Dos de las prioridades legislativas de Lacalle Pou son la libertad de conciencia y tenencia compartida, afirma la senadora Asiaín

Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Búsqueda.

—¿Y cuáles son sus inquietudes legislativas en ese sentido?

—Hay un bloque que es Estado de derecho, derechos humanos, libertades fundamentales. Y enfocado así, una inquietud es respecto a los feriados de las minorías religiosas. Nuestro país, siguiendo la tradición de América Latina que tiene tanta vinculación con el cristianismo desde sus orígenes, ha adoptado el calendario oficial renombrando las fiestas cristianas. Entonces tenés la Navidad como el Día de la Familia, la Semana Santa como la Semana de Turismo, etcétera. Mi inquietud partía por lo que pasa con aquellas minorías que no están contempladas: las colectividades judías, el Islam. Son pocas. Pero en una democracia hay que contemplar a las minorías. La idea es que de alguna manera se llegue a un acuerdo con autoridades educativas y los empleadores para que puedan celebrarlo y compensarlo de alguna manera. Luego, en este foco en las libertades constitucionales, hay algo que es un debe del legislador en general, que es la reglamentación del artículo 54 de la Constitución, que habla de que todo aquel que se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero y empleado, la ley le ha de reconocer la independencia de su conciencia moral y cívica. Ya en un proyecto de código del trabajo del año 50, Héctor Hugo Barbagelata traía esta idea de reglamentar esta independencia de la conciencia moral y cívica del trabajador. Entonces, en este proyecto de libertad de conciencia el ideario propone dar cumplimiento a este artículo de la Constitución. Así como existe el recurso del habeas corpus, que me protege contra la prisión arbitraria o el impedimento de la circulación, también está la conciencia del trabajador, que puede ser de origen religioso o no. Puede ser incluso para oponerse. Y no hay solo conciencia religiosa, es materia ética, política, etcétera. Este proyecto fue presentado por el entonces diputado Lacalle Pou en el 2010. Lo redacté yo y se lo presenté, en el 2015 lo vuelvo a presentar como senadora suplente, y ahora se desactivó. Ese es uno de los dos proyectos a los que el presidente quiere que se les dé prioridad. Me los ha encargado.

—¿Esa es una de las prioridades legislativas del presidente?

—Son dos sus prioridades.

—¿Cuál es la otra?

—Una de otro bloque, que tiene más que ver con lo humano, familia, salud. Ahí se enmarca el proyecto de la corresponsabilidad de la crianza, que es la otra prioridad del presidente. Yo tuve una reunión en la semana de Carnaval en la Torre Ejecutiva con el presidente. Y fueron los dos encargues que me hizo.

—¿De qué manera le hizo saber esas prioridades el presidente? ¿Cuáles fueron sus argumentos?

—Yo ocupo la banca de él. Y además, yo no soy una política de carrera, vengo del lado académico y estoy ocupando la banca porque él me colocó en un lugar para que lo hiciera. Yo no llego a esto por votos propios, eso lo tengo clarísimo. Eso influye en la manera de trabajar. Yo no recibo proyectos y los presento, acá se redactan y se elaboran e intervengo porque soy abogada. En ese sentido, sentía que después de un año tenía que rendirle cuentas. Por eso le pedí la reunión y le comenté lo que hicimos. Y él me dijo: “Bueno, ¿qué pasó con el proyecto de libertad de conciencia?, ¿por qué no se aprobó?, ¿por qué no se le dio impulso todavía?”. Lo mismo con este de la corresponsabilidad de la crianza, que él lo había presentado hace años pero con otro título. Yo con el permiso de él lo reformulé. El que él presentó atendía un aspecto de las consecuencias de la separación de los progenitores de los menores respecto a quién le correspondía la tenencia. Nosotros quisimos ser mucho más abarcativos. Lo que hicimos fue bajar un principio que está en la Convención de los Derechos del Niño y también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ve a ambos progenitores como responsables de la crianza de los hijos. Busca un equilibrio en el reparto de las responsabilidades entre ambos progenitores, pensando en el menor para quien —en situaciones sanas, normales— es mejor que continúe en el contacto cotidiano con ambos. Que no sea la madre la que cargue con esa tenencia que tradicionalmente se le asigna a la madre, pero que en ella puede tener repercusiones negativas como postergar su carrera profesional; mientras el padre queda solo con la visita, con lo divertido, con las idas al parque. Y la madre es la que carga con los médicos, y los deberes, la comida, la ropa. Esto está muy alineado con lo que plantean desde organizaciones de defensa de las mujeres y de equiparación de derechos.

—¿Y con qué obstáculos se ha encontrado?

—Veo que parten con lo que me atrevo a decir son prejuicios respecto a este proyecto y que para mí resultan incomprensibles. Yo soy madre de tres mujeres ya grandes. Yo no estoy para traer una reivindicación de los padres, de revancha, no. Yo estoy para una postura de equilibrio. Entonces, me parece que algunos comentarios negativos parten de un prejuicio que realmente no me explico. Hay algunas mujeres que quizás ven como un triunfo que se les asigne toda la tarea del hogar y de atención con exclusividad en vez de que haya un reparto. Está bien, como es una innovación que se trae será tarea nuestra explicar.

