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Denuncias de represión sindical cayeron en 2023 y aumentaron las de acoso laboral y sexual
Inspector General de Trabajo sostiene que un mayor nivel de diálogo entre sindicatos y empresas puede incidir en la disminución, mientras la “concientización” y el regreso al trabajo presencial pueden explicar parte de los incrementos
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la calle Juncal, en Montevideo. Foto: Pablo Vignali, adhocFOTOS
La Inspección General del Trabajo es la encargada de canalizar las denuncias que realizan los trabajadores por vulneración de derechos fundamentales en sus ámbitos laborales, como lo son el acoso moral, el acoso sexual, la discriminación y la represión sindical. Según los datos incluidos en el borrador de la Memoria Anual de 2023, a los que accedió Búsqueda, el año pasado la cantidad de reclamos formales presentados ante la cartera, bajo esa carátula, tuvo un leve incremento: fueron 634, mientras que habían sido 630 en 2022, 421 en 2021 y 292 en 2020.
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Al comparar las cifras de 2023 con años anteriores, por un lado, se destaca que hubo solo cinco denuncias por represión sindical, lo que representa —con distancia— la cifra más baja desde que asumió el gobierno de la coalición: en 2020 habían sido 17 y en 2021 fueron 53.
En el año 2022 los datos no están discriminados en las cuatro categorías. Esto, según explicaron a Búsqueda desde la cartera, se debe a que el funcionario encargado de la tarea estuvo de licencia médica.
Para el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomás Teijeiro, la reducción de los reclamos por represión sindical obedece al aumento de las reuniones tripartitas mensuales que mantienen empresas y sindicatos, que son dirigidas por un inspector. Teijeiro destacó que antes eran cinco sectores de la actividad que participaban de las instancias tripartitas y ahora son cerca de 30. Al ser encuentros periódicos, en los cuales se tratan las diferentes temáticas que generan preocupación en cualquiera de las partes, pueden tener un “efecto amortiguador” para situaciones que en otro momento hubieran terminado en una denuncia. “Hay más diálogo”, resumió.
Por otro lado, las cifras del último año registran la cantidad más alta de denuncias de acoso laboral, al menos desde que Uruguay ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 190 sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral, en noviembre de 2019, y que comenzaron a aparecer discriminadas en los informes anuales de la Inspección General del Trabajo. En 2023 se efectuaron 512 reclamos por acoso laboral, mientras que en 2020 habían sido 238 y en 2021 fueron 289. Así, las denuncias que se presentaron durante todo el año pasado fueron similares a las de 2021 y 2020 sumadas.
Uno de los elementos que puede explicar el aumento de las denuncias es la actualización del procedimiento administrativo de la inspección, en vigencia desde marzo de 2023, que lo hizo más “dinámico” y “transparente”, dijo Teijeiro. Además, ahora es posible realizar las denuncias por la página web, lo que facilitó el acceso.
Por otro lado, considera que en los últimos años hubo una “gran concientización” con respecto a los derechos fundamentales en el ámbito laboral, que estuvieron en discusión durante el referéndum de la Ley de Urgente Consideración, muy vinculados al derecho a la huelga.
En relación con el acoso sexual laboral, en 2023 hubo 41 denuncias al Ministerio de Trabajo, mientras que fueron 33 en 2020 y 27 en 2021.
Respecto al aumento de los reclamos por acoso moral y sexual laboral, Teijeiro indicó que pueden ser consecuencia de la “particularidad” de la pandemia, un período en el cual la actividad estuvo reducida y aumentó el teletrabajo. “La menor interacción humana, por la reducción de la movilidad, se vio reflejada en la cantidad de denuncias”, dijo.
Sin embargo, el jerarca del Ministerio de Trabajo considera que se deberá “esperar” al final de la gestión para determinar “si es un repunte de la cantidad de denuncias vinculadas con una mayor sensibilización o un incremento de los problemas” o “si son números vinculados a la caída de las cifras por la pandemia y los actuales son normales”. Para Teijeiro, la emergencia sanitaria transformó el mercado de trabajo y hubo un “cambio cultural” que “quizás está muy fresco”, en relación con el teletrabajo u otras modalidades que “requieren menos relación humana tradicional”. Sin embargo, aclaró que “eso no quiere decir que sea menos violenta o haya menos acoso”, porque esas problemáticas también pueden darse por medios virtuales.
La ratificación del convenio internacional comprometió a Uruguay a adoptar una normativa específica que regule el acoso, la violencia laboral y sexual, pero a pesar de que hay dos proyectos a estudio del Parlamento —uno de los cuales fue presentado en 2022 por el Poder Ejecutivo— el país todavía carece de una ley.