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“Se vulneró la libertad de expresión”. Esa es la posición de los ediles del Partido de la Concertación que acusan al Frente Amplio de haber censurado a una delegación de venezolanos que visitó la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental. Es que los representantes departamentales del partido oficialista decidieron eliminar la versión taquigráfica de esa sesión de la comisión, en donde los visitantes criticaron duramente al gobierno dirigido por Nicolás Maduro.
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Los ediles del Frente Amplio hacen una lectura diferente de los hechos y sostienen que decidieron eliminar la versión taquigráfica porque fueron engañados por el Partido de la Concertación, que les vendió “gato por liebre”.
El lunes 26, la Comisión de Derechos Humanos —a instancias de su presidente, el edil de la Concertación Roberto Gossi— recibió a cuatro venezolanos. Allí, los caribeños hablaron de la regulación de la venta de comida en la vía pública, ya que algunos de los emigrantes que vienen a Montevideo quieren dedicarse a la venta de arepas, el plato tradicional de Venezuela que se hace con harina de maíz. La cantidad de venezolanos viviendo en Uruguay viene en aumento. De hecho, el próximo domingo 16 se habilitará una mesa de votación en la Ciudad Vieja para el plebiscito que se realizará en ese país caribeño.
En la comisión, además de las arepas y de otras cuestiones vinculadas a su vida en Montevideo, como la revalidación de títulos profesionales, los venezolanos dirigieron críticas al gobierno de Maduro. Al final de la reunión, por pedido de la edila Adriana Barros, el Frente Amplio, que tiene mayoría en la comisión, votó eliminar la versión taquigráfica que dejaba constancia de lo hablado.
La decisión generó polémica y fue discutida el jueves 29 de junio, en la sesión plenaria de la Junta Departamental. Ese día, Gossi propuso una moción para debatir sobre el tema, que fue votada por los ediles de la Concertación, pero los ediles del Frente Amplio votaron en contra porque entendieron que no había nada más para agregar.
En las argumentaciones sobre los votos, sin embargo, terminaron exponiendo las posturas de ambas bancadas acerca de lo sucedido.
“Este hecho, la supresión de una versión taquigráfica, implica una mutilación del acta. El acta no está entera; en consecuencia, no registra lo que se dijo, no registra un hecho histórico”, dijo Gossi, según consta en el acta de ese día.
“Los señores que vinieron hablaron del contexto de su situación, de por qué habían decidido exiliarse en Uruguay, e inevitablemente se tocó el tema de la dictadura venezolana”, dijo, y luego agregó: “No sabemos qué pasó con la versión taquigráfica. Si hay una supresión o destrucción de documento público, estamos en una situación muy, pero muy grave, incluso lindando el terreno penal”.
Sin embargo, el secretario general de la Junta Departamental, Carlos Otero, que pertenece al Frente Amplio, presentó un informe jurídico que respalda el accionar de los ediles oficialistas. Según explicó, la inclusión de las versiones taquigráficas en las actas son obligatorias en las sesiones plenarias, pero no en las comisiones. Por eso, señaló, la supresión de la taquigráfica fue “reglamentaria”.
El edil socialista Sebastián Valdés dijo que los temas planteados por los venezolanos “no se ajustaban al orden del día”, y que el motivo por el que fueron no fue explicado “claramente”. “Los recibimos porque consideramos que no podíamos negarnos, ya que todo vecino o vecina tiene derecho a dar su opinión y ser escuchado, independientemente del planteo que venga a hacer. Pero nunca sospechamos que nos estaban faltando a la verdad”, agregó el edil.
Es que más allá de que los temas que se plantearon, uno de los principales problemas para los ediles frentistas fue que dos de los cuatro representantes del país caribeño eran diputados venezolanos (Adriana Pichardo y Lawrence Castro) que estaban cumpliendo actividades en el Parlasur, y no ciudadanos venezolanos que residían en Montevideo, como ellos esperaban.
La edila frentista Graciela Villar lo planteó así: “No hay nadie más hábil que un político para meter gato por liebre. Y estamos en un evidente corral, donde dijeron que venía un gato y entró una liebre”. “Con ese cuento se permitió la laxitud de los temas a tratar”, dijo, y añadió: “Cuando alguien se va de mambo también debe parar la mano”.
Gossi, sin embargo, insistió: “Creemos que se ha vulnerado la libertad de expresión, porque se ha censurado”.
En una línea similar se expresó Gustavo Zúñiga (Concertación). “Las personas plantearon temas de su residencia acá, en Uruguay y en Montevideo; plantearon el tema de la feria, el tema de la revalidación de títulos. No fue solo una exposición política. Y si así hubiese sido, es la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué comisión más idónea para plantear un tema así que la de Derechos Humanos?”.
Finalmente, el lunes 10 se volvió a reunir la Comisión de Derechos Humanos, pero la aprobación del acta que daba cuenta de lo sucedido en la reunión con los venezolanos fue pospuesta para el siguiente encuentro.
El borrador del acta, sin embargo, no incluía ni la versión taquigráfica ni algunos documentos entregados por el grupo de venezolanos que criticaron a Maduro. “En principio, lo único a que aspiro es a que aparezca la versión taquigráfica. La pedí y me la niegan pese a que soy el presidente de la comisión”, dijo Gossi a Búsqueda.
