fiscales de varios departamentos.

    Clonadores extranjeros

    A fines de julio, siete brasileños fueron detenidos por estar vinculados a la clonación de tarjetas en cajeros automáticos, en una investigación surgida por la advertencia de entidades financieras. Los expertos se encuentran en proceso de análisis de las tarjetas que se incautaron, los aparatos electrónicos y de la información que se extrajo de los cajeros donde fue instalado el dispositivo, para lograr determinar la cantidad de personas damnificadas y el monto de dinero extraído.

    En ese sentido, el encargado de delitos financieros indicó que “si bien importa la plata de la gente, es muy relevante que no se generen organizaciones criminales” vinculadas a las estafas, y que hasta el momento “no hay muchas establecidas”. A partir de las investigaciones realizadas han concluido que se asocian para delinquir de forma “momentánea”.

    En este tipo de delitos, señaló, la cantidad de dinero que se les retira a las personas es “diverso”, aunque “siempre depende de la cantidad de damnificados”, porque pueden ser casos de $ 2.000 pero con 120 denuncias, por lo que el monto final es elevado.

    En Uruguay, la clonación de tarjetas es una modalidad casi siempre llevada a cabo por extranjeros de países como Bulgaria, Brasil, Argentina, Hungría y España. Cuando los delincuentes ingresan al país realizan un estudio de dónde tienen mayores posibilidades por el movimiento de personas, por lo que generalmente lo hacen en Montevideo o Punta del Este. Luego, determinan los cajeros automáticos donde se instalan los dispositivos, que son armados de forma “casera”.

    “Es una modalidad que se usa a nivel internacional, porque clonan las tarjetas acá, sacan el dinero y lo envían al exterior o directamente pasan los datos y están sacando el dinero en España”, afirmó Denis.