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Disminuyó 7% la cantidad de concursos de empresas en 2023
En total fueron 91, contra los 98 que hubo en 2022; la mayoría fueron solicitados por los acreedores, que en muchos casos buscan cobrar créditos laborales
La agencia de viajes Travelgenio fue uno de los concursos de este año
El concurso de la minera Aratirí, el del emprendimiento Chihuahua Club que proyectaba construir inmuebles en Punta del Este y el de la agencia holandesa Travelgenio fueron algunas de las empresas más conocidas que tuvieron dificultades para enfrentar sus obligaciones este año y terminaron en la Justicia como solicitudes de concurso de acreedores.
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En total, en 2023 hubo 91 presentaciones, siete menos que en todo el 2022, según datos preliminares de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) a los que accedió Búsqueda.
El 75% de los casos se gestionaron en Montevideo y el resto en el interior.
A su vez, más de la mitad de las solicitudes (53) fueron presentadas por acreedores (concurso “necesario”) y el resto (38 casos) los promovió la propia empresa (“voluntario”).
La cantidad de solicitudes realizadas por algún acreedor “llama la atención porque se mantienen en un nivel alto”, dijo a Búsqueda el gerente de Servicios Jurídicos de la Lideco, Fernando Cabrera.
En general, en los años anteriores eran más las presentaciones voluntarias. Pero desde 2021 se observa un incremento porque los acreedores laborales promueven el concurso de algunas empresas para cobrar el fondo de garantía que administra el BPS, creado en 2018 por la ley 19.690, reglamentada en marzo de 2019.
Los concursos pedidos por algún acreedor pasaron de ser algo más de una veintena entre 2019 y 2020 a alcanzar los 30 en 2021, treparon a 65 en 2022 y en 2023 fueron 53.
“Esto pasa por el mal funcionamiento de la ley”, opinó Cabrera, que dijo que está “perforando el fondo”.
“No es un verdadero concurso, es algo forzado, para cobrar”, comentó. Explicó que, en general, los acreedores laborales hacen un juicio laboral ordinario para obtener una sentencia con la que luego piden el concurso necesario ante la Justicia concursal. “Ponen en funcionamiento toda una maquinaria del Poder Judicial que tiene sus costos, sin que exista una empresa que amerite un mecanismo concursal”, alegó.
Un concurso necesario decretado recientemente y promovido por acreedores laborales fue el de la minera Aratirí y más de una docena de sociedades, pero como la empresa cerró antes de que se aprobara la ley 19.690 y ya está en liquidación, no quedaría abarcada por razones temporales para aplicar al fondo de insolvencia patronal.
Cuentas sancionadas
Otro indicador de dificultades financieras que releva la Lideco es el de las cuentas bancarias sancionadas por incumplir la “ley de cheques”.
Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 hubo 1.067 cuentas en esa situación, 23% más que en los 12 meses anteriores. De ese total, 810 fueron cuentas suspendidas y 257 clausuradas, un incremento de 19% y 40% respectivamente, según los datos de la gremial basados en registros del Banco Central.
Si se observa la evolución de los datos que analiza Lideco en períodos anuales, en los años recientes el stock de cuentas sancionadas creció desde la segunda mitad de 2022 hasta pasado el primer semestre de este año y luego se estabilizó.
Los infractores que pueden ser sancionados son los firmantes del cheque o bien los titulares de la cuenta bancaria.
La suspensión es por seis meses y la realiza cada banco; la clausura puede ser por uno o dos años y es realizada por el BCU cuando los motivos de suspensión se repiten en más de una institución bancaria o se libran cheques contra cuentas ya sancionadas.
