La postura contraria del ministro Eduardo Bonomi al aumento de penas en general, terminó imponiéndose ante la opinión del ministro y la del diputado Alfredo Fratti, ex presidente del Instituto Nacional de Carnes, e incluso de la oposición, ya que algunos legisladores, como Ope Pasquet, consideraron que “el tema es muy polémico desde distintos puntos de vista: tanto en cuanto a los criterios punitivos como por las soluciones técnicas, que no tendrían parangón en otros delitos”, según declaró al diario “El País”.
Las penas, entonces, no sufrieron modificaciones con la legislación vigente y quedaron establecidas en seis meses de prisión a seis años de penitenciaría en todos los casos, pero la diferencia es que los primeros dos años de la condena no son excarcelables, es decir que se elimina la posibilidad a los jueces de aplicar penas sustitutivas.
De la redacción original se mantienen de todas formas algunas modificaciones que fueron bien valoradas por los dirigentes rurales, como la posibilidad al juez de decomisar los vehículos utilizados en la comisión del delito y penar la figura del “receptor” de la mercadería robada como “cómplice”.
El proyecto fue aprobado en la Comisión de Constitución y Códigos y deberá ingresar ahora al plenario de la Cámara de Diputados, para en caso de ser aprobado pasar finalmente al Senado.
Señales más claras
“Es muy extraño que el ejecutivo de la fuerza política de gobierno mande un proyecto de ley y sus propios legisladores no se lo aprueben”, afirmó Walter Texeira, delegado de la Federación Rural en la comisión departamental de Seguridad Rural de Salto.
Pero sostuvo que más allá de eso, el hecho revela que los legisladores oficialistas “siguen sin comprender la gravedad del tema”. El dirigente dijo comprender que lo relativo al aumento de las penas es un “asunto delicado”, pero que es necesario dar una señal “realmente fuerte y clara” de que el tema es tomado en serio, “porque si seguimos dejando puertitas abiertas para que los jueces tomen cortapisas en las condenas y demás, vamos a seguir sin solucionar el tema”.
Texeira opinó que quienes están involucrados en los delitos de robo de ganado es gente “muy astuta” que rápidamente va a encontrar los mecanismos para que sus declaraciones no sean tomadas como agravantes por los jueces”.
No obstante, consideró que el proyecto aprobado en la comisión parlamentaria establece “algunas mejoras” en relación con la legislación vigente, pero aun así, las consideró insuficientes para combatir con efectividad el delito. “Entendemos que hay que dar señalas un poco más claras y comprender que no se trata solo de delitos sobre bienes”. Reflexionó sobre un hecho reciente ocurrido en Salto, donde una persona robó un casco de moto y fue detenida a las tres cuadras y procesada por el juez, y dijo al respecto que ha habido infinidad de delitos de abigeato donde a los delincuentes se los detiene in fraganti con las ovejas, y “ni siquiera se los llama a declarar”. En función de esto, Texeira opinó que “habría que sacarles discrecionalidad a los jueces” y dar “una señal bien clara” de que se trata de proteger bienes de producción, cuyo daño no se remite exclusivamente al animal en sí, sino además a lo que este es capaz de generar productivamente. Consideró que la falta de protección de una producción “a cielo abierto”, y apartada, “es muy fácil de robar”, lo que genera un “desestímulo total” en los productores.
Sostuvo que la Policía “muchas veces” realiza una labor “encomiable”, pero que cuenta con pocos recursos humanos y materiales y que le es “imposible” vigilar en todos lados, cuando se trata de departamentos con territorios muy grandes.
Dijo, además, que esta situación provocó que “cantidad” de productores abandonaran la cría de lanares, y que “es muy difícil” que estos vuelvan a la actividad. “Me parece que se sigue sin comprender la gravedad del tema, con una visión completamente ideologizada y ciudadana que lamentamos, pero que es la realidad del país”, señaló.
El dirigente indicó que el desestímulo, entre otras cosas, deriva en que ya muchos productores ni siquiera denuncian el robo, por lo que entiende que las cifras son muy superiores a las que se manejan oficialmente.
Salto es “la ciudad reina del medio tanque”, dijo Texeira, quién aclaró que cada dos cuadras existe un puesto ambulante de venta de carne y chorizos cuyo origen se desconoce y sobre los cuales “es imposible” que la Intendencia aplique los controles que debiera. “Se venden productos casi en cualquier lado y a precios insólitos”, dijo. Su opinión es que las oficinas de control bromatológico e higiene de la comuna deberían ingresar a los puntos de venta y decomisar esa mercadería, pero que no lo hacen porque son “temas sensibles políticamente”.
Consideró que se debe trabajar en la prevención del delito, porque una vez consumado, el daño ya está hecho, pero que para eso es “fundamental” que la Intendencia ejerza los controles, cosa que no han podido lograr.
Dijo que “la ley era una señal fuerte, y ahora, al contrario, sale una señal de que no le queremos dar la importancia que el tema tiene, una señal contradictoria”, remarcó.
Se esperaba más
Sergio Abreu, integrante de la Sociedad de Productores de Leche de Florida y representante de la Federación Rural en la comisión de Seguridad Rural de ese departamento, dijo a Campo que si bien hubiese esperado algo más, el proyecto finalmente aprobado le parece “bien” y que es un “avance” en relación con el código todavía vigente. Dijo que en la propia ley actual hay “herramientas” que muchas veces los jueces no aplican con el “rigor” que debieran y que es justamente esa una de sus principales preocupaciones.
