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El diputado blanco Jaime Trobo presentará un proyecto de ley para reparar y reconocer a civiles, militares y policías que murieron como resultado de acciones guerrilleras entre los años 1962 y 1976. El legislador basará su escrito en las propuestas anteriores del ex diputado colorado Daniel García Pintos y del Poder Ejecutivo durante la administración de Tabaré Vázquez (2005-2010). Ambas propuestas fracasaron por la “negativa” del Frente Amplio de analizarlas, mientras que la mayoría oficialista sí aprobó la Ley de Reparación Integral para las víctimas del Terrorismo de Estado.
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“Es corregir la miopía que está teniendo el proceso de reconocimiento a las víctimas de toda esa época”, dijo Trobo a Búsqueda y adelantó que presentará el escrito en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes cuando se levante el receso de verano.
“Lo que tiene que haber es buena voluntad política de ser amplios y abiertos a solucionar la injusticia que se está cometiendo con las víctimas de determinado signo o ámbito”, argumentó el legislador, quien sostiene que todas las trabas han sido del Frente Amplio.
“No quieren reconocer que en Uruguay hubo quienes defendieron las instituciones o fueron víctimas de actos de terror, porque no se quiere reconocer que eso fue así o simplemente se cree justo que haya quienes sean reivindicados y quienes no”, agregó.
El antecedente de esto fue un proyecto del diputado colorado Daniel García Pintos. Ante la falta de apoyo del Frente Amplio, el gobierno de Vázquez presentó un proyecto similar con el fin de “ayudar a la consolidación de la paz” y dar “un tratamiento justo” a las familias de todos los fallecidos. La iniciativa del Poder Ejecutivo contó con la firma de los ministros de Defensa, de Interior, y de Economía.
Allí se amplió la nómina de damnificados de 30 —que sugirió la iniciativa de García Pintos— a 66 uruguayos víctimas de actos violentos como consecuencia de acciones de la “sedición” entre 1962 y 1976, se expresó en el escrito.
En 2011, el Partido Nacional volvió a insistir con la propuesta para indemnizar a las víctimas con la base de los dos proyectos anteriores y la misma nómina de víctimas militares, civiles, y policías.
Ahora el diputado Trobo volverá a plantear el tema con la presentación del proyecto en la Cámara de Representantes, para “buscar por los dos frentes” y ver si entre los diputados hay más “compromiso” para tratar de resarcir a las víctimas que se han dejado aún sin reparación, explicó.
“Es un tema que merece ser analizado, discutido y resuelto”, afirmó el diputado blanco. Para él hay un “defecto grave” que determina que existan víctimas de dos tipos: las que ya fueron resarcidas y reconocidas, y “en otros casos ciudadanos que envestían la condición de militar o policía —que estaban actuando en defensa de la Constitución y las órdenes y en busca de la tranquilidad pública— murieron o fueron ejecutados, o fueron asesinados o fueron derrocados o lo que fuera”, señaló Trobo.
El monto del resarcimiento planteado es de U$S 150.000 por cada una de las personas comprendidas en el proyecto. Esta cifra será por única vez y a cargo de Rentas Generales.
La exposición de motivos del texto redactado por García Pintos —y que luego el gobierno de Vázquez hizo suyo y presentó en el Parlamento— argumenta que los civiles fallecieron en “circunstancias totalmente injustas”. En el caso de los militares y policías fallecidos, si bien existen normas que les otorgan un “determinado tratamiento” y reconocimiento para quienes mueren en acto de su servicio, “en realidad representaron mucho más teniendo en cuenta los ribetes que en su momento adquirió la lucha antisubversiva, el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación”, se apunta en el escrito.