—¿Hay organizaciones que ya le han hecho saber esos reparos?

—Algunas, sí.

—¿Feministas?

—Bueno…pero insisto, esta iniciativa también tiene detrás un reparto más equitativo. Entonces una se cuestiona: ¿No se quiere alivianar la tarea?

—Una de las críticas provino de la abogada Ivana Manzolido, integrante de la Red de Abogadas, que dijo que es una “locura” plantear que si no hay una sentencia de condena, el niño debe seguir en tenencia compartida.

—Yo hablaba de una situación sana, no hablaba de una patología, que también ocurre. Hay casos. Yo ejercí 30 años de abogada y vaya si tuve casos de derecho de familia. En los casos en los que hay denuncias contra el padre, la ley prevé, y esto no cambia, medidas cautelares que las va a adoptar un juez. Lo que dice el proyecto es que la mera denuncia no puede obrar de impedimento. Primero, por el principio de inocencia, hay que demostrarlo. Eso no quiere decir que el juez no adopte medidas cautelares en el ínterin, medidas de protección del menor. El proyecto también dice que mientras las visitas sean posibles de alguna manera han de propiciarse de otra forma, como, por ejemplo, que la visita del menor se haga en presencia de los abuelos en un parque.

—La Institución Nacional de Derechos Humanos también cuestionó el proyecto. ¿Le sorprendió esta salida?

—La verdad que no, no me sorprendió para nada. Hay que hacer una salvedad: el dictamen no lo acompañó la doctora Mariana Blengio, que tiene la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de la República hace años. Prefiero quedarme en que no me sorprendió.

—Siempre sobrevuela cierto temor en la izquierda de que se revisen los temas de la agenda de derechos. Lacalle Pou dijo que no lo va a tocar. ¿Cuál es su opinión sobre esto?

—La agenda de derechos. A ver, tengo un problema con el membrete, ¿no? Porque ¿con qué lo rellenamos? Si la agenda la rellenamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la suscribo totalmente. Pero a veces me meten dentro de la agenda de derechos cosas que no han sido reconocidas como un derecho humano.

—¿Por ejemplo?

—El aborto. Yo no puedo ir con el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Entiendo en temas como estos que ambas partes se posicionan sobre posturas éticas. En ese balance, prima una postura o la otra. Yo tengo un respeto por la vida humana tal como lo ha determinado la ciencia, en cuanto a que existe de la concepción; entonces, yo no puedo incluir al aborto dentro de la agenda de derechos. Ha sido arbitrariamente incluido. Por eso es que cuestiono. Creo que ha sido una imposición de la izquierda decir que esto es parte de... Es una imposición que ha traicionado el discurso con el que se llevó a aprobar esta medida legislativa. Recordemos que cuando se proponía, decían “no se legaliza, solo se despenaliza, no es derecho, es solamente...”, y después hoy se presenta como un derecho. Yo eso lo confronto desde el derecho, como jurista, desde nuestra Constitución que protege la vida, la Convención Americana de Derechos Humanas que protege la vida desde la concepción.

—¿Se toca o no se toca?

—No se va a tocar. He sido osada al plantear algunos temas, pero eso no lo traigo. No está en mi agenda. Tengo mi postura, formé parte de la comisión pro referéndum contra el aborto, pero no lo traigo en este momento, no es el momento en Uruguay para revisar esa postura. Creo que quien va a terminar salvando esta cuestión es la propia ciencia médica, que cada vez va descubriendo que los embriones cada vez más chicos son viables y descubriendo los cambios que se producen en la mujer.

—En comisión está el proyecto de penalizar a quienes violen medidas sanitarias. Dado los últimos acontecimientos, el presidente dijo que no le gustaba el proyecto y Cabildo Abierto lo quiere cambiar. ¿Será archivado?

—Yo me había opuesto al proyecto cuando se presentó. Fue en octubre del año pasado y la cosa estaba más tranquila. Luego vino esta explosión de los casos y se empezó a reclamar por parte del senador Camy, trayendo la inquietud del ministro Larrañaga, pero también de fiscalía, y lo asumimos como una medida transitoria, y acordamos derogar la medida una vez pasada la pandemia. Pero luego Cabildo Abierto propone una modificación que en lo personal no es de recibo, porque restringe la configuración del delito nada más que a la violación de las aglomeraciones. Se podría haber ido por el camino del medio, que era describir las conductas penalizables.

—¿Qué cree que va a ocurrir?

—En lo personal creo que pasó el momentum. Hay un tiempo. Si se va a reformular en comisión y luego aprobarlo y luego que vaya a Diputados. Yo no sé si no va a llegar tarde la medida, francamente.