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Incluso ahora en tiempos de Covid-19, que se hacen de manera virtual, los actos de certificación o recertificación como operador económico calificado (OEC) tienen un toque ceremonial y a la vez festivo para la empresa involucrada. En ese evento, jerarcas aduaneros las validan por tres años como agentes “confiables” para realizar transacciones de comercio exterior bajo controles y trámites preferenciales que les reducen costos. La del OEC es una figura extendida a escala internacional que también crece en Uruguay: este año canalizó unos US$ 1.700 millones, el 7,6% del total de exportaciones, importaciones y tránsito de mercaderías.
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Su adopción fue parte de una reforma en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), iniciada en gobiernos del Frente Amplio, orientada a darle a esa dependencia un rol de facilitador del comercio más que de fiscalizador y recaudador. La actual administración tiene intención de “fortalecer” este programa haciéndolo más “atractivo” mediante “nuevos beneficios” para las empresas y ampliando la red de acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países, informó el Ministerio de Economía (MEF) en respuesta a un pedido de acceso a la información efectuado por Búsqueda.
La solicitud requirió: montos y volumen del comercio exterior movilizado con la intermediación de agentes certificados como OEC en los últimos años; indicadores o encuestas referidos a los resultados del programa tanto para esas empresas (“eficiencia de sus procesos y controles, ahorros, tiempos de tramitación aduanera, etc.”) como para la DNA; y cantidad de incumplimientos a la normativa aduanera cometidos por empresas certificadas. Por último, se pidió una “evaluación global del programa hasta la fecha de parte de la autoridad aduanera y planes futuros”, ya que el director de la DNA no ha accedido a ser entrevistado por Búsqueda desde que está en funciones.
Un “pedacito” de reforma
Los diagnósticos sobre la Aduana uruguaya hechos a comienzos de este siglo por organismos internacionales advertían múltiples ineficiencias, además de una realidad interna marcada por el “oscurantismo”, el comportamiento “corporativista” del personal y una actitud policíaca de algunos directores (Búsqueda N° 1.809). Los tiempos, costos y riesgo de coimas eran altos, en parte porque la tramitación y verificación de la mercadería se hacía en su mayoría de manera física; como parte de la reforma impulsada hubo cambios organizacionales y en los esquemas de incentivos al personal, se adoptó el Documento Único Aduanero electrónico y los análisis de riesgo hicieron más selectivas las cargas que son revisadas exhaustivamente.
La adopción del OEA fue una de las recomendaciones de los consultores que asesoraban al gobierno de la época para mejorar la eficiencia aduanera y la competitividad del país; la figura está prevista en el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). En 2014 Uruguay dio ese paso. “Este lanzamiento es, sin dudas, en un marco de reforma. Que a veces es muy pomposo hablar de reforma del Estado, pero estamos convencidos de que la reforma del Estado también es así, de a pedacitos, de a programas”, dijo el entonces ministro interino de Economía, Jorge Polgar, al presentar el régimen; a su lado estaban representantes de la Unión de Exportadores, del Banco Interamericano de Desarrollo —que apoyó el plan de modernización aduanera— y el secretario adjunto de la OMA.
El OEC (conocido también como OEA, por operador económico autorizado) es un agente considerado “confiable” y “seguro”, que cumple una serie de estándares, y es certificado como tal por la DNA —con vigencia por tres años, renovables— tras un proceso de auditoría de su organización, procesos, seguridad (en sus instalaciones y en las unidades de transporte de carga, en la contratación de personal, de la información, etc.), administración y estados financieros. Pueden serlo empresas exportadoras e importadoras, además de intermediarios o prestadores de servicios para el comercio exterior. Para el OEC, los beneficios son, por ejemplo, la aplicación de procedimientos simplificados, la reducción del número de controles y la prioridad en la aplicación de las medidas de contralor aduanero, lo que baja tiempos y costos, también en otros países con los que existan acuerdos de reconocimiento mutuo de la certificación como tal.
Actualmente, en Uruguay hay 67 OEC y un tercio son despachantes de aduana.
“La atención a la demanda de solicitudes de certificación (así como la realización de auditorías de mantenimiento y recertificación) ha estado pautada y determinada por las restricciones sanitarias generadas por la pandemia del Covid-19”, lo cual “justifica la baja en la cantidad” de certificaciones en 2020 (7) y 2021 (sin dato), indicó el MEF en la respuesta entregada la semana pasada.
Contemplando lo indicado por la Asesoría Letrada sobre “no proporcionar información que permita individualizar a ningún sujeto”, los datos entregados por el MEF en cuanto a comercio movilizado no discriminaron por tipo de operador. El total mostró cifras —en montos, ya que no dio información en volúmenes— crecientes en los primeros años, que se estabilizaron luego. En 2015 los OEC intermediaron US$ 423 millones, el 1,7% de todas las exportaciones, importaciones y tránsitos, una cifra que prácticamente se duplicó al año siguiente (US$ 840 millones, 3,8%) y alcanzó su máximo en 2018 (US$ 1.880 millones, si bien en porcentaje el pico fue el 7,9% de 2019).
Entre los OEC hay varias empresas exportadoras con fuerte peso en las cifras que mensualmente informa el Instituto Uruguay XXI, como la arrocera Saman, PepsiCo, Montes del Plata o UPM, e importadoras como Canarias y Dreghal. También tienen esa certificación algunas grandes transportistas (Tirapu, Carlos Patrón, Ardoino, etc.), además de agentes y terminales de carga, así como despachantes aduaneros.
“A la fecha nueve operadores no continúan con la certificación vigente, ya sea por renuncia, suspensión o no renovación”, puntualizó el MEF.
De la contestación ministerial surge que en lo que va del año (“hasta la fecha”) hubo 336 incumplimientos a la normativa aduanera por parte de los OEC que fueron “detectados y sancionados”; en 2015, el primer año de la serie proporcionada, se había registrado un máximo de 648.
Evaluación
En relación con los resultados del programa, el MEF informó que en 2020 el 94,3% de los OEC encuestados por la DNA expresó satisfacción con el “proceso de certificación”, el “equipo auditor” y dio una respuesta afirmativa a la pregunta de si la “implementación de un sistema de gestión de seguridad resultó beneficiosa” para ellos. Aseguró que el sondeo de 2021 todavía no se efectuó.
Al responder el punto en que se pidió una evaluación desde la óptica gubernamental, el ministerio señaló que la DNA se propone “fortalecer” este programa “de manera de hacerlo más atractivo para las empresas, incluyendo nuevos beneficios que despierten el interés del sector exportador”. Otro propósito es “actualizar” la figura del OEC “como herramienta de facilitación y seguridad del comercio internacional, alineándola a los estándares” internacionales basados en los “nuevos riesgos emergentes que afectan a la cadena de suministro” global.
También se prevén negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con “países que se consideren como mercados estratégicos” para Uruguay; hoy hay con Brasil, Corea del Sur, Perú, Bolivia, China, Argentina y Colombia. Ya hay negociaciones con la administración aduanera de Estados Unidos y, junto con el Mercosur, con la Alianza del Pacífico.
