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Algunos aspectos de un reciente estudio sobre la política comercial del país publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal), no cayeron bien en ciertos ámbitos del gobierno, al extremo que le pidieron al organismo que lo retiraran de su web. Eso ocurrió a fines de marzo y después de que Búsqueda resumiera el contenido de esa “nota técnica” que, entre otras afirmaciones, advierte una baja autonomía de las decisiones relacionadas con la inserción comercial del país respecto de los “grupos de interés organizados” (N° 2.116).
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Según dijeron a Búsqueda dos fuentes distintas, el pedido de las autoridades uruguayas al BID para que inhabilitaran el acceso al documento fue atendido y la “nota técnica” —titulada Institucionalidad de la política comercial externa: el caso de Uruguay— no se encuentra accesible en el sitio del organismo internacional. Estuvo publicado unos pocos días.
Desde el BID se rechazó esa versión. Una fuente del organismo aseguró a Búsqueda que, por “decisión del BID”, el documento “está ahora bajo revisión técnica porque tenía algunos errores de forma”, que no explicitó. Una vez que se subsanen, se volverá a colgar en la web en una fecha que no supo determinar.
El informante del BID admitió que no es algo frecuente que una publicación sea retirada de la web. “No debería pasar con frecuencia, pero a veces sucede que los documentos se bajan y se vuelven a subir corregidos o actualizados”, añadió.
El documento, elaborado por Ignacio Bartesaghi, Julieta Zelicovich y Magdalena Bas Vilizzio, utilizó, entre otros insumos, encuestas a funcionarios y exfuncionarios de gobierno, expertos y académicos. De las respuestas obtenidas surge que algo más de la cuarta parte (27,3%) cree que la política comercial goza de un “amplio nivel de respaldo entre la opinión pública”. Según los autores, esa política “ha ido perdiendo niveles de consenso a nivel nacional, y comienza a emerger una disputa” por su “dirección” y “de la estrategia comercial de inserción internacional”.
Al analizar capacidades y recursos de los agentes que intervienen en torno a las decisiones en materia de comercio exterior, el estudio evaluó aspectos organizacionales, técnicos, presupuestales y de orden político. Según las opiniones relevadas —entre fines de 2019 y comienzos del 2020—, “ninguno de estos ha significado una restricción para la formulación” de la política en Uruguay, “aunque las capacidades políticas son las que se ven menos fuertes en relación con el resto”. En concreto, constató una “disminución de la capacidad” de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía “para contar con apoyo para la implementación de sus acciones cuando se presentan divergencias políticas dentro del Poder Ejecutivo o entre bloques parlamentarios. Aun así, durante el período estudiado la agencia de promoción de exportaciones e inversiones, Uruguay XXI, pudo consolidar un peso político tal que le permitió formular e implementar acciones de largo plazo”.
Respecto a ese instituto de promoción de las exportaciones y la inversión, el gobierno de Luis Lacalle Pou está impulsando cambios, en particular tras la asunción de Francisco Bustillo como canciller. El ministro de Exteriores y exembajador en varios destinos, entiende que Uruguay XXI actuó con excesiva “independencia” durante los gobiernos del Frente Amplio, que tenía un presupuesto “inflado” y que su actuación no reportaba “ningún retorno” (Búsqueda N° 2.083 y 2.092).