Sostuvo que el proyecto aprobado en comisión es “más liviano” que el que originalmente envió el Ejecutivo al Parlamento, pero que sin embargo tiene algunas modificaciones “interesantes” que si se aplican realmente podrían “andar bien”. Consideró que se deberá seguir trabajando en el tema para tratar de mejorar algunos aspectos, pero que fundamentalmente se apuntará a que la ley “sea aplicada con todo su rigor”.
Estimó que la nueva normativa no será suficiente, pero que va a “ayudar”. No obstante, dijo que esperaban una señal fuerte para los delincuentes y que se les termina dando una “señalcita”. Sin embargo, valoró el avance en el sentido de que se da a los jueces la facultad de procesar con prisión, si es que no encontraran atenuantes. “Sin ser todo lo que se necesitaría, es un paso más que se da para tratar de mitigar un poco el flagelo que hay hoy en el campo con el abigeato”.
Para Abreu, la ley recoge “muy tenuemente” la problemática que diariamente enfrentan los productores, que están “desalentados” por los robos y ven cómo los jueces procesan sin prisión o no se ajustan exactamente a lo que representa ese delito.
Imposible criar ovejas
El dirigente rural de Soriano, Juan José Dubourdieu, quién inegra la departamental de Seguridad Rural de su departamento, dijo a Campo que al no haberse dado aprobación a la ley con penas más severas, es lo mismo que estimular a los delincuentes a que sigan cometiendo el delito. Puso el ejemplo de la educación de un niño, que al no castigarlo cuando comete un error, no aprenderá que no debió haber hecho determinada cosa o tenido determinada actitud. “Pienso que hubiera sido una gran cosa que se aumentaran las penas como una señal clara de que se quiere combatir el abigeato”, señaló.
Sostuvo que en el departamento “últimamente” han ido creciendo estos delitos, que hay mucha gente que ya no hace la denuncia, y que incluso no es solamente el robo de los animales el perjuicio, sino que ya en los alrededores de la ciudad de Mercedes, es “imposible” criar ovejas, con lo que se limita la libertad de trabajo, al privarlos de llevar adelante una actividad comercial como consecuencia del delito.
El dirigente recordó que años atrás, luego de una entrevista con la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné, se manejó la posibilidad de que los productores pudieran contratar guardias armados para proteger sus establecimientos y que esa información fue divulgada por la prensa. Dijo que esa noticia generó mucho más rechazo que la comisión en sí de los delitos, por lo que a su criterio “se está alterando el orden de las cosas”.
Para Dubourdieu, el argumento muchas veces utilizado por los jueces de que no es lo mismo que un delincuente robe a una persona que tiene una oveja que a una que tiene 1.000, no es de recibo, porque “se pierde de vista que lo que está mal es robar, sea una gallina, un vaca o cientos de ellas”. En ese sentido, opinó que el gobierno debería dar una señal muy clara y lamentó que los legisladores de su propio partido no hayan acompañado la medida de endurecer las penas, que “sin dudas” era una medida necesaria.
“Ahora habrá gente que dirá: vamos a seguir robando en el campo que acá no pasa nada”, sostuvo, y alertó sobre la posibilidad de que los productores comiencen a defenderse por mano propia, lo que a su juicio puede salirse de cauce y terminar en alguna desgracia no deseada.
Desestímulo
Vinicio Mazzei, representante en la departamental de Seguridad Rural de Cerro Largo, señaló que la Policía “se porta muy bien” en el departamento, pero que a los jueces les faltan herramientas para poder actuar con severidad, por lo que consideró como “un atraso” la decisión de los legisladores del Frente Amplio de no votar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo tal como fue presentado originalmente. Opinó que miles de productores en todo el país vieron frustradas sus esperanzas generadas luego del discurso del ministro Aguerre en la Exposición del Prado, en setiembre de 2015, donde anunció el envío del proyecto de ley que luego fue remitido el 21 de diciembre de ese año.
El dirigente dijo que el delito de abigeato afecta especialmente a los productores familiares y chicos que dependen de esos animales para su sustento, tanto para su consumo como para la realización de una actividad comercial que les permita una renta para vivir. “Además te da lástima y una gran impotencia entrar a un potrero y ver animales faenados o directamente que faltan”, se lamentó.
Señaló que el delito de abigeato en Cerro Largo “es muy común”, y que hay muchos productores que han abandonado la crianza de ovejas tanto por ese motivo como por la presencia de perros predadores que causan “estragos” en las majadas. “A la gente se le va el entusiasmo y eso es algo muy complicado”, resumió.
Para Mazzei, el proyecto original remitido por el Ejecutivo “iba en el camino correcto”, porque entendió que si varios delincuentes fueran procesados con prisión y con penas más severas, constituiría una señal clara que posiblemente desestimule a muchos de incurrir en esas prácticas delictivas. Pero opinó que si bien la Policía en el departamento actúa con efectividad, la Justicia no tiene el marco legal adecuado para actuar, lo que termina derivando en la libertad de los implicados con las consecuencias que ello tiene en la proliferación del abigeato.
A este dirigente lo sorprende el hecho de que una iniciativa del ministro Aguerre, que contó con el aval del presidente de la República, no fuera acompañada por los legisladores de la misma fuerza política: “Me parece que no se sabe quién manda”, señaló.
La comisión departamental de Seguridad Rural en Cerro Largo se reúne una vez al mes y todas las partes aportan datos, información e ideas para intentar mejorar la situación. Aunque las soluciones “no son fáciles” permanentemente se están buscando mejoras en aspectos prácticos y “golpeando” en todos los organismos para “lograr cosas que favorezcan a todo el mundo”. Mazzei opinó que “reveses” como el ocurrido en lo parlamentario “desestimulan” a todas las partes.
Agro
2016-05-19T00:00:00
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