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    El 25% de 30 empresas inspeccionadas por la IM incumple las normas sobre vertidos de efluentes industriales

    “Hay que aumentar las multas, porque aunque las inspecciones son frecuentes, si nunca hay una consecuencia económica, las empresas no van a reaccionar”, dice el especialista Marcelo Caffera, uno de los impulsores de Ykarai, un observatorio ciudadano financiado por la OPP

    Montevideo es el departamento que concentra la mayor parte de las industrias y servicios del país. Y si bien las autoridades locales han trabajado en mejorar la gestión del saneamiento, de los residuos y en controlar el vertido de los efluentes industriales, los cursos de agua de la capital no escapan al impacto ambiental que causan esas actividades.

    Para hacer más visible las consecuencias de la industria en el ambiente, en particular de las empresas que incumplen las normas, se creó Ykarai, un observatorio de vertidos industriales de Montevideo. Se trata de un sitio web donde se presenta regularmente información actualizada sobre los resultados de las inspecciones realizadas por la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la Intendencia de Montevideo (IM).

    A través de la plataforma se divulga la clasificación de las distintas empresas de la capital, en un formato “semáforo”, según el grado de cumplimiento de la normativa en términos de efluentes industriales.

    “Es una forma de promover la transparencia en asuntos medioambientales entre los montevideanos”, dijo a Búsqueda Marcelo Caffera, doctor en economía ambiental y profesor de la Universidad de Montevideo.

    La iniciativa tiene dos objetivos. Por un lado, permitir a la ciudadanía acceder a la información, y por otro, generar un mecanismo de control que mejore los niveles de cumplimiento. La expectativa de los impulsores es que la publicidad de los datos redunde en un mejor comportamiento de las empresas. “La idea es que sirva para motivarlas a tener más cuidado en el tratamiento de sus efluentes”, afirmó Caffera.

    Actualmente, la web de Ykarai, financiada por el laboratorio de políticas públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), monitorea la gestión de 31 empresas y se prevé que el número aumente progresivamente a lo largo de 2021 hasta abarcar un total de 130 industrias de la capital a fin de año.

    Sanciones

    Hoy la IM cuenta con un equipo de inspectores que realiza controles regulares y rutinarios a unas 120 empresas. En estas inspecciones se miden ciertos parámetros y concentraciones de sustancias en los efluentes que se vierten en las aguas o colectores que terminan en el Río de la Plata, para luego evaluar si hay incumplimientos en la gestión.

    El investigador de la London School of Economics Felipe Carozzi, otro de los impulsores del proyecto, explicó a Búsqueda que es sobre esa base que funciona Ykarai, que toma esos reportes y los divulga en un formato más amigable.

    Es que hasta ahora, la información —reportada por la IM desde enero de 2019— se encontraba en la web de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic), por lo que resultaba de difícil acceso y no era clara para un usuario sin conocimientos previos.

    Caffera afirmó que Uruguay está mejor que el resto de los países de Latinoamérica en relación al monitoreo de efluentes. “Estamos muy bien, ya que las inspecciones son relativamente frecuentes, o al menos más que en otros lados. Y, en términos absolutos, la calidad de las mediciones también es buena”, agregó.

    La plataforma muestra los niveles alcanzados en ocho parámetros que siguen estándares internacionales: demanda bioquímica de oxígeno, grasas y aceites, sulfuros, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, cromo, amonio y fósforo. Y según los últimos datos publicados en el sitio web, de un total de 31 empresas monitoreadas, el 19,4% incurre en “incumplimientos graves” a la normativa, el 6,5% en incumplimientos, el 12,9% la cumplen correctamente y 61,3% alcanza un sobrecumplimiento de la reglamentación.

    Además, de aquellas empresas que incurren en faltas graves (al incumplir dos o más parámetros o uno solo con un exceso del 100% respecto al límite establecido), todas pertenecen al rubro de alimentos y bebidas.

    Según Carozzi, los resultados obtenidos hasta ahora no fueron una sorpresa, ya que estaban al tanto de que “había unos cuantos casos” que operaban fuera de la norma, según datos históricos proporcionados por la IM.

    “Hoy se detectan incumplimientos en un 25% de las inspecciones, muchas veces en más de un parámetro. Eso fue justamente lo que motivó todo el proyecto, sabíamos que había algunos problemas por resolver”, explicó.

    En tanto, Caffera dijo que si bien en las últimas décadas se ha progresado en el control de los efluentes industriales, todavía queda ese porcentaje por mejorar, algo que a su entender se relaciona directamente con el valor de las multas o los beneficios económicos derivados de no cumplir con la norma.

    “Uruguay tiene un problema estructural: con relación al ambiente, las multas por incumplimiento no guardan relación con el beneficio de violar la normativa”, afirmó. Es por eso que considera fundamental el vínculo que se establezca entre las multas y los ahorros por no invertir en procesos y en tecnologías de tratamiento.

    “Hay que aumentar las multas, porque aunque las inspecciones son frecuentes, si nunca hay una consecuencia económica, las empresas no van a reaccionar”, dijo Caffera. Incluso mencionó que,aunque las inversiones destinadas a las plantas de tratamiento permiten descontar impuestos, eso no ha sido suficiente incentivo. “Se debería pensar en poner un impuesto a la contaminación”, opinó.

    Carozzi coincidió y afirmó que hoy los incentivos que existen para algunas empresas “parecen no ser suficientes” como para que se realicen las intervenciones necesarias.

    “Se trata de inversiones caras, como una planta de tratamiento, entonces, si miramos la escala de multas disponibles hoy —la mayor es de 350 unidades reajustables—, estas no guardan una relación económica entre el tamaño de la sanción relativamente exigua y la gran inversión que se puede realizar”, sostuvo.

    Consultado acerca de cuál es el incumplimiento más habitual, Caffera explicó que eso depende de la rama industrial, aunque la plataforma no expone ese detalle. Por ejemplo, al analizar las curtiembres, el parámetro más difícil de reducir es el cromo. Pero en la industria alimenticia es la materia orgánica.

    “No hemos hecho un análisis pormenorizado, porque habría que esperar a que estén contempladas todas las empresas para ver dónde están los problemas más graves y poder hacer afirmaciones más concretas. Hoy tenemos las empresas individuales y sus comportamientos específicos”, indicó Carozzi.

    Los impulsores del proyecto manejaron la posibilidad de ampliar la plataforma al resto del país, pero por ahora esa ambición quedó en stand by. Es que para ello necesitarían el visto bueno de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, organismo que lleva adelante el monitoreo del vertido de efluentes industriales en los demás departamentos.

    De todas formas, Carozzi aseguró que, en caso de que se cuente con la información necesaria (y con la voluntad política de transparentar esa información), extender Ykarai no sería difícil desde el punto de vista técnico.

    En tanto, desde la Cámara de Industrias del Uruguay felicitaron la iniciativa, ya que según dijeron a Búsqueda, Ykarai “puede aportar a la generación de condiciones ambientales más favorables en Montevideo, así como a mejorar conductas empresariales en pro de la sostenibilidad ambiental”.