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Sin contar con informes técnicos —financieros ni jurídicos—, la Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó el 10 de marzo, con el voto en contra de la directora por el Frente Amplio, Alejandra Koch, la propuesta de financiación de las inversiones de ampliación de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, cuyo principal accionista es la multinacional Katoen Natie. Eso quedó en evidencia, según la jerarca, en las actuaciones que surgen del expediente electrónico sobre el asunto, al que accedió Búsqueda.
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El 31 de marzo, luego de esa aprobación por parte de la autoridad portuaria, la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía (MEF) solicitó información económica, legal y documentación adicional a la ANP, a fin de completar la evaluación del financiamiento de las obras en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Ese pedido del MEF no pasó por el Directorio de la ANP, advirtió Koch el viernes 5 en una nota dirigida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para informar sobre la situación detectada por ella en el seguimiento del expediente.
La ANP, además de autoridad portuaria, es socio minoritario en TCP.
La directora frenteamplista justificó su voto en contra a la propuesta de financiamiento de la inversión de Katoen Natie observando que el asunto ingresó para su aprobación “sin el debido análisis y sin informes técnicos de respaldo” y “salteando nuevamente la estructura organizacional” de la administración, así como la de los directores de TCP en representación del ente. Señaló que la “estrategia financiera fue elaborada” por ese grupo belga, “incluyendo los acuerdos comerciales con las diferentes instituciones financieras”.
Koch ha venido oponiéndose a las decisiones de ANP en relación con el acuerdo que el gobierno celebró con Katoen Natie para extender la concesión a TCP hasta 2081 y darle ciertas preferencias en el negocio porque, a su juicio, el Estado está entregando “de forma monopólica el negocio de contenedores” a un privado. Además de razones de soberanía, el Frente Amplio presume que algunos jerarcas incurrieron en delitos en esa negociación y en 2021 denunciaron el asunto en la Justicia Penal.
En el marco de este acuerdo, Katoen Natie se comprometió a realizar inversiones.
Se prevé que las obras de ampliación de la terminal —con las que se proyecta triplicar la capacidad operativa anual— se extiendan por tres años. La inversión rondaría los US$ 550 millones.
Según surge del expediente, las obras de ampliación se ejecutarán con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y un club de bancos financiadores compuesto por KBC Banck NV, ING y Credit Suisse, que en total otorgarán US$ 340,9 millones, a un plazo máximo de 10 años. Detalla que en febrero el Directorio de TCP aprobó expresamente que el grupo belga será “garante del 100% de la inversión propuesta, en forma incondicional e irrevocable, no requiriéndose garantía soberana alguna”.
Para completar la evaluación y que el Poder Ejecutivo autorice la operación de endeudamiento —de la ANP, por ser accionista en la terminal—, el MEF solicitó información financiera y legal. Explicitó, por ejemplo, el pedido de análisis de viabilidad financiera de la inversión, de los costos asociados a la operación, informe de la situación económica financiera de la empresa que obtiene el financiamiento que refleje capacidad de repago y manejo de exposición a riesgos y flujo de caja proyectado de la ANP, con un plazo acorde a la operación que incluya cobro de canon y cambios en la estructura tarifaria aprobados en el marco de la concesión.
En materia legal, el MEF requirió una carta explicando que el motivo de la solicitud del endeudamiento por parte de TCP es en virtud de que la ANP posee el 20% del capital accionario. También solicitó “informes jurídicos de ANP y MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) respecto a la documentación, riesgos eventuales y responsabilidades” asumidas por el ente portuario y el “marco jurídico en los que se basa la contratación de los instrumentos financieros derivados que se plantean suscribir”.
Entre otras demandas administrativas, Economía pidió el acta de aprobación de la garantía del grupo belga, la modificación del contrato entre la ANP y TCP y un documento que respalde la decisión del ente respecto al “aporte proporcional al de su participación accionaria, con las utilidades futuras generadas”.
Del expediente administrativo surge también que el 14 de abril Katoen Natie entregó en “sobre cerrado” a la ANP la información requerida por el MEF. Seis días después, figura que el sobre fue remitido al MEF, lo que se notificó al MTOP.
