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    domingo 09 de junio de 2024

    Discrepancias por financiamiento de organismo agropecuario; los productores “ponen la guita y el gobierno manda”, cuestionan

    En las administraciones del Frente Amplio (de marzo de 2005 a marzo de 2020) hubo varios temas que provocaron alerta en el sector agropecuario, especialmente en algunas gremiales rurales, debido a la posibilidad de la adopción de medidas que pudieran suponer un incremento en los impuestos que paga esa actividad productiva o en el uso de los fondos de los institutos dedicados al apoyo de los rubros del agro.

    Más allá de ciertos cambios en la normativa impositiva, principalmente en la carga fiscal sobre la propiedad de la tierra, no se registraron mayores modificaciones en ese período.

    Ahora, el actual gobierno de coalición, con el que hay una mayor afinidad, como lo reconocieron públicamente el presidente Luis Lacalle Pou y directivos de agremiaciones ruralistas, determinó reducir la participación del Estado en cuanto a los fondos para financiar a organismos especializados en la agropecuaria.

    Ese es el caso del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que, conforme a lo previsto en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, pasará a ser financiado en un 70% por los productores y en un 30% por Rentas Generales, a diferencia de lo que regía anteriormente, cuando tenían un 50% de participación cada una de las partes.

    Desde su creación, en 1989, ese organismo funcionó con los recursos generados por el adicional al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) sumado a un aporte anual del Poder Ejecutivo al menos equivalente al monto recaudado por el anterior recurso impositivo, según lo dispone la Ley 16.065.

    Considerando los vaivenes de los precios de los productos del campo local, los fondos originados por el adicional del Imeba registraron una serie de altibajos y en los últimos años hubo un impulso de los valores de algunos productos, especialmente de la carne vacuna y los granos.

    A la discusión provocada en el ámbito parlamentario por la utilización de recursos del INIA para financiar otras instituciones, como el caso de la Universidad de la República, se sumó el de la reducción de la cuota parte correspondiente al Estado en el financiamiento de ese organismo.

    Eso causó el rechazo y la molestia de integrantes del organismo en cuestión y de autoridades del Poder Ejecutivo. Incluso el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, manifestó sus críticas a esas medidas.

    “Los productores ponemos la guita y el gobierno es el que manda, y cuando eso pasa ya no está bueno”, cuestionó una fuente de una de las gremiales rurales que integran la Junta Directiva del INIA al ser consultado por Búsqueda.

    Afirmó que el Estado destina hasta $ 600 millones anuales para ese organismo, sin hacer ningún reajuste, y hay una serie de políticas y desafíos que requieren de recursos.

    El INIA es una persona jurídica de derecho público no estatal que tiene entre sus objetivos formular y ejecutar programas de investigación en el agro tendientes a generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socioeconómicas de la producción agropecuaria, establece la ley mencionada. Dispone además la tarea de participar en el desarrollo de un acervo científico y tecnológico nacional en el área agropecuaria a través de su propia actividad o de una eficiente coordinación con otros programas de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria que se lleven a cabo en los ámbitos público o privado.

    Articular una efectiva transferencia de la tecnología generada con las organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan a niveles público o privado es otra de las funciones previstas en la norma vigente.

    La Junta Directiva del INIA está integrada por el presidente, José Bonica, y el vicepresidente, Walter Baethgen, ambos en representación del Poder Ejecutivo y propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y dos representantes de los productores, uno de ellos a propuesta de la Asociación Rural (ARU) y de la Federación Rural (FR) y el otro por planteo de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agrícola (Fucrea).

    El delegado titular en esa instancia en representación de la ARU y de la FR, Rafael Secco, presentó su renuncia a ese cargo, la cual fue aceptada por resolución del Ministerio de Ganadería fechada el 19 de setiembre.

    Se dispuso que en su lugar pasen a ocupar la representación de esas gremiales Martín Gortari, como titular, y Rafael Normay, en calidad de suplente.

    Consultado por Búsqueda, Secco declaró que su decisión de renunciar al INIA fue por “motivos personales” y se negó a profundizar en los temas discutidos recientemente sobre el presupuesto y el manejo de los fondos de ese organismo.

    Al asumir el actual gobierno, uno de los temas de preocupación entre las gremiales rurales era la deuda del Estado con ese organismo, calculada en unos US$ 32 millones.

    Agro
    2022-10-05T17:34:00