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Cuando las autoridades del Hospital Pereira Rossell recibieron la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se sorprendieron. El dictamen del organismo afirmaba que el hospital había cometido “violencia institucional” en el caso de una madre que denunció que su hijo recién nacido fue dado en adopción sin su consentimiento. Una conclusión que, para quienes trabajan en el centro de salud y fueron parte del caso, resulta injusta y alejada de la realidad.
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El jueves 25 de mayo Búsqueda informó sobre el futuro incierto de un menor de tres años de edad, cuya situación generó visiones contrapuestas entre la Justicia y la Inddhh. En setiembre de 2019 una mujer de 30 años dio a luz en el Pereira Rossell a un varón, su séptimo hijo. Un mes y 19 días después, tras una instancia judicial, el niño pasó a manos de una familia adoptiva radicada en Durazno, pese a que su madre biológica no lo autorizó ni tenía intención de separarse de él. La Justicia falló en dos instancias avalando la condición de adoptabilidad del niño. Sin embargo, la Inddhh criticó duramente las distintas etapas del proceso, entre ellas la que involucra a los profesionales de la salud durante las consultas médicas a lo largo de su embarazo (Búsqueda Nº 2.175).
Ante la Inddhh la madre denunció “la vulneración del derecho a vivir en familia, dado que se la había separado de manera forzada de uno de sus hijos biológicos” y la “discriminación por su condición de mujer en situación de discapacidad intelectual, víctima de violencia de género y discriminación por su condición socioeconómica”.
Casi un año después, la Inddhh emitió una resolución en la que aseguró que “existió por parte de ASSE violencia institucional hacia la mujer y hacia el recién nacido al implementar procesos de separación entre la madre y el hijo de forma previa a toda resolución judicial”. Además, afirmó que la separación de la madre sin que ella manifieste su intención “podrá ser solamente la última respuesta del Estado”. Por lo tanto, se debió probar que se habían implementado previamente “otros mecanismos de protección”.
En relación con los profesionales de ASSE, la institución de derechos humanos valoró que cometieron “violencia institucional” hacia la madre, debido a que le manifestaron, estando embarazada, que el niño no podría “vivir con ella”, sin que al momento existiera una resolución judicial. En opinión de la Inddhh, en todos los informes técnicos del Pereira Rossell “se hace referencia a que la madre es analfabeta y que puede tener una discapacidad intelectual, hecho que no necesariamente la inhabilitaría en su capacidad de maternar”.
Según dijo a Búsqueda la directora del Pereira Rossell, Victoria Lafluf, el relato de la madre no coincide con la forma en que se manejan ese tipo de situaciones en el hospital. La jerarca enfatizó que no es su intención cuestionar la versión de la denunciante, ya que entiende que las vivencias personales “no son juzgables”. Pero aseguró que “se dan por hecho algunas cosas que distan mucho de ser violencia institucional”.
“Faltó interiorizarse en lo que hacemos porque no solo no se ejerció violencia institucional sino que se afirman cosas que son incompatibles con lo que hacemos y eso se ve fácil cuando uno conoce los procedimientos que se llevan a cabo”, afirmó. La jerarca dijo también que la recomendación que hace la Inddhh a ASSE sobre la necesidad de crear un protocolo no corresponde, porque esos procedimientos ya existen tanto para la atención de nacimientos como para aquellos que se dan en condiciones de vulnerabilidad. Si bien advirtió que “ningún caso es igual a otro”, Lafluf explicó que desde que ingresa al hospital una mujer embarazada con alguna vulneración interviene un equipo multidisciplinario que brinda atención en salud, en salud mental, en servicio social y en asesoramiento legal.
En el Pereira Rossell nacen en promedio 6.000 niños cada año. En menos del 1% de los casos el recién nacido es desvinculado de la madre al momento del alta, informó.
La directora resaltó que “el límite” del Pereira Rossell como prestador de salud está en “garantizar la no vulneración de derechos, tanto para la madre como para el recién nacido” y que su vínculo se da hasta el momento en que el menor tiene el alta para dejar el hospital. “Si el equipo entiende que se está ante alguna situación que requiera poner en conocimiento a la Justicia para arbitrar medidas, se le brinda toda la información para que tome resoluciones conociendo lo más posible el caso”, dijo. Y agregó: “En ningún momento está dentro de las potestades del centro de salud definir el curso de acción de un caso de un recién nacido o un menor”.
En ese sentido, aclaró que el poner en aviso a la Justicia “no quiere decir que esa madre no pueda tener a su bebé”, sino que “a veces lo que se solicita es definir previamente al alta que esa madre necesita contar con apoyos”.
Lafluf insistió en que antes de evaluar el procedimiento llevado a cabo por los profesionales de la salud “es muy importante conocer desde dentro” e “interiorizarse en cuáles son los procesos que se realizan y cuáles no”.
“Si bien es difícil juzgar si está bien o no lo que sintió una madre, conociendo el caso y entendiendo muy por dentro cómo se acciona sabemos que de ninguna manera un hospital puede llevar adelante este tipo de acciones sin explicarle a la familia lo que está pasando”, aseguró.
Lafluf lamentó que se emitan resoluciones “de actores externos” que “generan un daño mucho mayor del que a priori se puede pensar”.
